Operación Derecho

La impunidad es hija del olvido (Eduardo Galeano)

2010-02-27T15:31:00.001-03:00

El imperio otomano se caía a pedazos y los armenios pagaron el pato. Mientras ocurría la primera guerra mundial, una carnicería programada por el gobierno acabó con la mitad de los armenios en Turquía:

casas saqueadas y quemadas,

caravanas de desnudos arrojados al camino sin agua ni nada,

mujeres violadas a la luz del día en la plaza del pueblo,

cuerpos mutilados flotando en los ríos.

Quien no murió de sed o hambre o frío, murió de cuchillo o bala. O de horca. O de humo: en el desierto de Siria, los armenios expulsados de Turquía fueron encerrados en cuevas y asfixiados con humo, en lo que fue algo así como una profecía de las cámaras de gas de la Alemania nazi.

Veinte años después, Hitler estaba programando, con sus asesores, la invasión de Polonia. Midiendo los pros y los contras de la operación, Hitler advirtió que habría protestas, algún escándalo internacional, algún griterío, pero aseguró que ese ruido no duraría mucho. Y preguntando comprobó:

- ¿Quién se acuerda de los armenios?

(Historia publicada por Eduardo Galeano en "Espejos: una historia casi universal", Ed. Siglo XXI, p. 279)

Un interesante ejemplo de autoincriminación forzada...

2009-08-26T18:33:00.012-03:00

La siguiente es una de las tantas historias maravillosas que Eduardo Galeano cuenta en el libro "Patas arriba. La escuela del mundo al revés" (Buenos Aires, Catálogos, 2008, p.49) y resulta un excelente ejemplo de autoincriminación forzada.

Probablemente, los interrogadores del pobre protagonista de ésta historia necesitaban cumplir con la "mera formalidad" de reunir pruebas que respaldaran lo que ya sabían en función de su inexpugnable olfato policial, los resultados, a la vista. En nuestro país contamos con la protección del art. 18 de la Constitución Nacional, que contempla expresamente la prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo (como derivación del principio de defensa)... aunque muchos funcionarios policiales y fiscales consideren a la garantía como un molesto obstáculo a la averiguación de la verdad.

Para la Cátedra de Derecho Penal

En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco, en Chiapas. Allí encontró a un indio tzotzil, que había degollado a su padre y había sido condenado a treinta años de prisión. Pero el diputado descubrió que el difunto padre llevaba tortillas y frijoles, cada mediodía, a su hijo encarcelado.

Aquel preso tzotzil había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, que él entendía poco o nada, y con ayuda de una buena paliza había confesado ser el autor de una cosa llamada parricidio.

1er Encuentro Internacional de Blogs Jurídicos. Mañana es el gran día...

2009-08-11T22:35:00.007-03:00

Mañana comienza el Primer Encuentro Internacional de Blawgers (o blogs jurídicos), que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.

El esperado encuentro se llevará a cabo los próximos 12, 13 y 14 de Agosto y reunirá un amplio grupo de expositores de distintos países bajo la temática general de "Cibercultura y Derecho", abarcando temas como "el derecho y las nuevas tecnologías", "la libertad de expresión", "los derechos de autor" y "la enseñanza del derecho a través de la web 2.0", entre otros aspectos jurídicos.

Felicitaciones al organizador del encuentro, Gonzalo Ramírez Clevez (de Iureamicorum), por el esfuerzo realizado para que esto sea posible.

Lamentamos profundamente no poder concurrir y deseamos el éxito que, estamos seguros, tendrá el evento...

Juicio por jurados. Iniciativa del INECIP - Parte 2/2 (Excepción de falta de jurisdicción)

2009-07-13T03:49:00.004-03:00

De acuerdo a lo adelantado en la entrada anterior, a continuación se transcribe el modelo de excepción de falta de jurisdicción elaborado por el INECIP y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados:

EXCEPCION DE FALTA DE JURISDICCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE INTEGRACION DEL TRIBUNAL DE JUICIO POR JURADOS

Sr. Presidente del Tribunal:

XX, defensor de don YY, en la causa Nº ... del Tribunal en lo Criminal Nº ... /Juzgado en lo Correccional Nº ... del Departamento Judicial de ..., con el domicilio procesal constituído en calle ... Nº ... de la Ciudad de ..., a V.S. muy respetuosamente me presento y digo:

I.- OBJETO:

Que ante la notificación de la integración del tribunal de juicio sin jurados, en abierta violación al diseño del juicio público de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional en sus arts. 1, 18, 24, 33, 75 incisos 12 y 22 y 118, venimos a presentar la correspondiente excepción de falta de jurisdicción para que el tribunal que V.S. preside se constituya con doce jurados y sus suplentes, conforme el desarrollo que efectuaremos a continuación.

El pedido es procedente ya que las disposiciones constitucionales no otorgan jurisdicción al juez profesional para dictar el veredicto. El veredicto sobre la existencia o no del hecho y sobre la culpabilidad o inocencia del acusado pertenece en forma exclusiva a la ciudadanía, que es representada en el juicio a través de los doce jurados.

Esta verdadera división de poderes hacia adentro del ejercicio mismo del poder judicial es lo que le da al juicio por jurados su indiscutible categoría de garantía constitucional (art. 24 CN).

La falta de una ley reglamentaria del juicio por jurados ha provocado que esta esfera exclusiva de poder de la ciudadanía haya sido ocupada ilegítimamente por el Estado en la persona de los jueces profesionales, que carecen de jurisdicción para realizar por sí solos el juicio y que detentan una concentración del poder punitivo incompatible con el modelo republicano de nuestra Constitución Nacional.

Son procedentes los arts. 1, 18, 45, 51, 354, 358, 376 del CPPN, declarándose que no se ha intentado otra vía procesal (CITAR LAS NORMAS PROCESALES SOBRE FALTA DE JURISDICCIÓN DE CADA CPP LOCAL. Ejemplo: en Pcia de Bs As, CPP, 1, 15, 36, 37, 336, 338 inc 3º)
II.- MOTIVACION Y FUNDAMENTO:
La excepción de falta de jurisdicción debe admitirse, además, por los siguientes argumentos:

EN PRIMER LUGAR, porque todo habitante de la República, entre los cuales se encuentra mi defendido, goza de la garantía del derecho a un debido proceso en el cual sea juzgado por sus pares y dentro de la forma republicana de gobierno que se propone ya desde el Preámbulo y se establece a partir del artículo 1º y los siguientes de la Constitución Nacional.

Ciertamente, la forma de gobierno republicana exige que en el ejercicio de los tres poderes del Estado participe el pueblo soberano tal como lo sienta como principio general el artículo 33 de la Carta Magna Nacional. En tal sentido, si bien esta exigencia se cumple en lo referente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en cuanto a que el pueblo elige a sus representantes, hasta el presente –y con la sola excepción de la Provincia de Córdoba- no ocurre lo mismo en cuanto a la administración de Justicia que lleva a cabo el Poder Judicial en casi todas las jurisdicciones de la Nación Argentina.

En este punto, destacaremos que -siendo impensable la elección por el voto popular de los magistrados de este último poder del Estado desde que ello implicaría un apartamiento grosero y grave de la exigencia de independencia con que deben juzgar los órganos jurisdiccionales- la integración de los tribunales con jurados populares resulta el único camino posible para la participación popular en la citada área de gobierno que representa, ideal pero ciertamente, el treinta y tres por ciento del poder y, en muchos casos, la última palabra político-institucional en los temas de la más alta trascendencia.

Es así como la Constitución Nacional de 1853, en tres disposiciones que subsisten a pesar de las reformas concretadas desde entonces, ha previsto la actuación de tribunales del juicio oral y público por jurados, es decir, con la intervención de miembros del pueblo a cuyo cargo estará el dictado del veredicto y de un juez profesional director de la audiencia quien tendrá a su cargo dictar una sentencia enteramente respetuosa de dicho veredicto.

Entiéndase así la exigencia del juez natural de la Constitución (art 18 CN), que siempre hemos confundido con los jueces profesionales designados antes de que el hecho ocurriese. Juez natural según la Constitución es el jurado en los términos del art 118 CN (deben ser vecinos del lugar del hecho) constituido bajo la dirección de un juez profesional que también debe revestir las mismas características.

Sólo, entonces, de ese modo se concretará la participación popular en los actos del Poder Judicial reafirmándose la forma republicana de gobierno y satisfaciéndose el mandato de los arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución Nacional.

La descentralización del poder de los órganos jurisdiccionales letrados, compartiendo la decisión en sus dos momentos (veredicto y sentencia) y poniéndolos en cabeza del pueblo al primero y del juez letrado al segundo, es directamente necesario para el paradigma constitucional de la forma republicana de gobierno. Muy por el contrario, la ausencia del jurado popular, que hoy se verifica con las funciones centralizadas de veredicto y sentencia a su cargo de jueces letrados, conlleva una ideología más propia del autoritarismo que se hace mucho más profunda cuando se repara en que, además, son magistrados que permanecen en sus cargos “mientras dura su buena conducta”, es decir, que pueden revestir en los mismos durante toda su vida.-

EN SEGUNDO LUGAR, mucho se ha discutido desde los primeros gritos patrios sobre la instauración del jurado pero hay datos –en general ignorados por quienes lo rechazan bajo el pueril argumento de que no fuera compatible con nuestra idiosincrasia- que muestran, de un modo harto elocuente, que la República Argentina se ha manifestado a su favor desde sus primeros intentos de emancipación. De este modo, es conveniente destacar distintos exponentes de la vocación juradista argentina:

1.- El Decreto del 26 de octubre de 1811 del Triunvirato sobre “jury”.

2.- El Proyecto de la Comisión Especial de 1812 –que preparaba la Asamblea General Constituyente de 1813- estableció: “… El proceso criminal se hará por jurado y será público… y los jueces en lo criminal aplicarán la ley después de que los ciudadanos hayan sido declarados culpables por sus iguales.”
3.- Proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica.
4.- Constitución de 1819 y Constitución de 1826: remarcaban el derecho y el interés de los miembros del Estado de ser juzgados por jueces plenamente libres, independientes e imparciales y establecían que el cuerpo legislativo debía preparar y poner en marcha el establecimiento del juicio por jurados en cuanto las circunstancias lo permitan…”

5.- Plan General de Organización Judicial de Buenos Aires de 1829 del Gobernador Borrego: establecía el juicio por jurados en un proyecto elaborado por el francés Bellemare.-

6.- Jurado de abigeato de Buenos Aires de 1825 del Gobernador Las Heras: estuvo restringido a dicho delito y rigió hasta la sanción del Código Rural de 1866.-

7.- La Constitución Nacional de 1853: apartándose de la opinión de Juan Bautista Alberdi y siguiendo la enfática defensa de Gorostiaga, introdujo el mandato en sus artículos 24, 67, inc 11 y 102 (este último con fundamento en el art. 117 de la Constitución Federal de Venezuela).-

La [reforma a la] Constitución Nacional de 1860 y la de 1994: ambas han mantenido total y plenamente la vigencia de los tres artículos mencionados de la Constitución de 1853, en los actuales artículos 24, 75, inc 12 y 118.-

EN TERCER LUGAR, la participación popular en la función de la administración de Justicia ha sido preocupación recurrente de parte de casi todos los gobiernos democráticos. Entre los concretos proyectos más destacados, cabe citar los siguientes:

1.- Proyecto de los senadores Oroño y Aráoz de 1870, que derivo en la sanción de la ley 483 que creó la comisión integrada por los Dres. Florentino González y Victorino de la Plaza: que elaboraron, bajo la presidente de Sarmiento, su proyecto en 1873 con fundamento en las enseñanzas de Mittermaier, el proyecto Livingston para el Estado de Luisiana (EEUU) y el Código Procesal Criminal de New York de 1850. Este proyecto se complementó con el “Código de Procedimiento en los negocios criminales que pueden conocer los jueces y tribunales nacionales” cuyo artículo 13 establecía el juicio por jurados integrado por ocho personas que daban su veredicto por unanimidad.-

2.- Proyecto de CPP para la Nación elaborado bajo la dirección de los Dres. Julio Maier y Alberto Binder de 1986 que lo introducía, aunque bajo la forma escabinada, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

3.- Proyecto de Ley de Jurados del 20 de mayo de 1998 elaborado por el Ministerio de Justicia para la jurisdicción federal durante la presidencia de Carlos Menem.

4.- Proyecto de Ley Nacional de juicio por jurados de 2004 y 2006 diseñado por la actual presidenta [Cristina Fernandez] durante la presidencia de Néstor Kirchner.

5.- Otros en todas las jurisdicciones de la Nación como, por ejemplo, los proyectos del senador Antonio Arcuri de 2001 y del senador Sigal de 2002 para la Provincia de Buenos Aires; el de Comisión ad-hoc de la Provincia de Entre Ríos creada por Decreto 1152 de 1996, integrada por los catedráticos Carlos Chiara Díaz y Jorge Vázquez Rossi y otros miembros; el de nuevo CPP de la Provincia de Chubut, de la autoría de Julio Maier de 1999, y el contemporáneo para la Provincia de Neuquén, de la autoría de Alberto Binder con participación del INECIP; el de CPP para la Provincia de Santa Fe de 2006 dentro del Plan Estratégico de reforma judicial provincial entre otros destacados a lo largo de toda la República.

