Profesores de la Facultad de Derecho se oponen al proceso de enjuiciamiento del Juez Schiavo

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Como suele ser lamentablemente habitual ante trágicos hechos mediáticos y que conmocionan a la opinión pública, la sociedad reclama responsables y el poder político sacrifica a algún chivo expiatorio para calmar tal sed de sangre. Los mediáticamente denominados "crímenes de Campana" parecen no ser la excepción.

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En respuesta a ello, reconocidos profesores de derecho penal y criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires expresaron su opinión con respecto al proceso de enjuiciamiento por el que se pretende destituir al Juez de Garantías de San Martín Nicolás Schiavo, a quien se pretende hacer responsable de los trágicos hechos mencionados.

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Expresamos nuestra adhesión y transcribimos el texto a continuación:

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"Los profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abajo firmantes, deploramos la decisión de abrir el procedimiento de enjuiciamiento del juez de Garantías de San martín Nicolás Schiavo, promovido por las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires atribuyéndole a su proceder vinculación con delitos perpetrados en la ciudad de Campana.

La pública conmoción ocasionada por el múltiple homicidio de los integrantes de una familia, ha sido inescrupulosamente aprovechada para descalificar indirectamente -sin dar razones valederas, ni argumentos válidos-, el obrar cotidiano de quienes, en su función como operadores jurídicos, aplican los principios constitucionales y los conocimientos que se imparten y elaboran en ésta Facultad, entre cuyos integrantes está el profesor Nicolás Schiavo.

La circunstancia de que se haya otorgado en el mes de febrero de 2007 una morigeración de la prisión preventiva (control por monitoreo electrónico) a una persona, no puede racionalmente ser considerada causa o condición de la autoría material de los homicidios mencionados, aunque hoy se le imputen a quien fuera sujeto de dicha medida.

Pedir la destitución de un juez que otorga la morigeración de la prisión preventiva prevista en la ley en un proceso menor, largamente demorado y que no concluyó ni lo hará próximamente por defectos estructurales de la administración de justicia, asociando su proba labor con un delito cruel, sólo agrega confusión y alienta la crueldad e irracionalidad que en modo alguno constribuirá a disminuir la violencia. Tampoco lo han logrado las equivocadas reformas legales introducidas durante el último lustro al Código Penal o la denegación de morigeraciones o excarcelaciones o la ejecución hasta su agotamiento de las penas privativas de la libertad que se estimula desde los otros poderes del estado, cuyo fracaso práctico ha quedado hoy en evidencia, como lo demuestra la crónica policial cotidiana.

Los abajo firmantes instamos a las autoridades competentes a desestimar por su fundamento irracional el procedimiento de remoción abierto contra el Juez de Garantías y Profesor de esta Casa de Altos Estudios Nicolás Schiavo."

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La nota cuenta con las firmas y/o adhesiones de los profesores Julio Maier, David Baigun, Alberto Bovino, Edmundo Hendler, Lucila Larrandart, Gustavo Bruzzone, Andrés D'Alessio, Daniel Pastor, Ignacio Tedesco, Gabriel Anitua, L.M.R.M. Bunge Campos, Héctor Magariños, Fernando Córdoba, Sergio Delgado, Andrés Harfuch, Gustavo Garibaldi, Leonardo Pitlevnik y Mariano Ciafardini, entre otros.

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A continuación, las imágenes de dicho texto -click para agrandar- (*):

(*) Robadas de "No Hay Derecho"

ATENCIÓN "HAY PRESOS LIBRES!!!"

Hay algo un poquito contradictorio.
El pasado domingo 2/11/08, en la tapa del diario Clarín salio un nota que está buena, lástima que con la intención de hacerlo bien alarmista, le erraron en el título.
No dejar de leer la opinion de Marcos Salt y Gustavo Palmieri.