La Provincia de Córdoba es la única en la que rige en la actualidad el juicio por jurados, el cual fue introducido en diciembre de 2004 y que ya lleva más de cincuenta juicios por jurados realizados, algunos de ellos de especial resonancia. Su aplicación no es sólo pacífica sino que ya está naturalmente asimilada en forma inmediata por el pueblo y forma parte de la vida común provincial.

EN CUARTO LUGAR, el juicio por jurados tiene honda tradición greco-latina, ha pasado por la mayoría de los países europeos y actualmente rige en Gran Bretaña (en 1215 se dictó su “Carta Magna”), Francia (a partir de la Constitución de 1791), España (inmediatamente de la restauración de la democracia por ley de mayo de 1995) y muchos otros países entre los cuales se hallan Alemania, Austria, Bélgica, Portugal, Grecia, Italia, Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega. También está vigente en los diversos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá y en muchos de los países latinoamericanos como Brasil, Guatemala y Venezuela cuyo artículo 117 de la Constitución Nacional ha sido inspirador de las normas de nuestra Constitución Nacional en el tema.

Finalmente, es Japón el último gran país desarrollado que comenzara con este sistema en enero de 2009.

Es un dato relevante el de que el juicio por jurados, seguramente por ser una institución que tiene especial adecuación a la democracia y el sistema republicano de gobierno, ha sido siempre suprimido inmediatamente del acceso al poder por parte de grupos autoritarios. En tal sentido, fue suprimido en la España de Franco, en la Italia de Mussolini y resulta impensable su vigencia en sistemas totalitarios de cualquier sector político al que pertenezcan: el jurado asegura la descentralización del poder y la participación popular. Con ello aleja la posibilidad de los manejos autoritarios y, especialmente, hace más posible la realidad de la actuación de tribunales independientes desde que los miembros del jurado no tienen interés alguno en complacer al poder político porque no están dentro de currículas o carreras funcionales dentro del Poder Judicial. Por el contrario, su convocatoria es sólo para ese juicio y se disuelve con el dictado del veredicto, siendo mucho más difícil influenciar sobre el número múltiple de los jurados, con edades, procedencias, sexos y extracciones sociales muy diferentes que presionar desde los otros poderes del Estado sobre un juez unipersonal o tres miembros colegiados del tribunal cuyo futuro funcional es frecuente ver en nuestros días visiblemente amenazado en relación al dictado de sentencias en contra de intereses de sectores poderosos de la política.

EN QUINTO LUGAR, es también bueno destacar que el juicio por jurados contó y cuenta –a lo largo de la historia- con el apoyo de los más destacados representantes de la política del Estado como de académicos y abogados de la valía de Joaquín V. González, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Bartolomé Mitre, Néstor Sagüés, Alfredo Mooney, Bas, Germán Bidart Campos, Manuel Ruiz Moreno y Tomás Jofré, por sólo nombrar a algunos.

Jurisprudencia de la Corte Federal:

Lugar destacado en el terreno de la lucha por la vigencia del juicio por jurados tienen sobradamente reconocido Ricardo Cavallero, Alfredo Mooney y Edmundo Hendler, entre otros, siendo de destacar un voto de fecha 22/03/2005, de este último como juez de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Sala A, en los autos “Valicenti, Abel y otros” en el cual se manifiesta por la procedencia del reclamo del recurrente en el sentido de ser juzgado en un juicio por jurados pues rescata el derecho a ser juzgado por sus pares el cual sólo podría ser obviado si el justiciable renunciara a ello o en supuestos de menor gravedad. En esa misma sentencia, hace referencia a que los fallos de la Corte Suprema de la Nación en los que convalida el juicio sin jurados tienen ya un siglo de antigüedad y que el más reciente data de 1947, por lo que afirma que esos argumentos han perdido vigencia. Se pronuncia por la revocación de la resolución impugnada, por hacer lugar a la excepción y dirigir un oficio al Alto Tribunal para que gestione ante el Poder Legislativo el dictado de las leyes necesarias al establecimiento del juicio por jurados y, en el mientras tanto, “… suspender el trámite y reservar las actuaciones hasta tanto se dicten las mencionadas leyes…”

Es importante destacar esto, a los efectos de fundamentar correctamente la eventual cuestión federal. Ya es tiempo que la CSJN se pronuncie en el marco de un nuevo caso concreto acerca del incumplimiento del mandato constitucional del juicio por jurados. Al fallo de 1947 –en épocas democráticas del país- le siguió un tiempo muy turbulento donde hubo gobiernos de facto y estado de sitio por más de 20 años. Parecía razonable que, en épocas donde el Congreso estaba cerrado, la Corte no exigiera la sanción de la ley nacional reglamentaria del juicio por jurados. Pero ahora, y sobre todo desde la recuperación democrática en 1983, ha perdido toda vigencia aquella doctrina legal de la CSJN que todavía “esperara” que el Congreso reglamentara la garantía del jurado. Y durante todo ese tiempo hubo un avance formidable del Derecho Constitucional e Internacional y de la aplicación directa de sus normas ante legislaciones secundarias inexistentes o abiertamente contradictorias.

Nada obsta hoy que un juez que quiera cumplir cabalmente con la Constitución ordene constituir un jurado de 12 miembros en aplicación directa de las normas constitucionales.

De ser objetado, esto llevaría a la CSJN a dictar un pronunciamiento muy distinto a los anteriores.

El juicio por jurados no es un instituto que pudiera válidamente discutirse puesto que, al estar establecido en la Constitución Nacional, se produce el efecto de obligar a las autoridades públicas a su inmediata instauración y puesta en funcionamiento en todas las jurisdicciones de la República. Además, como enseña el cordobés Alfredo Eduardo Mooney (“El juicio por jurados”, Ediciones Romanas, Córdoba, 1996, p. 30) el juicio por jurados es una garantía constitucional de los justiciables toda vez que concreta la descentralización del poder, expresa la representatividad del pueblo en la administración de justicia, aumenta la publicidad y la transparencia de los actos de gobierno, acrecienta el poder del pueblo estimulando su participación y compromiso con la “cosa pública”, actúa como un poderoso civilizador, acerca al pueblo a los actos de gobierno, incrementa el respeto a la ley.

Las disposiciones de la Constitución Nacional no pueden ser opinables de modo que, de acuerdo a lo que gusten o no de ellas los gobernantes de turno, pudieran ser efectivamente aplicadas o dejadas en desuso. Se trata del mandato de tres normas expresas de la misma y de todo un sistema de gobierno adoptado como base de la convivencia nacional: la República. En ella, la esencia está centrada en el principio de la soberanía popular y en la participación y control de los actos de los poderes públicos del Estado. Si no se pone en vigencia el juicio por jurados, estos principios continuarán siendo inobservados y seguiremos produciendo pronunciamientos jurisdiccionales viciados en su esencia por apartamiento de las garantías emergentes de los arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la Carta Magna nacional.
Ha llegado la hora de tomar el rumbo correcto. Ya no debe aceptarse el desconocimiento de la Constitución, por lo que exigimos el cumplimiento irrestricto del debido proceso que ella determina como garantía para todos los justiciables. En tal sentido, venimos a manifestar la FALTA DE JURISDICCIÓN de la integración del tribunal de juicio que se nos ha notificado PUES EL MISMO DEBE SER CONFORMADO POR JURADOS POPULARES Y, AL MENOS, UN JUEZ LETRADO.
Si la institución del juicio por jurados no está prevista en la ley procesal, el Excmo. Tribunal debe tomar dos caminos y sólo esos dos caminos: por una parte, pronunciarse sobre la procedencia del presente planteo de falta de jurisdicción y, conforme al sencillo proyecto de reglamentación judicial que se adjunta a la presente, llevar a cabo el juicio público con la dirección de un juez profesional y de 12 jurados sorteados del padrón electoral del departamento judicial, con sus suplentes. De este modo el juez hace aplicación directa de los artículos ya citados de la Constitución Nacional.

Por la otra, y en caso de decidir no hacer el juicio con jurados, suspender el proceso hasta tanto se dicte la ley que ponga en vigencia en la jurisdicción el juicio por jurados. A tal efecto solicito se eleve el presente caso al máximo tribunal de la jurisdicción local a fin de que gestione, ante la legislatura correspondiente, el dictado, en forma inmediata, de las leyes necesarias al establecimiento del juicio por jurados. Respetándose, de esta manera, el principio Republicano de división de poderes, pues la voluntad del Constituyente prima sobre la del legislador (art 31 CN). En este sentido el juez se encuentra habilitado para exigirle al Congreso el cumplimiento de su deber, ante la inobservancia por parte de dicho órgano, de alguna previsión constitucional. En tanto el Congreso Nacional no cumpla el cometido institucional que la constitución le ha encomendado, no existe obstáculo alguno para que las provincias instauren por propia iniciativa el funcionamiento del juicio por jurados con plena legitimidad constitucional.

Bajo ningún aspecto puede considerarse a este accionar un avasallamiento de las funciones del Poder Legislativo, toda vez que su omisión menoscabe derechos constitucionales. El Tribunal no puede permanecer indiferente ante la gravedad de esta situación, en su caso, reclamando a los otros poderes del Estado proveer la instrumentación necesaria para la vigencia del DEBIDO PROCESO EN SU INTEGRIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DEL JUICIO POR JURADOS EN TODA LA REPUBLICA ARGENTINA. Lo expuesto encuentra fundamento en los casos resueltos por el más alto Tribunal “Verbitsky” y “Mignone”.-

III.-PLANTEO DE LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL Y FEDERAL. RESERVA DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Que tal como se ha desarrollado a lo largo de la presente excepción, se encuentra menoscabado el derecho de raigambre constitucional que tiene todo ciudadano a “ser juzgado por un jurado”, pues así lo garantizó expresamente el constituyente en el art. 24: “El Congreso promoverá… el juicio por jurado”.

El jurado es indiscutiblemente una garantía constitucional del individuo frente al Estado. Lo es porque toda persona acusada tiene derecho a que, antes de que el Estado aplique sobre ella el derecho penal, se requiere “el ante juicio” de individuos –pares del acusado- que no forman parte del Estado y cuya decisión se expresa en el veredicto. La no implementación del jurado llevó a la supresión de esta garantía y a dejar al acusado sin la garantía del primer filtro ciudadano y de su permiso antes de aplicar el ius puniendi estatal.

Este, y no otro, es el sentido del art 24 de la Constitución Nacional que consagra al juicio por jurados como garantía individual de las personas.

Lo previó como una obligación del Poder legislativo en su art. 75 inc. 12 “Corresponde al Congreso… dictar las leyes que requiera el establecimiento de juicio por jurado”. Y como una atribución del Poder Judicial al establecer en el art. 118 “Todos los juicios por criminales ordinarios… se terminarán por jurados”. Asimismo se ven vulneradas las garantías del arts. 1, 18, 33 de Nuestra Constitución Nacional.

Es por ello que encontrándose en juego la interpretación de normas de jerarquía constitucional, téngase presente la expresa reserva del Caso Federal, en virtud de lo normado por el art. 14 y 15 de la Ley 48 y sus modificatorias.

IV.- REGLAMENTACIÓN

Para el caso que vese nuestra señoría haga lugar a lo peticionado y decida aplicar directamente los artículos 24, 75 inc2 y 128 de la Constitución Nacional, para que el presente juicio se realice con jurados, es que ponemos a su disposición como guía práctica el siguiente apéndice reglamentario que se ajusta, sin ningún esfuerzo, a todos los anteproyecto de leyes sobre la materia.

Conocida es la facultad que tienen los jueces para dictar los reglamentos prácticos que permitan realizar el juicio, sin alterarlo. En este caso se trata ni más ni menos que adecuar el juicio previsto en el CPP al sistema de juicio por jurados clásico.

Reglamentación judicial para la integración del jurado:

Para la conformación del jurado se deberá proceder conforme a las siguientes pautas:

1) El juicio por jurados se realizarán en la misma provincia y en el mismo lugar (departamento judicial) en que se hubiera cometido el hecho.
2) El tribunal de jurados se integrará con doce miembros titulares y seis suplentes. La conducción del debate estará a cargo del presidente del tribunal.
3) El presidente del tribunal requerirá a la Cámara Nacional Electoral, una lista de 150 ciudadanos que se elegirán al azar del padrón electoral y deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Tener entre veintiún y setenta años de edad.
b) Contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos.
c) Tener domicilio conocido
d) Tener una residencia permanente no inferior a dos años en el territorio de la jurisdicción del tribunal competente.
4) En audiencia pública con presencia de las partes, el secretario procederá a sortear a 36 personas, las cuales serán citadas por escrito. En la misma notificación se le harán saber las inhabilidades o incompatibilidades para que, el día de la audiencia de recusación manifiesten si se encuentran comprendidas en una de ellas y adjunten la prueba pertinente.
5) En la audiencia de recusación el secretario verificará los datos personales y domicilio de los jurados, el cumplimiento de los requisitos, la inexistencia de incompatibilidades e inhabilidades y los indagará sobre los inconvenientes prácticos que eventualmente pudieran tener para cumplir su función.
Asimismo, el secretario informará a los jurados sobre la naturaleza de la función que les ha sido asignada, quiénes son los sujetos interesados a los fines de la excusación y los deberes y responsabilidades que dicha función implica.
6) [Incompatibilidades e inhabilidades]:

Incompatibilidades. No podrán cumplir funciones como jurado:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación, los gobernadores y vicegobernadores de las provincias.
b) Intendentes y concejales; jefe y vicejefe de gobierno y legisladores de la ciudad de Buenos Aires.
c) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios de los Poderes Ejecutivos de la Nación, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
d) Los legisladores y funcionarios de los Poderes Legislativos de la Nación y de las provincias.
e) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
f) Los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales y provinciales, en actividad.
g) Los abogados, escribanos y procuradores matriculados.
h) Los ministros de un culto religioso.
i) Los vocales de la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación por tal causa.
b) Los imputados en causa penal contra quienes se haya dictado auto de procesamiento u otra medida equivalente que establezcan los códigos procesales.
c) Los condenados a una pena privativa de libertad, hasta después de agotada la pena y los condenados a pena de inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargos públicos, mientras no sean rehabilitados.
7) En la misma audiencia se procederá a la excusación y recusación de los restantes potenciales jurados.
8) Al ser la función de jurado una carga pública, el candidato a jurado deberá inhibirse por las mismas causales establecidas para los jueces en las normas de rito, o cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes -en segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad- hubieran recibido o recibieren, de alguno de los interesados, dádivas o beneficios de cualquier naturaleza.
9) Con posterioridad al planteo de excusaciones, en la misma audiencia, las personas seleccionadas como jurados podrán ser recusadas por las partes por no gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo o cualquier otro impedimento que pueda afectar la imparcialidad.
Si se tomara conocimiento de una causal de recusación con posterioridad al inicio del debate y hasta la emisión del veredicto, deberá plantearse inmediatamente. Acto seguido, el juez resolverá las recusaciones planteadas por las partes si las hubiere.
Asimismo la parte acusadora y la defensa, podrán cada una, recusar sin causa hasta a cuatro de ellos.
A fin de analizar la recusación sin causa de los jurados, las partes podrán interrogar a los candidatos a jurados sobre sus circunstancias personales, el conocimiento que tengan del hecho, de los imputados y de las víctimas. Los integrantes de la lista prestarán juramento de decir verdad y tendrán las mismas obligaciones que los testigos.Estos trámites se realizarán ante el secretario y constarán en actas. Depurada la lista, serán sorteados los doce jurados titulares y los seis suplentes.
Si el jurado sorteado fuera apartado se designarán sucesivamente a los restantes de la lista, según el orden del sorteo. La lista definitiva de jurados titulares y suplentes será anunciada al concluir la audiencia.
10) Luego de que los integrantes del jurado prestan juramento, se seguirán las normas de procedimiento para los juicios orales previstas en los códigos de forma.
11) Los integrantes de jurado no podrán conocer las constancias de la instrucción ni interrogar a los imputados, testigos, peritos o intérpretes.
12) El juez, una vez clausurado el debate, explicará al jurado las normas que rigen la deliberación y le informará sobre su deber de pronunciar un veredicto en sesión secreta y continua y sobre las disposiciones legales aplicables al caso, expresando su significado y alcance en forma clara.
Seguidamente, invitará a los jurados a retirarse de la sala y celebrará una audiencia con los letrados de las partes a fin de que presenten sus propuestas para la elaboración de las instrucciones. Tras ello, decidirá en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados. Sin perjuicio de la versión taquigráfica, las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones para el caso de interposición de recursos contra el fallo, en el acta que el secretario labrará al efecto. Una vez finalizada dicha audiencia, el juez hará ingresar al jurado a la sala de debate y le impartirá las instrucciones, acompañándole asimismo una copia de ellas por escrito. Inmediatamente después, el jurado pasará a deliberar en sesión secreta y continua en la que únicamente deberán estar la totalidad de sus miembros estando vedado el ingreso a cualquier otra persona, bajo pena de nulidad.
El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y cada acusado, sobre las cuestiones siguientes:
a) ¿Está probado o no el hecho en que se sustenta la acusación?
b) ¿Es culpable o no es culpable el acusado?
El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de nueve votos.
El veredicto de no culpabilidad sólo requerirá el voto favorable al menos de siete de los miembros del jurado.
En caso de no alcanzarse ninguna de las mayorías mencionadas, se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces y de mantenerse la situación, se absolverá al acusado. La sesión terminará cuando se obtenga un veredicto.
13) Cuando se haya logrado el veredicto, el jurado será convocado de inmediato a la sala de la audiencia, a fin de que su presidente dé lectura a lo resuelto. De acuerdo al veredicto, se declarará en nombre del pueblo, culpable o no culpable al o a los imputados. Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los jurados.
14) Si el veredicto fuere de culpabilidad, inmediatamente después o de no ser posible, en un plazo de tres días, el juez escuchará a las partes, quienes podrán ofrecer prueba, con relación a los criterios, atenuantes y agravantes aplicables a efectos de la determinación de la pena y de su monto, y luego procederá fundadamente a individualizar la pena.
Si el veredicto fuere de no culpabilidad, será vinculante para el juez.
15) La sentencia se ajustará a las reglas de las normas procesales de la jurisdicción correspondiente, pero deberá contener en lugar de los fundamentos de la decisión sobre los hechos probados y la culpabilidad del imputado, la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso y del veredicto del jurado.

V.- PETITORIO:

Por todo lo expuesto, a V.S. pido:

1º.- Tenga por deducida la EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN por irregularidad en la integración del tribunal de juicio por la ausencia del jurado en el mismo. Arts. 1º, 24, 75 inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional; artículos del CPP (…)

2º.- Haga lugar a la misma y sírvase disponer LA CONFORMACIÓN DE UN JURADO para la resolución del presente caso y, en su defecto, la SUSPENSIÓN del proceso hasta tanto se dicte la ley que ponga en vigencia en la jurisdicción y en relación al presente caso concreto el juicio por jurados.

3º.- Tenga presente la formal reserva de casación (CUANDO CORRESPONDA). Planteada la cuestión federal téngase presente la reserva de recurso extraordinario ante la CSJN del punto III.

Provea V.S. de conformidad, que
SERÁ JUSTICIA

Juicio por jurados. Iniciativa del INECIP - Parte 1/2

2009-07-13T03:42:00.005-03:00

El INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociale s y Pen ales) y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados han decidido emprender una nueva iniciativa para instaurar el juicio por jurados en Argentina. A raíz de ello, se encuentra coordinando la presentación de sendas excepciones de falta de jurisdicción, en las 23 provincias del país, en el Estado Federal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de reclamar en cada caso concreto que el juicio público se efectúe bajo la dirección de un juez profesional y 12 jurados legos de acuerdo al modelo de jurado clásico anglosajón.

La invitación para participar de tal iniciativa puede verse en el Foro de Juicio por Jurados del INECIP.

A continuación podrán leer un informe sobre esta iniciativa, y luego (en la siguiente entrada) el modelo de excepción de falta de jurisdicción elaborado por dicho organismo.

UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA INSTAURAR EL JUICIO POR JURADOS EN ARGENTINA

El juicio por jurados es un mecanismo por el cual se ejerce el poder judicial a través de la participación activa de los ciudadanos que, presentes durante todo el juicio, deliberan y deciden sobre la resolución de un caso concreto. En materia penal la función del jurado es verificar si existió un hecho delictivo y en su caso, la eventual participación de la persona acusada.

El INECIP, fiel a su tradición reformista y juradista para toda América Latina, ha decidido emprender una línea de acción muy concreta para lograr la definitiva instauración del juicio por jurados en la Argentina.

Ante la omisión del cumplimiento del mandato constitucional por parte del Poder Legislativo, el INECIP ha convocado a gran cantidad de personas dispuestas a colaborar con el sueño de hacer cumplir la Constitución Nacional e instaurar el juicio por jurados. En relación a esto, la iniciativa que se ha propuesto el instituto estuvo dirigida a presentar, durante el mes de marzo de 2009, simultáneamente en las 23 provincias del país, en el Estado Federal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires excepciones de falta de jurisdicción con el objeto de reclamar en cada caso concreto que el juicio público se efectúe bajo la dirección de un juez profesional y 12 jurados legos de acuerdo al modelo de jurado clásico anglosajón.

Hasta el momento se han presentado excepciones en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Río Negro, Chubut, Catamarca, La Rioja, Tucumán y La Pampa. En algunas de ellas el pedido se efectuó en más de un caso, sumando un total de 13 causas judiciales, correspondiendo a los delitos de homicidio, abuso sexual, hurto, lesiones, encubrimiento, injurias, entre otros.

En el resto de las provincias la excepción se irá presentando en la medida en que se identifiquen causas en el estado procesal oportuno, cual es el momento de la notificación de la composición del tribunal de juicio.

Al tratarse de un movimiento nacional, gran cantidad de personas de todas las provincias se han unido a esta iniciativa con entusiasmo, brindando todo tipo de colaboración. Defensores oficiales y particulares convencidos de la importancia del instituto del jurado han trabajado arduamente en la identificación de causas, que cuenten con acuerdo del imputado y se encuentren en la etapa preliminar del debate. No obstante el principal escollo con el que se han topado fue la gran cantidad de juicios abreviados y probation, tan comunes en la actual práctica judicial.

Esta acción se ha realizado otras veces, pero en forma aislada e inconexa, sin alcanzar resultados favorables. De allí esta nueva modalidad colectiva y simultánea, a la que se agregará otra medida, ante el eventual rechazo de estos planteos, que consistirá en llevar los casos a las cortes superiores de cada provincia y, finalmente, a la Corte Federal, en donde el INECIP y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados se presentarán como “amicus curiae”.

Hoy en día, cuando se acusa a la justicia de ser lenta, corrupta e injusta en sus decisiones, el jurado es el único espacio de participación y opinión por parte de los ciudadanos. Contribuye a debilitar la gran burocracia y el corporativismo del poder judicial, haciendo los procedimientos más rápidos y sencillos.Informe elaborado por las integrantes del grupo de juicio por jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Vanina Almeida, Denise Bakrokar, Mariana Bilinski y Gimena Lopez.

-Ver el modelo de "Excepción de falta de jurisdicción" en la siguiente entrada-

Construcción de la realidad...

2009-07-11T16:07:00.001-03:00

Premios "Petiso Orejudo" en la finalización del curso "Garantías contitucionales... 2009"

2009-07-05T17:11:00.007-03:00

Con el examen final del pasado Viernes 3 de Julio se dio por finalizado el curso de "Garantías constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y del Derecho Procesal Penal" de este año.

Ya habíamos comentado en otra oportunidad que los estudiantes se habían lanzado, con gran creatividad y calidad de contenidos, a subir posts en el blog de la materia. La participación de los estudiantes nos hizo sentir muy orgullosos, y nos entusiasmó muchísimo poder comprobar las grandiosas virtudes del blog como herramienta de enseñanza; los posteos y comentarios generaron un permantente y fluido intercambio de opiniones, motivando la discusión, y creo que no me equivoco al afirmar que ello alentó también a la participación en clase.

En base a los aportes de los estudiantes, y a iniciativa de Alberto Bovino, en la amena cena posterior al examen se hizo entrega de los premios "Petiso Orejudo" (de plata y de oro) para las entradas ganadoras en diferentes categorías...

PETISO OREJUDO DE PLATA

PETISO OREJUDO DE ORO

Ver los premios entregados en la siguiente entrada de No Hay Derecho:

Blogs y cursos de la universidad

Debate Bovino-Bruzzone sobre Juicio Abreviado. Finalmente "El Video"

2009-06-26T00:34:00.007-03:00

Tal como habíamos adelantado, el Jueves 28 de Mayo pasado, docentes y estudiantes de la materia "Garantías constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y del Derecho Procesal Penal", en el marco de la clase sobre "Juicio abreviado", tuvimos el privilegio de presenciar un debate entre los profesores Alberto Bovino y Gustavo Bruzzone (invitado estrella), quienes mantienen posturas diferentes sobre el tema.

Cumplimos con lo prometido en este trailer, y a continuación compartimos el debate completo.

Por si encuentran alguna desprolijidad de filmación, aclaro que el camarógrafo (o sea, el suscripto) es amateur... y por otro lado, manifiesto lo difícil que resulta estar con una cámara en mano (sin trípode) durante una hora y media...

PARTE 1:

PARTE 2:

PARTE 3:

PARTE 4.a:

PARTE 4.b:

PARTE 5:

PARTE 6:

PARTE 7:

PARTE 8:

PARTE 9:

También pueden ver las fotos de la cena posterior ACÁ

Un escrito particular...

2009-06-25T23:49:00.004-03:00

Cosas que pueden encontrarse en un expediente judicial...

(click en la imagen para verla mas grande)

Debate Bovino-Bruzzone sobre Juicio Abreviado (Trailer)

2009-06-09T22:44:00.004-03:00

Tal como se había adelantado ACÁ, el Jueves 28 de Mayo pasado, docentes y estudiantes de la materia "Garantías constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y del Derecho Procesal Penal", en el marco de la clase sobre "Juicio abreviado", tuvimos el privilegio de presenciar un debate entre los profesores Alberto Bovino y Gustavo Bruzzone (invitado estrella), quienes mantienen posturas diferentes sobre el tema.

Había prometido ir subiendo algún que otro video sobre tal clase, que fue más que interesante (y afortunadamente íntegramente filmada), así que adelanto una especie de trailer, realizado para el blog de la materia:

Próximamente... en los mejores blogs...