CIFRAS DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE Y DE LOS PATRONATOS DE LIBERADOS
Son 14 mil los presos que están libres en la Capital y la Provincia
Se trata de personas que fueron detenidas por algún delito y que accedieron a distintas formas de excarcelación. Dicen que el 30% de los liberados bonaerenses vuelve a delinquir. Los especialistas afirman que falla toda la política criminal.
Por: Virginia Messi

Según cifras del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y de los patronatos de liberados, a las que tuvo acceso Clarín, más de 14 mil personas detenidas, acusadas de cometer delitos en Capital y Provincia de Buenos Aires, están en la calle beneficiadas con libertades condicionales, transitorias, salidas laborales o detenciones domiciliarias.El tema se instaló en el centro del escenario de la inseguridad a partir de resonantes casos policiales protagonizados por presos con prisión morigerada. En julio estalló la primera ola de cuestionamientos al sistema cuando Angel Fernández (un preso beneficiado con el monitoreo por pulsera electrónica pese a tener antecedentes por violación, robo y homicidio) mató al matrimonio Mansilla y a su dos hijos, de 12 y 8 años, en Campana.La cuestión se reavivó a mediados de octubre con un caso de Capital: un carnicero (Abel Rossi) fue asesinado en el barrio de Versalles al intentar evitar un asalto a una farmacia. Uno de los delincuentes -muerto luego en un tiroteo con la Policía- era un joven de 21 años, Jonathan Errecalde, que gozaba de salidas transitorias y estaba prófugo por no haber vuelto al instituto donde cumplía una condena por homicidio. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, pidió el juicio político del magistrado que le concedió el beneficio.Ambos casos pusieron bajo la lupa sobre todo a los jueces (ver Ofensiva...), pero también al servicio penitenciario y a los patronatos de liberados que "tutelan" gran parte de los presos en libertad. Las críticas incluyeron declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner y del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.El cuádruple crimen de Campana, por caso, generó la decisión del Ministerio de Justicia bonaerense de poner al Patronato de la provincia a trabajar full time en las prisiones domiciliarias con pulsera electrónica (hasta entonces bajo el control exclusivo del SPB). Esto provocó un fuerte reclamo de los trabajadores, quienes lograron mitigar la medida. Ellos se quejan de estar saturados: "Cada asistente tiene bajo su responsabilidad entre 60 y 300 casos, y no 30 como marca la ley".Según lo que aseguran en off fuentes oficiales, se calcula que al menos un 30% de los presos bonaerenses que salen en libertad condicional vuelve a delinquir."Nosotros realizamos un estudio sobre la población de las cárceles federales -que es mucho menor a los penales bonaerenses- y descubrimos que, al cabo de cinco años, seis de cada diez presos que habían sido liberados volvían a caer detenidos", explicó a Clarín Martín Gershnik, director ejecutivo de "Unidos por la Justicia", una ONG integrada por jueces, fiscales y abogados. "Hay cosas que mejorar en la Ley de Ejecución. Por ejemplo, que permite dar salidas transitorias demasiados flexibles. Pero nada se soluciona con restringir todas las libertades, subir las penas y construir cárceles. Hay que apuntar al tratamiento y seguimiento de los detenidos. Hoy, las cifras muestran que el sistema es un fracaso", agregó Gershnik.La contracara del problema de los presos liberados es el de los presos sin condena. De acuerdo a datos del propio sistema penitenciario, entre el 60% y el 80% de los presos que está en prisión no ha tenido juicio. Por lo tanto, a estos reclusos nadie, todavía, los declaró culpables. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo de mayo de 2005, ya había alertado sobre el abuso de las prisiones preventivas. Para Marcos Salt, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA, el tema carcelario "no se puede analizar ni mejorar de forma aislada. Lo que ocurre es consecuencia de una falta absoluta de programación de un plan de política criminal. Esta tiene que articular medidas de prevención, asistencia social, educación, funcionamiento de la Justicia y órganos policiales". Para él, "las medidas coyunturales no sirven. El camino es diseñar un programa integral"."En la Argentina, la tasa de encarcelamiento creció de 63 personas cada 100.000 habitantes (en el año 1992) a 156 personas cada 100.000 en la actualidad. No hace falta tener más gente en la cárcel, eso nunca resolvió los problemas de seguridad", opina Gustavo Palmieri, del CELS. Cristina Caamaño, fiscal penal y miembro del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), subraya el bajo nivel de recaída en el delito de los ex alumnos del CUD (Centro Universitario de la cárcel de Devoto) y lo señala como una senda a seguir. "Sólo el 3% vuelve a tener problemas", señaló Caamaño.La fiscal participó en la elaboración de un proyecto ley presentado en agosto en la Cámara de Diputados de la Nación, en el que se plantea estimular la educación en las cárceles beneficiando a los presos que aprendan un oficio o completen un ciclo educativo.

Una reflexión interesante!!!

El viernes 5 pasado en el segundo día de la jornada de Derecho Penal, organizada por la agrupación IURE en la Facultad de Derecho de la UBA, expusieron Andres Harfuch e Ignacio Tedesco sobre un tema bastante conocido como cuestionado: "Prisión preventiva y Excarcelación". La verdad que es muy difícil expresar con mis palabras lo buenas que estuvieron ambas exposiciones, pero hay unas palabras muy interesantes en el inicio de la charla dada por Tedesco que nos tiene que llevar a una reflexión importante: "Recuerdo que cuando yo era alumno, en esta facultad siempre se me enseño el respeto por las garantías constitucionales, los derechos humanos, la importancia de la libertad en un proceso y que su excepción era la ultima ratio. Esto mismo se lo he inculcado a mis alumnos. Ahora bien, la mayoría de los Jueces que les compete decidir sobre estas cuestiones, es decir un 80 %, son esgresados de esta facultad, es decir que sin importar la cátedra en que hayan estudiado, el discurso contra las medidas de coerción de la libertad esta siempre presente. Entonces algo pasa cuando salen de la Facu, cuando juran como magistrados, se les produce un cambio una metamorfosis. EN ALGO ESTAMOS FALLANDO!!!".

Pronunciación del CELS sobre los crímenes de Campana

05/08/2008
El CELS exigió respuestas institucionales no demagógicas ante los crímenes de Campana (*)

Autor: CELS
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Frente a los brutales homicidios de Marcelo Mansilla, Sandra Rabago y sus hijos, Agustín y Milagros, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó el esclarecimiento del hecho y la sanción de los responsables. Al mismo tiempo, el CELS sostuvo que estos casos no se solucionan ni evitan con reformas legales que busquen limitar el régimen de excarcelaciones. Los homicidios de Campana representan un episodio atroz que debería motivar una reflexión profunda y general sobre el sistema judicial y penitenciario, y no traducirse en respuestas fáciles que distraigan la atención sobre los problemas de fondo.

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Este caso revela deficiencias gravísimas de parte del Estado para hacer cumplir la ley penal y controlar la ejecución de medidas alternativas a la prisión, así como también en la articulación entre el sistema penitenciario bonaerense, la Justicia y el Poder Ejecutivo. La atrocidad de los crímenes, y el derecho de los familiares y la sociedad en su conjunto, demandan medidas institucionales adecuadas que no respondan nuevamente a la demagogia punitiva.

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En los últimos años la provincia de Buenos Aires padeció la vigencia de políticas restrictivas de la libertad que demostraron ser ineficaces para prevenir delitos y que tuvieron como resultado una situación generalizada de violaciones de derechos humanos al interior de las dependencias carcelarias. En marzo de 2000 el gobierno provincial impulsó una serie de reformas denominadas de “mano dura”, destinadas a cambiar el sistema de excarcelación. Este paquete de leyes agudizó los problemas de superpoblación carcelaria sin dar respuestas a los problemas de seguridad.

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En mayo de 2005, a través del fallo “Verbitsky”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que ese tipo de restricciones resultan inconstitucionales, y ordenó a la provincia de Buenos Aires modificar su legislación. A principios de 2007, la Legislatura provincial reformó nuevamente el Código de Procedimiento Penal y facultó a los jueces a dictar la prisión preventiva sólo cuando exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, evaluando los hechos de cada causa y respetando estándares internacionales y constitucionales.

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La experiencia debe funcionar como un llamado de atención para no reincidir en medidas que ya han demostrado su ineficacia.

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(*) Nota original publicada en: http://cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=987

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