El mismo video puede verse acá (Garantías 2009) y acá (No Hay Derecho)

Los sospechosos de siempre

2009-06-06T14:55:00.009-03:00

Los alumnos de "Garantías Constitucionales..." se lanzaron a subir posts jurídicos sobre el tema "juicio abreviado" en el blog de la materia (ver ACÁ). Una simple muestra de su creatividad y humor:

Edgardo Salatino (Kevin Pollak), Esteban Chervin (Stephen Baldwin),

Alberto Bovino (Benicio del Toro), Gabriel Byrne agarrándose la cabeza y Cristian Penna (Kevin Spacey)

LOS SOSPECHOSOS DE SIEMPRE

Debate Bovino-Bruzzone sobre "juicio abreviado"

2009-05-30T18:28:00.009-03:00

El Jueves pasado, 28 de Mayo, docentes y alumnos de la materia "Garantías constitucionales..." (Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires), a cargo de Alberto Bovino, y otros invitados de lujo como Mariano Bertelotti, tuvimos el privilegio de disfrutar de un debate fuera de lo común entre dos extraordinarios maestros: Alberto Bovino y Gustavo Bruzzone.

Alberto Bovino y Gustavo Bruzzone

Dicho debate se produjo en el marco de la clase referente a "Juicio abreviado", tema respecto del que los "contrincantes" mantienen posiciones opuestas (aunque a veces no tanto). Fue realmente muy interesante, enriquecedor y divertido escuchar debatir a semejantes íconos de la enseñanza del derecho. Agradecemos enormemente a "el Negro" Bruzzone por haber aceptado con tanta buena onda la invitación.

Luego de la clase una parte del equipo de docentes hemos ido a comer pizza y tomar alguna cerveza con nuestro invitado estrella; a continuación las fotos de la cena "post-debate":

Cristian Penna, Gustavo Bruzzone, Esteban Chervin, Juan Pablo Chirinos,

Maxi Medina, Alberto Bovino y Juan Pablo "El Vasquito" Iriarte

Los mismos (sin Maxi y en distinto orden)

Más adelante subiremos algún que otro video...

Cinco excusas para denegar la libertad...

2009-05-25T13:18:00.008-03:00

La sociedad, bombardeada por el mal discurso periodístico y político, reclama mano dura y denegación de excarcelaciones (nótese que "excarcelación" desde el punto de vista de tales actores suele ser cualquier otorgamiento de libertad a alguien que haya estado preso, incluso, en algunas ocasiones, a quien haya agotado pena...)

Sin embargo, las normas referentes a la ejecución penal suelen otorgar diversos derechos a quienes se encuentran cumpliendo una condena, diversas posibilidades para recuperar su libertad (o parte de ella) en forma anticipada; se trata, en definitiva, de herramientas tendientes a hacer posible el derecho a la reinserción social consagrado por nuestra Constitución Nacional para quienes sufren una pena privativa de la libertad. Así, se reconoce la posibilidad de otorgamiento, una vez que se ha cumplido determinado requisito temporal, de la libertad condicional (art. 13 CP), de salidas transitorias (art. 17 Ley 24.660), y en el caso de la Pcia. de Buenos Aires, de la libertad asistida (art. 104 Ley 12.256).

El problema principal es que muchos de nuestros jueces resultan ser altamente permeables a los reclamos sociales mencionados al comienzo de esta entrada, de modo que ante la solicitud de otorgamiento de alguno de los derechos mencionados sacan a relucir su capacidad creativa, siempre con el único objetivo de denegar lo solicitado...

En función de lo expuesto, y debido a que no dejan de sorprender los "razonamientos" elaborados por los jueces para pretender fundar las denegaciones mencionadas, hemos recopilado cinco de ellos a modo de "top five":

1) "...no puede pasarse por alto que ha experimentado durante su adolescencia el consumo de sustancias estupefacientes..." (cabe aclarar que ello fue dicho en referencia a una persona que superaba los 50 años de edad)

2) "...los antecedentes delictivos tanto de la progenitora del Sr. ... como de uno de sus hermanos..."

3) "...si bien el nombrado manifiesta arrepentimiento con respecto a los hechos que originaron su actual privación de la libertad, no demuestra haber adoptado un proceso autocrítico y reflexivo suficiente..."

4) "...debe valorarse una falta de acatamiento de los reglamentos carcelarios, dado que cuenta con una sanción disciplinaria..." (cabe aclarar que la sanción disciplinaria mencionada contaba con más de dos años de antigüedad y había sido impuesta por "dirigirse de modo inapropiado al personal del penal")

5) "...debe adunarse una tendencia adictiva irresuelta que a la luz de las posibilidades existentes en el afuera podrían ocasionar una adicción permanente y ello lo haga caer en nuevas conductas delictivas..." (como se ve, también se practica futurología)

Robo con arma impropia (o robo con arma que no es arma) y una interpretación analógica in malam partem

2009-05-10T11:28:00.014-03:00

Por Cristian Penna

Se aplicará reclusión o prisión de CINCO a QUINCE años:
(…)
2. Si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y en banda.
Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo.
Si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de TRES a DIEZ años de reclusión o prisión.
(Artículo 166 inciso 2 del Código Penal de la Nación Argentina)

1) Introducción

Gran parte de la doctrina y jurisprudencia tradicionales considera que si un robo se comete mediante la utilización de un objeto contundente con capacidad (aunque sea ocasional) de producir un daño, la calificación legal correspondiente sería la de “robo con arma impropia” entendiendo que dicha figura resulta comprendida dentro de las previsiones del artículo 166 inciso 2 párrafo 1 del Código Penal que contempla expresamente al “robo con arma”. Como puede advertirse, ello parte de una construcción (meramente doctrinal) según la que las "armas" pueden clasificarse en "propias" e "impropias".

Así, por ejemplo, sostiene Nuñez que “es un arma tanto el objeto destinado para la ofensa y defensa, como el que, eventualmente, por su poder vulnerante, puede utilizarse para esos fines” (Nuñez, Ricardo C., “Manual de Derecho Penal. Parte especial”, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1988)

Sin embargo, tal como sostiene una parte minoritaria de la doctrina y la jurisprudencia nacionales, dicho criterio no parecería ser del todo atinado.

En efecto, resulta conveniente adelantar que cuando se adopta tal calificación (es decir, “robo con arma”) en supuestos como los mencionados, se efectúa una interpretación extensiva in malam partem de las previsiones del art. 166 inc. 2 párrafo 1 CP, que vulnera al principio de legalidad contemplado en los arts. 18 CN, 9 CADH y 15 PIDCP (en función del art. 75 inc. 22 CN).

Ello por cuanto nuestro ordenamiento jurídico no contempla el delito de “robo calificado por el uso de arma impropia”.

Pese a ello (o justamente por ello), ante la ausencia de prescripción legal expresa, para fundar la calificación examinada la doctrina y jurisprudencia tradicionales sostienen:
1) que cualquier elemento con capacidad para ser utilizado en forma ofensiva (como por ejemplo, una botella) debería ser reputado como “arma impropia”, y
2) que la construcción “arma impropia” debería ser abarcada por el término “arma” a los fines de agravar un robo, encuadrándolo dentro de las previsiones correspondientes al “robo con arma”.

A esta altura, considero pertinente, a los efectos de indagar sobre la validez de tal razonamiento, analizar qué es “arma” (y por contraposición, qué no lo es) y qué es “arma impropia” y luego, a los efectos de indagar sobre la validez del encuadramiento de dicha construcción doctrinal dentro de la calificación analizada, repasar los límites que impone el principio de legalidad material, para determinar los alcances de la tolerancia constitucional de una interpretación por analogía.
2) Qué es “arma” y qué es “arma impropia”:

Para responder al interrogante “¿qué es arma?” como término utilizado en una norma penal, entiendo que sólo resultaría válido inclinarse por una concepción ontológico-semántica del concepto, de modo que esa “concepción ontológico-semántica” resulte indicativa de cuál debería ser la “concepción jurídica” válida.

El diccionario de la Real Academia Española define “arma” como aquel “instrumento, medio o máquina destinado a atacar o a defenderse”; sin embargo, la sola alusión al “destino” con que algo pudiera eventualmente emplearse no nos dice demasiado, extendiendo los alcances del término a la casi totalidad de los elementos existentes, lo que sería constitucionalmente intolerable, como ya se ha adelantado. Frente a ello, el juez debería efectuar una interpretación restrictiva del término, ya que en caso contrario la norma no reuniría los requisitos constitucionales necesarios para ser válida (por carecer de la precisión exigida al legislador).

Atento a lo expuesto, entiendo que como condición de validez de la misma debe entenderse que tal “destino” debería ser una propiedad intrínseca o trascendental de la cosa y no meramente accidental o probable, es decir, que la razón de la existencia misma de la cosa, su propósito principal, debería ser cumplir con tal “destino” (obviamente, me refiero al ataque o la defensa); esto delimita, si bien tal vez no con absoluta claridad, sí con mucha mas precisión los alcances del término (una piedra, por ej., quedaría claramente afuera, también una lapicera, Etc.).

De ello podremos deducir que cualquier otro elemento empleado para intimidar o incluso ejercer violencia y que no haya sido concebido para ser “destinado” con propósitos de ataque o de defensa no se ajusta a esta definición de “arma” y por consiguiente la excede (del mismo modo que la excede un elemento que no puede cumplir con tal destino en función de carecer de aptitud para ello, cuestión sobre la que podría efectuarse un análisis similar).

Entonces podríamos decir, en función de lo hasta aquí expuesto, que para que un objeto pueda ser ontológica y jurídicamente reputado como "arma" debería haber sido concebido para tener como destino el ataque o la defensa (además de poseer aptitud actual para conseguir tal destino).

De este modo puede arribarse a un concepto inequívoco (o al menos mucho más preciso) de lo que jurídicamente puede entenderse por "arma", excluyendo de su concepto a objetos que no podrían ser reputados como tal, y que al ser asimilados amplían en forma desmedida e indebida los ámbitos de punibilidad de la ley penal.

En efecto, considerar que cualquier objeto puede reputarse como "arma", por la sola circunstancia de su capacidad para producir una lesión o un daño, resulta irrazonable al punto de poder abarcar con dicho término a "artefactos de la más diversa y variada índole" pese a que nadie podría inferir que se trata de tal elemento, "forzando para ello los límites semánticos de la palabra" (voto en disidencia de Mario Juliano en causa "M. Juan Manuel s/robo agravado", Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Necochea, 12/08/05). Ridículamente, según tal postura podría considerarse como "arma" a una piedra, a un palo e incluso a un anillo en un puño (en función de su “poder vulnerante”).

Ergo, lógica y semánticamente, no puede entenderse que "arma" es cualquier objeto que cuente con capacidad de producir un daño, sino que tiene que haber sido concebido para cumplir tal destino (y su aptitud como tal persistir al momento de su utilización).

Sólo de este modo se vería respetado el principio de legalidad penal que exige la máxima precisión al momento de enunciar los elementos normativos que integran los tipos penales, de tal modo que las personas alcanzadas por sus consecuencias hayan tenido la posibilidad de conocer con anterioridad y exactitud cuáles son las conductas prohibidas por la ley y de qué manera las mismas son reprimidas.

Y aún, más allá de los alcances que le asignemos a la palabra “arma”, restaría analizar el significado del término “impropio” para entender qué es “arma impropia”. Así, veremos que de acuerdo a la definición que del término proporciona el Diccionario de la Real Academia Española "impropio" es aquello "falto de las cualidades convenientes según las circunstancias" o “ajeno a una persona, cosa o circunstancia, o extraño a ellas”, es decir, “algo que no reúne las cualidades para ser” o “algo que no es” una determinada cosa. Nótese que, por lo tanto, las posturas extensivas del término, al agregar el adjetivo “impropia”, estarían reconociendo que en realidad no se trataría de un “arma” en el sentido que cualquier persona en su sano juicio le atribuiría al término (o según la concepción ontológica de la palabra).

Podemos advertir así que la construcción “arma impropia” no es más que un sofisma lógico, a tal punto absurdo que desconoce que se trataría de un “arma que no es arma (o que no reúne las cualidades necesarias para serlo)”. Es decir que la propia construcción "arma impropia" conlleva explícitamente en su significado semántico la imposibilidad de su encuadramiento jurídico como "arma".

Teniendo en cuenta lo desarrollado anteriormente, llegamos a la inevitable conclusión de que debe quitarse toda validez a la categoría "arma impropia", que no es más que la creación pretoriana de un sofisma lógico que desconoce el principio de legalidad material.

3) Cuáles son los márgenes que impone el principio de legalidad penal:

Para abordar este punto, comenzaré refiriendo que actualmente el principio de legalidad se encuentra consagrado en el art. 18 CN que establece que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso...”, y tiene su correlativo en la norma de clausura establecida en el art. 19 CN última parte que establece que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe” (Bigliani-Constanzo, “El olvido de la legalidad. Un análisis del principio de legalidad a través de la ‘inflación penal’ y sus consecuencias”, en “Las garantías penales y procesales”, Hendler, Edmundo [comp.], Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2004).

Del principio de legalidad derivan cuatro prohibiciones, a saber: la prohibición de retroactividad con excepción de la ley penal más benigna (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia), la prohibición de leyes penales indeterminadas o imprecisas (nullum crimen, nulla poena sine lege certa), la prohibición del derecho consuetudinario para fundamentar o agravar la pena y para crear nuevos delitos (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta), y en lo atinente al tema que venimos analizando, la prohibición de analogía in malam partem (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta), dirigiéndose las dos primeras al legislador y las dos siguientes al juez.
A modo de resumen, y resaltando exclusivamente lo que aquí interesa, el principio de legalidad penal, consagrado en el art. 18 CN (y en los arts. 9 CADH y 15 PIDCP), prohíbe que los jueces efectúen una interpretación analógica in malam partem de las normas penales, debiendo atenerse estrictamente a lo que ellas prescriben.

Así, habiendo definido anteriormente qué puede ser válidamente considerado como “arma / arma impropia” y aclarados aquí los límites impuestos a los jueces por la Constitución Nacional a través del principio de legalidad material, resulta ya posible examinar la validez constitucional de la construcción “robo con arma impropia” y de su encuadramiento como “robo con arma” dentro del artículo 166 inciso 2 párrafo 1 del Código Penal.

4) Conclusión

En función de ello, puede concluirse que la definición de “arma” como “cualquier instrumento o elemento que aumente el poder ofensivo del autor” y la construcción misma de “arma impropia” (es decir, "arma que no es arma o que no reúne las cualidades necesarias para serlo") para incluir en tal definición los instrumentos que, o bien originariamente no están diseñados para ser empleados como tal, o bien no cuentan con la aptitud necesaria para su uso, constituye una clara interpretación analógica in malam partem, que lesiona al principio de estricta legalidad que rige en el derecho penal.

De haber querido el legislador extender dicho concepto debería haber mencionado el término "arma" y agregado luego algo así como “o cualquier otro elemento empleado para aumentar la capacidad lesiva” (dejando de lado aquí cualquier análisis sobre la validez legal, por vaguedad, de tal construcción).

Un standard del cual el principio de legalidad no puede descender es el de la prohibición de analogía penal in malam partem. De seguirse tal criterio podría pensarse que todas las expresiones denominadas en los tipos penales podrían tener un referente “impropio”, con las ridículas consecuencias que esa extensión a los “referentes impropios” acarrearía dentro del derecho penal.

Podría decirse, incluso, que el legislador nacional (en procura de respetar la línea de razonamiento explicada y previendo la imposibilidad de interpretación analógica in malam partem) ha contemplado expresamente aquellos supuestos sobre los que existía un interés especial de sanción penal. Así ha asignado expresamente tipicidad a los siguientes supuestos (art. 166 inc. 2 CP):

párrafo 1: “robo con arma” (con los alcances analizados de la palabra “arma”, y comprendiendo a las que no fueran de fuego),
párrafo 2: “robo con arma de fuego”,
párrafo 3 supuesto 1: “robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada”, y
párrafo 3 supuesto 2: “robo con arma de utilería” (no tratándose aquí de un “arma” sino simplemente un objeto que simula serlo, pero que ha sido expresamente contemplado por el legislador, a diferencia del “arma impropia”, carente de toda contemplación legal).

Nótese que a la luz de las interpretaciones extensivas del témino, no habría sido necesaria la regulación expresa del “robo con arma de utilería” (elemento con eventual poder vulnerante, como cualquier otro objeto). Por otro lado, considerando que el “robo con arma de utilería” tiene una escala penal considerablemente inferior al “robo con arma”, tales posturas desconocen el principio de proporcionalidad mínima que debe regir todo el ordenamiento penal, al atribuir, ridículamente, mayor disvalor al robo efectuado mediante la utilización de un objeto cualquiera (como por ejemplo, un bastón), que al robo perpetrado mediante la utilización de un arma de utilería.

Finalmente debe resaltarse, pese a ser evidente, que en función de las consideraciones desarrolladas, y no existiendo otra previsión legal expresa, el encuadramiento legal estrictamente correspondiente al supuesto que venimos analizando sería el de robo simple (art. 164 CP). Cabe agregar que tal calificación sería también la aplicable al supuesto de robo con arma inapta (siguiendo con la observación estricta del principio de legalidad penal); no así al caso de robo con arma de utilería que posee expresa contemplación legal (art. 166 párrafo 3 supuesto 2 CP)

Esta entrada ha sido publicada nuevamente ACÁ, donde ha sido enriquecida por los comentaristas...

Sobre la importancia de la discusión...

2009-04-26T00:33:00.041-03:00

Por CP

“Una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo es una velada perdida”

(Albert Einstein)

Suele ser habitual escuchar a alguien decir algo así como que "en reuniones sociales no se habla ni de política ni de religión"... yo al menos lo escucho bastante seguido (será tal vez que me lo dicen porque suelo ser proclive al debate, a la discusión de ideas... tal vez porque opino sobre cuestiones que incomodan... o tal vez porque digo pelotudeces)

Suele ser habitual también escuchar decir, en un tono que pareciera ser un tanto despectivo, que alguien "es un idealista"... al menos a mí me lo han dicho unas cuantas veces (¿será tal vez porque efectivamente tengo ideales?... porque de ser así, se agradece el cumplido)

El problema es que, temo, ello se debe a que nuestras sociedades han perdido dos cosas fundamentales (tal vez muchas, pero en lo que aquí respecta...): la ideología y la discusión; obviamente me refiero a discusiones dotadas de cierto contenido ideológico y de cierta profundidad de razonamiento, y no a discusiones en torno al partido del domingo o a quién contestó con mayor dureza en una trifulca suscitada en "Bailando por un sueño" (que sólo son las que lamentablemente ocupan el espacio de debate dejado por las primeras).

En efecto, cada vez se discute menos, y las precarias y superficiales discusiones que aún se escuchan carecen de profundidad de reflexión; podría decirse que vivimos en una época con una alarmante carencia de ideología y con un alarmante rechazo a la discusión, una época banal que es producto de un gran "vaciamiento ideológico"...

Desde luego, entiendo que la ideología es algo positivo... algo deseable y hasta vital para cualquier sociedad. Y lo mismo podría decirse de la discusión. Es que ambas (ideología y discusión) se complementan de un modo tal que cada una de ellas sin la otra carece de toda la trascendencia que juntas tienen para una sociedad. La ideología vendría a ser, a mi entender, la "energía" que enciende y mantiene en marcha al "motor" de la discusión, y a su vez ese "motor -discusión-" es el que permite que se genere más de esa "energía -ideología-" (y viceversa)... ese es el círculo virtuoso que se genera cuando se discuten ideas, y que a menudo se ve interrumpido por vaciamientos ideológicos y/o discusiones silenciadas...

Podría decirse que la dinámica de retroalimentación "ideología-discusión-ideología" es el motor que mantiene en movimiento a la sociedad rumbo a su progreso, a su perfeccionamiento, a su acercamiento a la "utopía".

["Ella está en el horizonte -dice Fernando Birri-. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para que sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar" -Eduardo Galeano-]

De ser esto así ¿cómo llegó nuestra sociedad a tratar a estas dos virtudes en forma despectiva, al punto de instalar un auténtico tabú en torno a ellas?. Muchas hipótesis se mezclan en mi cabeza, pero no puedo (o no me animo) a arriesgar una respuesta definitiva.

Pero, amén de ello ¿qué podríamos esperar de una sociedad como la descrita, en la que no está bien visto pensar y tener ideales y en la que quien se anima a hacerlo es silenciado porque también está mal visto debatir?

Seguramente, en tal sociedad la palabra sería monopolio de unos pocos "opinólogos", manipuladores de información y de opiniones, que repaldados por los medios masivos de comunicación lograrían fácilmente que las masas piensen (sin capacidad crítica alguna) lo que se pretende que piensen. Tal sociedad se vería privada de las virtudes del debate y de las ideas, de la contrastación de hipótesis y de opiniones, y por lo tanto impedida de refutar lo que le es transmitido y de indagar respecto de lo que le es ocultado...

Para cerrar esta desordenada defensa de la discusión y de las ideas, me pareció interesante reproducir un fragmento de un discurso de John F. Kennedy, pronunciado ante la American Newspaper Publisher Association el 27 Abril de 1961 en el Waldorf Astoria:

"Sin debate, sin crítica, ninguna administración y ningún país puede sobrevivir. Es por eso que el legislador ateniense Solón decretó que un ciudadano que escapaba de las controversias cometía un crimen. Y es por eso que la prensa fue protegida aquí por la Primera Enmienda de la Constitución. Es el único negocio protegido constitucionalmente. Y no lo está principalmente para divertir y entretener. No lo está para enfatizar lo trivial y lo sentimental. No está protegida para 'dar al público simplemente lo que este quiere', sino para informar, para enardecer, para hacer reflejar, para mostrar nuestros peligros y nuestras oportunidades, para indicar nuestras crisis y nuestras opciones, para liderar, moldear, educar e incluso a veces, para hacer enojar a la opinión pública..."

Los jueces y el protocolo

2009-04-09T20:49:00.006-03:00

A continuación reproducimos un fragmento de una nota publicada en el diario La Nación el día Sábado 17 de Marzo de 2007:

Dos jueces cruzan desopilantes oficios por el protocolo
Bonadío retrucó con ironía a Barbarosch

Un integrante de la Cámara del Crimen y un juez federal protagonizaron un desopilante intercambio de oficios judiciales, en los que la causa de la disputa fue el cargo de cada uno y la forma protocolar del trato entre ambos.
El juez federal Claudio Bonadío remitió el 27 de diciembre del año pasado un oficio al camarista del crimen Alfredo Barbarosch, en el que le pedía "al Sr. Presidente de la Sala I Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de esta ciudad" que le remitiera una causa que tenía en trámite.
El 14 de febrero pasado, un mes y medio después, Barbarosch le respondió en cuatro líneas el rechazo del pedido porque "el oficio de despacho no guarda estilo por resultar quien suscribe presidente del tribunal".
Ayer, Bonadío recurrió a la ironía para insistir en su reclamo, pero esta vez dirigió el oficio "al excelentísimo presidente a cargo de esa también excelentísima Sala I...".
"Tengo el altísimo e inmerecido honor de dirigirme al dignísimo y nunca bien ponderado Señor Presidente de la Excelentísima Sala Primera de la Cámara en lo Criminal y Correccional de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en mi humilde y modesto carácter de juez nacional en lo criminal y correccional federal", expresó Bonadío en su escrito.
Al mencionar su propio cargo, Bonadío utilizó letra mucho más pequeña que la usada para mencionar el cargo de Barbarosch.
"Si no he guardado el debido estilo para dirigirme a su honorabilidad, omitiendo consignar vuestro nombre, ello se debió seguramente a un error material e involuntario por parte del suscripto, debido al cúmulo de tareas que sobrelleva el tribunal, situación que espero no influirá en el futuro para dirigirme a ese Honorabilísimo Presidente de Sala, tal como es de su agrado, conforme la admonición que me efectuara", remató Bonadío.
Barbarosch acumula varios episodios por la relación con sus colegas. De hecho, en la Cámara del Crimen muchos de sus compañeros no le dirigen la palabra.

Pueden ver la nota original acá.

El fútbol según Fontanarrosa

2009-04-05T12:41:00.001-03:00

UN GRAN DEMÓCRATA!!!

2009-04-03T00:06:00.006-03:00

Inseguridad: réplica de los jueces penales bonaerenses...

2009-03-30T19:49:00.010-03:00

Reproducimos a continuación las líneas de un documento que ha sido suscripto por jueces penales bonaerenses en relación a la cotidiana manipulación que política y mediáticamente gira en torno a hechos violentos, delictivos o "de inseguridad" (como se los suele denominar públicamente), tendiente a exagerar su concurrencia y a ocultar sus reales causas, y que suele ser utilizada como un perverso "doble mecanismo" de desvío de responsabilidad y de extorsión/control sobre el Poder Judicial.

Desde Operación Derecho resaltamos que lejos de pretender defender el buen nombre y honor de los jueces penales (nótese que en varias oportunidades han sido objeto de nuestra crítica), nuestro interés en publicar estas palabras radica en la preocupación que nos genera la pérdida de independencia judicial provocada por tales embates oportunistas. Pérdida de independencia que pone en serio riesgo a los derechos y garantías de todos los habitantes de esta Nación.

Transcribimos el documento:

Asedio a los jueces penales

Señalados como chivos expiatorios de los periódicos rebrotes delictivos que, cada vez más asiduos y violentos, conmueven a nuestra sociedad y hasta de cuanto hecho policial sacude cotidianamente a la opinión pública, los jueces penales bonaerenses que suscribimos esta declaración nos sentimos en el deber de dar a conocer nuestro punto de vista sobre el acuciante tema de la inseguridad.

- I -

Nuevamente advertimos un generalizado recrudecimiento de las imputaciones de funcionarios políticos nacionales, provinciales y municipales, así como de formadores de opinión (incluyendo a personajes mediáticos y de la farándula), dirigidas en contra de los jueces que -en el estado de derecho- tenemos el básico deber de aplicar la ley, a partir de la primera y principal de todas las leyes, es decir, de la Constitución Nacional que garantiza para todos los habitantes del país el principio de inocencia, según el cual nadie puede ser encarcelado sin juicio ni sentencia previa. Por lo tanto, la detención preventiva de sospechosos de haber cometido delitos, por graves que éstos puedan ser, no constituye una pena anticipada, sino una medida de carácter excepcional que busca asegurar la futura realización del juicio, donde se decide acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado. Y mientras ello no suceda, toda persona tiene el elemental derecho de ser presumida y tratada como inocente y, por regla general, de permanecer en libertad a la espera del juicio, insistimos, no obstante la magnitud o la trascendencia comunicacional del delito que se dice cometido.

Asimismo corresponde hacer notar a nuestros conciudadanos que, contra lo que muchos dicen y algunos creen, no es función del Poder Judicial el adoptar políticas vinculadas a la seguridad pública. Esa es una misión institucionalmente reservada a los demás poderes del estado, en particular, al Poder Ejecutivo quien cuenta para ello con un área específica, el Ministerio de Seguridad provincial que se encarga de instrumentar las políticas públicas de prevención y persecución del crimen y la criminalidad.

Los jueces penales, en cambio, estamos para juzgar los delitos ya cometidos, conforme las pruebas que aportan las partes, procediendo con arreglo a la legislación vigente dictada por el Congreso de la Nación que sancionó el Código Penal, y por la Legislatura Bonaerense que aprobó la ley que rige el modo de realización de los trámites procesales. Está claro, entonces, que los jueces debemos actuar con plena sujeción a la ley, pero siempre a partir de lo que surge de las declaraciones, derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, así como de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por la República Argentina, luego de la restauración democrática de 1983, que alcanzaran jerarquía constitucional con la reforma de 1994.

- II -

No desconocemos el intenso clamor popular que demanda respuestas efectivas en favor de la tranquilidad y la seguridad pública, alteradas por la inquietante recurrencia delictiva; muchas veces ensañada contra los más vulnerables e indefensos: los niños y los adultos mayores.

Sin embargo, pretender que los jueces nos sumemos como un eslabón más a las tareas de persecución del crimen y la criminalidad, cual si nuestra función institucional consistiera en una simple extensión tribunalicia del accionar policial, implica desconocer las bases del sistema republicano que asigna a la magistratura el papel de poder independiente. Es decir, de poder limitador de los posibles abusos o excesos de las otras ramas de la actividad estatal y, en definitiva, de garantes de la irrestricta vigencia de los principios constitucionales.

Asociar de manera directa y automática -como a menudo sucede- el acuciante auge de la criminalidad o, en ciertos casos puntuales, la comisión de delitos graves y gravísimos con las libertades concedidas, previamente, por los jueces del fuero penal, con estricta sujeción ya sea a las normas que gobiernan el encierro preventivo, ya a los criterios resultantes de los pactos internacionales de derechos humanos sobre la ejecución de las penas carcelarias, conlleva un alarmante desconocimiento jurídico (cuando no mala fe, ante el aprovechamiento oportunista del desasosiego que generan las repetidas situaciones de inseguridad) por parte de quienes emiten tales descalificaciones.

- III -

El crecimiento de la criminalidad no es, como algunos aseguran, la consecuencia de políticas, leyes y sentencias de “mano blanda” que se resuelve, mágicamente, con su reemplazo por políticas, leyes y sentencias de “mano dura”, al extremo de haber reabierto el debate social acerca de la conveniencia de reimplantar la pena de muerte (ya vigente en el país durante el período 1976/83). De haber sido así, por ejemplo, tanto la legislación aprobada en el gobierno bonaerense de los años 2000 y 2001 bajo los auspicios de la doctrina de “ley y orden” o, más recientemente, el severo endurecimiento penal que trajo consigo la campaña mediática y social que impulsara el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, habrían provocado un brusco descenso de los índices delictivos, lo que de ninguna manera ocurrió.

Ese tipo de “soluciones providenciales” trajeron otro tipo de resultados. A saber: el impresionante incremento de la población penitenciaria; población que se duplicó a raíz de las leyes provinciales sancionadas en el lapso 2000/1, compuesta en sus dos terceras partes por los “presos sin condena”. Además, quienes fueron prisionizados de ese modo rápido y brutal, quedaron en una situación de hacinamiento e indignidad tal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sentencia del 3 de mayo de 2005, conminó a los poderes públicos de la provincia de Buenos Aires a adecuar esas condiciones de alojamiento de los detenidos a los estándares internacionales en la materia.

Por otra parte, el aumento del encierro carcelario por sí solo no resuelve el problema de la inseguridad, pues en la mayoría de esas prisiones bonaerenses no se advierte un tratamiento realmente resocializador, tal como se desprende de los convergentes informes de la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS. En los últimos años las personas procesadas que están detenidas se ha incrementado y, sin embargo, el delito sigue creciendo. La solución de fondo al problema que hoy inquieta a la sociedad, acaso deba buscarse a partir de la prevención del delito, adoptando medidas que tiendan a reducir la exclusión y la marginalidad social, a través de políticas activas del estado en materias tales como educación, salud, trabajo, vivienda, integración familiar, etc., respecto de las cuales los jueces no tenemos ninguna injerencia.

- IV -

Sabido es que no existe mejor política criminal que la justicia social.

Y por eso mismo,
· a la espera de que buena parte de nuestros gobernantes, dirigentes y conciudadanos así lo entiendan;
· conocedores, además, que la infalibilidad no es un atributo esperable de los hombres y mujeres en general, y tampoco de los que trabajamos en la administración de justicia, que cometemos errores no deseados, como el resto de los mortales;
· en la convicción que para los casos de mal desempeño o comisión de delitos funcionales ya existen los mecanismos institucionales de remoción, aunque también advertimos con verdadero pesar el uso frecuentemente malicioso que se le viene dando al enjuiciamiento de magistrados, sobre todo, por parte de funcionarios de los otros poderes públicos, convirtiéndolo en una incisiva amenaza (latente para el resto, pero real, mediatizada y virulenta para el juez denunciado) con objetivos disciplinantes, es decir, de manera tal que nadie se atreva en lo sucesivo a resolver en sentido diverso al deseable desde la cúspide del poder;
· expresamos, en síntesis, nuestra profunda inquietud por la sistemática e injusta descalificación a la que venimos siendo sometidos los jueces penales provinciales, porque ese ataque conspira, como es natural, contra la indispensable serenidad que debemos tener al tiempo de resolver acerca de los conflictos de la mayor importancia.

Bajo las actuales circunstancias, las insistentes presiones y amenazas dirigidas a los jueces penales del Poder Judicial de un estado de derecho, a la par que nada resuelven respecto del acuciante problema de la inseguridad, constituyen una grave afrenta, un verdadero asedio, al sistema republicano, que sentimos el deber moral de hacer conocer a todas las personas de buena voluntad.

AVALOS, Analía Graciela (Dolores); BERDICHEVSKY, Adrián Fernando (San Martín); BORGHI, Gustavo Pablo (Azul); BURGOS, Mario Lindor (Bahía Blanca); BURRONE, Guillermo Mario (Pergamino); BUSTOS, Lucrecia María (Mar del Plata); CASTAÑARES, Rodolfo (Morón); DAVID, Gabriel Alejandro (San Isidro); DE MARCO, Daniel Alejandro (Mar del Plata); ERRANDONEA, Saúl Roberto (Mar del Plata); ETCHEMENDI, Silvia Victoria (Quilmes); FAVAROTTO, Ricardo Silvio (Mar del Plata); FISSORE, Gustavo Raúl (Mar del Plata); GALARRETA, Juan Sebastián (Mar del Plata); GALLI, Eduardo Pablo (Tandil); GAYOL, Gerardo Clemente (La Matanza); GURIDI, Mónica Flora (Pergamino); INTROZZI TRUGLIA, Ariel Alfredo (San Isidro); JULIANO, Mario Alberto (Necochea); JURE, María Gabriela (Pergamino); LASAGA, Laura Irma (La Plata); LUCO ORIGONE, Ana María (San Martín); MAFFUCCI MOORE, Javier Leandro (Lomas de Zamora); MERLO, María Eva (Dolores); NANNI, Adriana Lucía (Trenque Lauquen); NEU, Raúl Alberto (San Isidro); PEPI, Analía Haydee Catalina (Dolores); PERALTA, Jorge Daniel (Mar del Plata); RIQUERT, Marcelo Alfredo (Mar del Plata); RIZZI, Luis María (San Isidro); RODRÍGUEZ, Pedro (Morón); SAL LARI, Rafael (San Isidro); SALVO, Marisa (Lomas de Zamora); SCHIAVO, Nicolás (San Martín); SIMAZ, Alexis Leonel (Mar del Plata); SUEYRO, Juan Manuel (Mar del Plata); SZELAGOWSKI, Ricardo Guillermo (La Plata); TAMAGNO, Jorge Alberto (Dolores); TAPIA, Juan Francisco (Mar del Plata); TOPALIAN, Armando Armenio (Quilmes); VIÑAS, Esteban Ignacio (Mar del Plata); VITALE, Gabriel Mauro Ariel (Lomas de Zamora); ZABALA, María Ester (Dolores); y SIGUEN FIRMAS…

Sancionar pese al principio de lesividad

2009-03-14T12:25:00.007-02:00

En esta ocasión voy a reproducir casi textualmente un comentario que en otra ocasión hice a una entrada que Eduardo publicó aquí, en Operación Derecho, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para obligar al uso de casco a quienes circulen en una motocicleta. Agrego que el mismo análisis podría hacerse respecto de otras conductas sancionadas por la Ley de Tránsito, como por ejemplo, la falta de uso de cinturón de seguridad para quienes circulen en un vehículo automotor.

Analicemos ahora, entonces, la prohibición en cuestión:

Considero que en el presente caso, al aplicar una sanción, se está desconociendo un pequeño detalle constitucional: el PRINCIPIO DE LESIVIDAD contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional .

Y en efecto, ¿cuál es el bien jurídico que intenta proteger la norma? ¿a cuántos terceros puede afectar quien no usa casco? Según mi punto de vista: sólo quien no lo usa corre riesgos...

Estoy absolutamente de acuerdo en que lo recomendable es usar casco para conducir una moto, estoy de acuerdo en cuanto a los riesgos que conlleva no usarlo. No pretendo alentar el "no uso" de casco ni mucho menos, pero no comparto la vía elegida, me parece que no hay que confundir "concientización" con "sanción".

Puede ser que de este modo el fin perseguido (que se use casco) se alcance, pero no creo que sea admisible el medio utilizado para buscarlo (el secuestro de la moto y la aplicación de una multa)... ello, a costas del desconocimiento de un principio constitucional.

Después de todo, piensen que hay muchas actividades que conllevan riesgos aún mayores y que desde luego, sin embargo están permitidas (porque el riesgo lo corre quien lo asume y no otro), en efecto, si lo deseo perfectamente puedo escalar una montaña, bucear con tiburones, surfear olas gigantes o saltar con una moto a través de aros prendidos fuego... pero ¿no puedo conducir una moto sin casco?

Vuelvo sobre lo mismo, seguramente es aconsejable su uso, pero no me parece que sea válido el medio aquí utilizado para que efectivamente ello se logre.

Creo que se pasa por alto que se trata de una cuestión de concientización (y me parecen bárbaros todos los esfuerzos que se hagan en tal sentido, mientras resulten respetuosos de principios constitucionales) y no de una cuestión que pueda válidamente estar sujeta a sanción...

Después de todo, cada uno puede elegir libremente los riesgos que corre mientras vive su propia vida (si come sano o fritura y con mucha sal, si bebe o no alcohol, si hace o no gimnasia, si nada o no con tiburones... si usa o no usa casco), siempre que con ello no se afecten bienes jurídicos de terceros.

De continuar permitiéndose tales atropeyos a preceptos constitucionales podría suceder, como dice Bovino, que un día de estos, por disposición legal, tengamos que estar levantándonos a las 5:30 de la mañana para ponernos el jogging y hacer gimnasia, después de todo, nadie duda que ello sería sano y por lo tanto "aconsejable" (aunque quizás la gente de VILCABAMBA nos demuestre lo contrario -ver: ACÁ-)

Lombroso 2.0

2009-03-14T09:32:00.013-02:00

Haciendo reposo debido a la gripe que me afecta desde hace dos días, hice lo único que prácticamente podía hacer: dormir, leer y hacer zapping (digo "hacer zapping" y no "mirar T.V." porque es difícil que me "enganche" con algo... salvo que se trate de una buena película -a veces no tan buena- o tal vez de algún documental)

En tal contexto, mientras pasaba por el Discovery Channel pude ver la promoción de un programa llamado "ÍNDICE DE MALDAD" que me llamó poderosamente la atención, así que, para corroborar que no había oído mal ingresé a la web de dicho canal y confirmé lo que presumía: LOMBROSO VOLVIÓ, pero, como es obvio, esta vez lo hizo en una versión algo más moderna... así que pensé que a esta versión podríamos llamarla LOMBROSO 2.0, o tal vez LOMBROSO RELOADED (ver la programación del 13 de mayo de 2009)

"La escala de maldad elaborada por el Dr. Stone ha descifrado la compleja psicología de connotados criminales. Pero, ¿serviría igualmente para ofrecer pistas acerca de crímenes sin resolver?"

[Palabras promocionales del programa "Índice de maldad", emitido por el Discovery Channel el 13/03/2009 a las 23 Hs.]

En realidad, y si bien no he visto el programa (simplemente comento las palabras con las que se lo promociona, tanto en la T.V. como en la web), parecería que se trata de teorías adscriptas a las escuelas psiquiátricas o psicológicas de la criminología, que no son más que derivaciones de la escuela positivista clásica que tuvo a Cesare Lombroso como uno de sus más famosos exponentes.

Y, en efecto, "estas escuelas no se diferencian del positivismo clásico en su raíz ideológica, pues reiteran como objeto de estudio al delincuente y lo excluyen de la normalidad como consecuencia de su inadaptabilidad al modelo promedio. La diferencia está en la enfermedad y cómo ella transforma al individuo en un objeto de represión y custodia, en un peligro para la sociedad, que asumiendo su defensa puede actuar contra él en la forma que estime más conveniente para mantener el orden de la comunidad" (Bujan, Alejandro; "Elementos de criminología en la realidad social"; Editorial Ábaco, Bs. As., 1999, p. 188)

Así que, CUIDADO, Lombroso no se ha ido del todo... sigue dando vueltas en las cabezas de muchos fanáticos del derecho penal de autor y reaparece constantemente, sólo que con versiones renovadas...

Abogado defensor detenido...

2009-03-04T21:54:00.003-02:00

Publicado el 2 de Marzo de 2009 en Radio Tosco:

Extra: Abogado defensor detenido

El jueves 19 de febrero de 2009 el personal policial de la seccional 10ma detuvo a Gabriel Macaroff, abogado defensor de Maximiliano Ledesma, un joven detenido por Código de Faltas. Los uniformados alegaron que Macaroff había "entorpecido" el procedimiento. El abogado permaneció detenido hasta el día siguiente, con traslado a Encausados incluido.

La detención, según explicó Macaroff a través de un correo electrónico difundido el lunes 23, se debió a que quiso denunciar los golpes y maltratos recibidos por su defendido. La Policía, además, retuvo ilegítimamente el celular del joven detenido, según cuenta Macaroff; por ello, él solicitó copias del libro de la seccional. Al intentar denunciar todo a la unidad judicial ubicada en la misma comisaría, Macaroff relata que un policía se interpuso para impedirlo y lo amenazó reiteradamente de muerte. Frente a eso, el joven detenido, que estaba siendo liberado, anunció que haría la denuncia al día siguiente, ante la Secretaría de Derechos Humanos. El personal policial actuante afirmó que eso era una " amenaza" (sic) y se dispuso a arrestar nuevamente a Maximiliano, con golpes y patadas. En ese momento, Macaroff se interpone para evitar el ataque y lo arrestan alegando que entorpecía el procedimiento.

El hecho relatado es de una extrema gravedad. No por tratarse de un abogado: la libertad de toda persona vale igual. La preocupación aumenta porque el abogado resulta detenido cumpliendo un rol institucional, a saber, la defensa de un detenido. Esto ataca aún más el derecho a la defensa, ya violado por el inconstitucional art. 15 del Código de Faltas y por el inconstitucional procedimiento contravencional, que da poder de "sentenciar" al comisario actuante.

Un total y completo esclarecimiento de lo ocurrido, con la sanción de quienes resulten responsables, constituye la única respuesta oficial aceptable.

Artículo 189 bis inciso 2 párrafo 4 CP... ¿garantías? no, gracias

2009-03-03T16:31:00.017-02:00

En esta ocasión retomamos las críticas al artículo 189 bis CP, y lo hacemos analizando la que tal vez sea la parte más burda del mismo (y eso es bastante decir considerando el artículo del que estamos hablando)... nos referimos al octavo párrafo del segundo inciso, que contempla un agravante bastante particular para los casos de portación de arma de fuego (sea de guerra o de uso civil) al decir lo siguiente:

"El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años"

En esta ocasión vamos a extraer un fragmento de un post de Matías Bailone en el que se analizan con excelente claridad las cuestiones que sobre este punto nos interesa resaltar. Después de todo, el objetivo perseguido por esta entrada no es buscar originalidad, sino simplemente tratar el tema (es decir, criticar al artículo 189 bis inciso 2 CP).

Cabe aclarar que lo que se transcribe a continuación es sólo una parte de un muy interesante y completo post en el que se analizan los delitos de tenencia y portación ilegal de arma de fuego, es decir, en el que se analiza al artículo criticado. De más está decir que recomendamos su lectura.

Comencemos con la transcripción (los resaltados son nuestros):

Una ilegal agravante de la portación de armas de fuego, y un fallo reparador.

En la última parte del inciso segundo del artículo 189 bis CP se menciona una agravante de la portación de armas de fuego de uso civil y de guerra en los siguientes casos: que el portador registre antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, o que se encuentre al momento de portar el arma disfrutando de una excarcelación o exención de prisión.
Los antecedentes penales que hace mención la agravante son obviamente los condenatorios que se vinculen con cualquier delito contra las personas o con algún otro delito que haya sido cometido mediante el uso de armas, sin que resulte necesario que el uso del arma sea un elemento típico configurativo. En el segundo supuesto, podría parecer que todo procesado que se encuentre con excarcelación o exención de prisión puede resultar incluido en la agravante, pero como afirma Otranto, la ubicación de esta circunstancia junto a la anterior indica que sólo se trate de procesados por delitos contra las personas o cualquier otro delito mediando la utilización de armas de fuego.
Esta tipificación de portación agravada de armas de fuego de cualquier calibre se hace respecto de condiciones personales del autor, lo que choca fuertemente con los tipos penales de acto. Un fallo reciente del 16 de marzo de 2006 de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional declaró la inconstitucionalidad del inciso 2º in fine del artículo 189 bis del Código Penal, es decir de la agravante mentada incorporada por la Ley 25.886, en los autos caratulados “Ramirez, Luciano Nicolás procesamiento robo”.
La Cámara resolvió que la portación agravada que estamos estudiando - más allá de reconocer que tiene una deficiente técnica legislativa- es contraria a la Constitución Nacional Argentina porque establece mayor pena para el portador ilegítimo de armas en virtud de condena por delito doloso contra las personas o con utilización de armas, es decir, es una clara vulneración al principio de culpabilidad (art. 18 de la Constitución Nacional, 15 del P.I.D.C.P. y 9 de la C.A.D.H.). Aquí no se castiga al autor exclusivamente por la gravedad del hecho cometido sino que, de forma inadmisible para nuestro ordenamiento jurídico supralegal, se lo pune además por registrar antecedentes penales. Como dice el fallo “el dispositivo castiga no sólo la portación ilegítima de un arma de fuego, sino también la posesión de condenas”.Nuestro sistema jurídico adopta un derecho penal de acto y no de autor, resultando prohibido punir personalidades, formas de ser o estados peligrosos. El precepto reputado contrario al orden constitucional, además encontraba otro escollo insalvable: el principio ‘non bis in idem’, que impide que una persona sea condenada o juzgada dos veces por el mismo hecho. Dicho principio está además en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (New York, 1966), en su artículo 14.7: “nadie puede ser procesado o penado de nuevo por una infracción por la cual ya ha sido definitivamente absuelto o condenado de acuerdo con la ley y procedimiento de cada país”.

Sobre la importancia de la información de los blogs...

2009-02-26T18:53:00.017-02:00

Muchas veces se suele cuestionar la importancia de los llamados "blogs" (como éste) y la veracidad y calidad de la información en ellos publicada. Claro, se trata de medios de difusión de información "poco serios", en contraposición a los medios masivos de comunicación que son supuestamente "serios"...

Por eso me pareció interesante publicar los siguientes fragmentos del prólogo del libro "Hitler ganó la guerra" de Walter Graziano, y sus reflexiones acerca de la información que puede conseguirse en "la red":

"Gracias a la red, ya están apareciendo los primeros historiadores on-line. Y si bien mucha de la información que aparece en la red puede ser falsa o inexacta, con frecuencia lo es menos que la que se ha publicado en muchísimos libros, o que la que aparece a diario en los megamedios de comunicación [el resaltado es mío]. La ventaja que nos ofrece la red, sea porque nos brinda información directamente, sea porque nos permite un rápido acceso para ubicar y comprar en sólo segundos libros que nos podría costar años conseguir, es la posibilidad de escribir sobre el presente, y conocerlo, con incontables elementos adicionales de información.

Es posible que esto provoque muy beneficiosos efectos en poco tiempo más. Es probable que las poblaciones de muchos países se enteren mucho antes, mientras están en condiciones de hacer algo al respecto, de tretas de engaño colectivo, psicópatas en los más altos cargos del poder, ambiciosos planes de dominio global, etcétera."

"Tenemos acceso a infinitos elementos más de información. Si no los usáramos por prejuicios o frases hechas al estilo de que 'la historia necesita mucho tiempo para escribirse' le estaríamos haciendo el juego a los personajes más oscuros: los que desean que la realidad se escriba de la manera que más les conviene. Muchas veces se trata precisamente de los personajes con más recursos para intentar 'borrar' de la memoria colectiva informaciones que pueden llegar a comprometerlos. Ésta es una muy vieja costumbre utilizada por tiranos en todas las épocas. Se cuenta que los más sanguinarios emperadores romanos tenían historiadores oficiales. Éstos escribían loas a atroces emperadores y a su acción de gobierno. Sólo muchas décadas más tarde, cuando ya todos los protagonistas estaban muertos, Tácito y Suetonio pudieron poner las cosas en su lugar y colocar a personajes como Tiberio, Calígula y Nerón en el lugar que se merecían: en el panteón de los más siniestros y perversos emperadores que se recuerden. Sin embargo, muchos de los ciudadanos romanos contemporáneoss de ellos murieron sin saber cuántos de sus males, miserias y hasta sus propias muertes diarias se debían a los propios emperadores y su sistema de censura y manipulación de la prensa y la historia. En el propio Imperio Romano se tardó más de sesenta años para que se conocieran acabadamente quiénes habían sido esos tres emperadoress.

Que lo mismo no ocurra con nosotros. Gracias a la red, ello ahora es posible. Pero que nos libremos de los problemas depende de nosotros, de una participación activa..."

Una interesante respuesta a quienes subestiman a los blogs (y a la información de la web en general), a quienes seguramente se oponen porque... ¿por qué? ¿tanto miedo genera que mucha gente en todo el mundo y en forma independiente pueda contar sus visiones de la realidad y expresar sus ideas y opiniones libremente?

Así parece ser...

Un mensaje de papá Mauri!!!

2009-02-24T23:48:00.007-02:00

Viendo este cartel me hizo reflexionar si es la forma de concientizar a la sociedad sobre los graves riesgos de conducir una moto sin casco, va!!! si realmente es ese su objetivo, o lo único que les interesa es sancionar, castigar y además cobrar alguna que otra multita!!!

En realidad me hizo acordar cuando mi padre me amenazaba con quitarme la bicicleta, la pelota de fútbol o incluso con darme una tunda si no hacia la tarea de la escuela o si me portaba mal!!!

Por otro lado, que es un segundo? ponerse el casco, leer el cartel o lo que tardan en sacarte la moto.

GRACIAS PAPA MAURI POR EDUCARNOS!!!

Los delitos de George W. Bush...

2009-02-22T16:44:00.017-02:00

Según puede leerse en el sitio web del congresista estadounidense Dennis Kucinich, el 9 de Junio de 2008, fueron presentados ante la Cámara de Representantes los "Artículos para el procedimiento de destitución del presidente George W. Bush", es decir, un proyecto de ley para la destitución del por entonces primer mandatario de los E.E.U.U.

Si bien la propuesta del congresista hoy deviene abstracta (por suerte George W. ya no es más presidente), la lista resulta interesante como un resumen de los crímenes cometidos durante su mandato.

Para ver el texto original de tales acusaciones ir a http://kucinich.house.gov/news/documentsingle.aspx?documentid=93581. Transcribimos a continuación la traducción al español del índice de dichos artículos:

ARTÍCULOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE GEORGE W. BUSH

Washington, 10 de Junio de 2008 - Dennis J. Kucinich de Ohio

En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Lunes, 9 de Junio de 2008

Una Resolución

ÍNDICE

ARTÍCULO I. Crear una campaña secreta de propaganda para fabricar una falsa causa de guerra contra Irak.

ARTÍCULO II. Confundir de manera falsa, sistemática y con intención criminosa los atentados del 11 de septiembre de 2001 con una representación engañosa de Irak como un país que amenazaba nuestra seguridad nacional, todo ello como parte de la justificación fraudulenta de una guerra de agresión.

ARTÍCULO III. Confundir deliberadamente al pueblo estadounidense y a los miembros del Congreso para que creyeran que Irak poseía armas de destrucción masiva al objeto de fabricar una falsa causa de guerra.

ARTÍCULO IV. Confundir deliberadamente al pueblo estadounidense y a los miembros del Congreso para que creyeran que Irak representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos.

ARTÍCULO V. Malversar fondos públicos para iniciar secretamente una guerrra de agresión.

ARTÍCULO VI. Invadir Irak violando la resolución conjunta del Congreso número 114.

ARTÍCULO VII. Invadir Irak sin previa declaración de guerra.

ARTÍCULO VIII. Invadir Irak, una nación soberana, violando así la Carta de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO IX. No proporcionar a las tropas elementos de blindaje para las personas y los vehículos.

ARTÍCULO X. Falsificar, por motivos políticos, las cifras de militares estadounidenses muertos y heridos.

ARTÍCULO XI. Establecer bases militares permanentes en Irak.

ARTÍCULO XII. Iniciar una guerra contra Irak por el control de los recursos naturales de dicho país.

ARTÍCULO XIII. Crear una comisión secreta al objeto de desarrollar políticas energéticas y militares con respecto a Irak y otros países.

ARTÍCULO XIV. Connivencia con un delito mayor, uso indebido y revelación de información clasificada, así como obstrucción a la justicia en el asunto de Valerie Plame Wilson, agente secreta de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.

ARTÍCULO XV. Proporcionar inmunidad frente a la justicia a empresas contratistas que operan en Irak y están implicadas en actividades ilícitas.

ARTÍCULO XVI. Malversación imprudente y despilfarro de caudales públicos en relación con Irak y los contratistas estadounidenses.

ARTÍCULO XVII. Detención ilegal: detener indefinidamente y sin cargos tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros.

ARTÍCULO XVIII. Tortura: autorizar en secreto y fomentar el uso de la tortura con prisioneros capturados en Afganistán, Irak y otros lugares como parte de la política oficial.

ARTÍCULO XIX. Traslados ilegales: secuestrar a personas y conducirlas contra su voluntad a "cárceles secretas" localizadas en otros países, incluidos algunos que practican la tortura.

ARTÍCULO XX. Encarcelar niños.

ARTÍCULO XXI. Confundir deliberadamente al Congreso y al pueblo estadounidense con respecto a las amenazas provenientes de Irán y apoyar a organizaciones terroristas dentro de aquel país con el propósito de derrocar al gobierno iraní.

ARTÍCULO XXII. Crear leyes secretas.

ARTÍCULO XXIII. Violación de la ley de Posse Comitatus [Ley de 1878 que limita el empleo de las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden dentro de la sociedad civil]

ARTÍCULO XXIV. Espiar a ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial, violando así la ley y la Cuarta Enmienda.

ARTÍCULO XXV. Exigir a las empresas de telecomunicaciones la creación de una base de datos ilegal e inconstitucional con las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono privados de los ciudadanos estadounidenses.

ARTÍCULO XXVI. Anunciar la intención de violar las leyes mediante las acotaciones presidenciales a la firma de dichos textos legales.

ARTÍCULO XXVII. Desoír las citaciones obligatorias del Congreso y dar instrucciones a ex funcionarios para que hicieran lo propio.

ARTÍCULO XXVIII. Perturbar la libertad y la limpieza del proceso electoral. Corrupción de la Administración de Justicia.

ARTÍCULO XXIX. Conspiración para violar la ley de Derecho Electorales de 1965.

ARTÍCULO XXX. Confundir deliberadamente al Congreso y al pueblo estadounidense con el afán de eliminar los programas de atención sanitaria a la tercera edad.

ARTÍCULO XXXI. Huracán Katrina: ineptitud a la hora de planificar medidas para atajar un desastre previsible. Incompetencia en la reacción frente a una emergencia civil.

ARTÍCULO XXXII. Confundir deliberadamente al Congreso y al pueblo estadounidense y socavar sistemáticamente todos los intentos de abordar el cambio climático grogal.

ARTÍCULO XXXIII. Desoír repetidamente y dejar desatendidas las advertencias procedentes del más alto nivel de los servicios de Inteligencia respecto a la planificación de atentados terroristas en los Estados Unidos antes del 11 de septiembre.

ARTÍCULO XXXIV. Obstruir las investigaciones sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001.

ARTÍCULO XXXV. Poner en peligro la salud de los primeros servicios de emergencia tras el atentado del 11 de septiembre.

CUIDADO, si piensas en exceso serás drogadicto

2009-02-08T01:00:00.005-02:00

“Hay dos cosas que son infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy tan seguro” (Albert Einstein)

Escuchen las "sabias" palabras de un viejo funcionario argentino. El "exceso de pensamiento" según alguien carente de pensamiento:

Un claro ejemplo para entender la opinión que los queridos y nunca bien ponderados dictadores militares que nos gobernaron desde 1976 hasta 1983 (así como los de otros períodos históricos y hasta algunos gobernantes democráticos incluso) tenían con respecto a la educación. Y para entender, por lo tanto, la "atención" que le brindaban (combatiéndola, desde luego).

El Ministro de Bienestar Social que habla en el video parece adherir a la"teoría grondoniesca de que lo bueno está en el justo medio" (como diría el maestro Bovino). Así, tenemos las siguientes posibilidades:

- carecer de pensamiento, lo cual desde luego no es bueno (parecería que en esta clasificación podríamos incluir al Sr. Ministro),

- incurrir en un "exceso de pensamiento", lo que parece que según el Sr. Ministro tampoco es nada bueno... (según él aquí habría que incluir a los drogadictos)

- por último lo bueno, lo deseable está en pensar poco. Qué afirmación interesante ¿no? (interesantemente siniestra, desde luego)

Ahora bien, desde un ángulo un tanto humorístico, analizando las palabras del Sr. Ministro a la luz de nuestra visión respecto del pensamiento podríamos argumentar que quizo decir lo siguiente:

a. muchos jóvenes drogadictos lo son a causa de las desviaciones provocadas por su "exceso de pensamiento"... es decir, los drogadictos piensan mucho,

b. ahora bien, como el pensamiento es algo positivo, y el exceso del mismo lo es aún mas (por lo menos según nuestra visión)...

c. pues entonces el mundo necesita más "jóvenes drogadictos pensadores en exceso"

Sin embargo, en tal línea de razonamiento estaríamos omitiendo que seguramente esa bestia, que al "exceso de pensamiento" lo mirarba desde muy lejos, como a algo totalmente desconocido y ajeno, no consideraba que pensar fuera algo positivo y estaba intentando transmitir incluso el mensaje de que pensar mucho es malo. Por lo tanto, parece que quizo expresar lo siguiente:

a. muchos drogadictos lo son a causa de las desviaciones provocadas por su "exceso de pensamiento"...

b. ahora bien, como ser "drogadicto" es algo negativo, el "exceso de pensamiento" también lo es...

c. por lo tanto, necesitamos jóvenes que literalmente piensen menos (para salvarlos de la droga, por supuesto)

Así que ahora ya saben:

"No piensen mucho, sálvense de las drogas, pensar es para drogadictos"

"El exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones"

No Hay Derecho... Ganador del concurso "Entrada del año" de BI

2009-01-16T16:28:00.009-02:00

Con el título "Habemus ganador", Blawggers Internacionales anunció un amplio triunfo de la entrada de No Hay Derecho titulada "Recordando a Nino". Así, dicha entrada ha sido democráticamente seleccionada (llevándose el 44% de los votos), nada más ni nada menos, como ENTRADA DEL AÑO.

(Click en la imagen para ver la entrada ganadora)

Felicitaciones a Alberto Bovino por el merecido triunfo...

Pesadilla kafkiana: ¿descripción de la realidad?

2009-01-15T23:57:00.011-02:00

Al leer la obra "El Proceso", de Franz Kafka, es fácil percibir la desesperación de un personaje ("Josef K.") que padece un proceso judicial absurdamente ilógico y ante una "justicia" sumamente autoritaria. También se puede percibir la desesperación/resignación de otros personajes vinculados a procesos llevados a cabo ante dicha "justicia" (por ej., abogados y otros acusados).

Habitualmente se califica a dicha obra de surrealista, se la describe como el relato de una situación pesadillesca, y desde luego, sumamente irracional y carente de toda coherencia.

Así, cualquier lector seguramente pensará que sería muy difícil, por no decir imposible, encontrar actualmente una sociedad poseedora de un sistema judicial como el utilizado por Kafka para transmitir tan exitosamente semejante sensación de desesperación...

Pero, obviamente, tal lector no sería un abogado -al menos no uno argentino-... baste con leer (como simple ejemplo) el siguiente fragmento de la obra:

"... Desde luego que, en tales condiciones [haciendo referencia al secreto de los expedientes], la defensa se hallaba en una situación muy desfavorable y difícil; pero también esto era deliberado, porque en el fondo la ley no admitía ninguna defensa, sino que sólo la toleraba y hasta parecería preguntarse si verdaderamente no sería menester poner en tela de juicio aquellos puntos de los códigos según los cuales habría que admitir la defensa en algunos casos. De manera que en un sentido riguroso no existía ningún abogado reconocido por la justicia; todos los abogados que actuaban en las esferas judiciales no eran en el fondo, pues más que simples leguleyos. Naturalmente que esta disposición deshonraba en alto grado a todo el gremio; cuando K. acudiera la próxima vez a las oficinas de los tribunales, no tendría que ver para convencerse de ello más que la sala de espera destinada a los abogados. Sin duda, se espantaría de la cantidad de gente que allí se reunía. Ya el recinto mismo, estrecho y bajo, que se les había adjudicado, revelaba el desprecio que la justicia tenía por ellos..."

Y, nótese que Kafka era abogado...

Algunas frases interesantes...

2009-01-06T22:01:00.006-02:00

La siguiente es una breve (y caprichosa) selección de interesantes frases atribuidas a diversas personas, y pronunciadas en diferentes tiempos y lugares. No es necesario coincidir con todas (ni siquiera con alguna) pero, puede resultar interesante analizarlas, reflexionar y que cada uno saque sus propias conclusiones…

Jorge Luis BORGES, (1899-1986) - Escritor argentino:
“Si de algo soy rico es de perplejidades y no de certezas”
“La duda es uno de los nombres de la inteligencia”
“La felicidad no necesita ser transmutada en belleza, pero la desventura si”
“¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad”
“El infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no merecen tanto”

Heinrich HEINE, (1797-1856) - Poeta y periodista alemán:
“La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca”
"Todo delito que no se convierte en escándalo no existe para la sociedad"

Charles BAUDELAIRE, (1821-1867) - Escritor, poeta y crítico francés:
“Habría que añadir dos derechos a la lista de derechos del hombre: El derecho al desorden y el derecho a marcharse”

Avram Noam CHOMSKY, (1928) - Filósofo, lingüista y matemático estadounidense:
"...Si crees en la libertad de expresión entonces crees en la libertad de expresión para puntos de vista que te disgustan (…). Si estás a favor de la libertad de expresión, eso significa que estás a favor de la libertad de expresión precisamente para los puntos de vista que no compartes, de otra forma, no estarías a favor de la libertad de expresión”
"La libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado y negarse a dar esas oportunidades es criminal"

Albert CAMUS, (1913-1960) - Escritor y filósofo francés:
"Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo"
"Adquirimos la costumbre de vivir antes que la de pensar"
"El éxito es fácil de obtener. Lo difícil es merecerlo"
"He comprendido que hay dos verdades, una de las cuales jamás debe ser dicha"
"¿Qué es un rebelde? Un hombre que dice no"
"¿Quién podría afirmar que una eternidad de dicha puede compensar un instante de dolor humano?"
"Un verdadero amigo es aquel que llega cuando todos se han ido"
"Uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen”

Johann Wolfgang von GOETHE, (1749-1832) - Novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico, anatomista, físico, historiador de ciencias, pintor, arquitecto, diseñador, economista, director de teatro y filósofo humanista alemán:
"Todos los días debiéramos preocuparnos por escuchar buena música, leer hermosos poemas, extasiarnos en lindas pinturas y hablar palabras razonables"
"Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar según se piensa es aún más difícil"
"El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada"
"Sólo vemos lo que conocemos"

Manuel BELGRANO, (1770-1820) – Abogado, político y militar argentino:
"La vida es nada si la libertad se pierde"
"Ni la virtud ni los talentos tienen precio, ni pueden compensarse con dinero sin degradarlos"

Benjamín FRANKLIN, (1706-1790) – Político, científico e inventor estadounidense:
“Quien está dispuesto a renunciar a su libertad para ganar seguridad, va a perder ambas”

"Jamás hubo una guerra buena o una paz mala"

"Sólo un pueblo virtuoso es capaz de vivir en libertad. A medida que las naciones se hacen corruptas y viciosas, aumenta su necesidad de amos."

Albert EINSTEIN, (1879-1955) – Físico judío alemán:
"Cada día sabemos más y entendemos menos "
“Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La Paz”
“El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad”
“El respeto irreflexivo por cualquier autoridad es el mejor enemigo de la verdad”
“El sentido común es el conjunto de prejuicios acumulados a través de los siglos”
“Hay dos cosas que son infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy tan seguro”
“Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor”
“La formulación de un problema es más importante que su solución”
“La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices”
“La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia”
“Los grandes espíritus siempre han encontrado la violenta oposición de las mentes mediocres. Estos últimos no pueden entender que un hombre no se someta irreflexivamente a los prejuicios hereditarios sino que emplee honestamente y con coraje su inteligencia”
“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas”
“Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”
“Los intelectuales resuelven los problemas; los genios, los evitan”
“Nada hay más destructivo del respeto por el gobierno y la ley del país que aprobar leyes que no pueden hacerse cumplir”
“No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela”
“Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”
“Pocos son los que ven con sus propios ojos y sienten con sus propios corazones”
"¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida?"
“Quien nunca ha cometido un error nunca ha probado algo nuevo”
“Si la gente es buena sólo porque temen al castigo y porque esperan una recompensa, entonces verdaderamente somos un grupo lastimoso”
“Si mi teoría de la relatividad es exacta, los alemanes dirán que soy alemán y los franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no, los franceses dirán que soy alemán, y los alemanes que soy judío”
“Si supiese que es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación, ¿verdad?”
“Si quieres ser un gran científico, dedícate un cuarto de hora al día a pensar todo lo contrario a lo que piensan tus amigos”
“Si una idea no es absurda al principio, entonces no merece la pena”
“Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”
“Tendremos el destino que nos hayamos merecido”
“¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”
“Una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo es una velada perdida”
“Yo nunca pienso en el futuro. Viene demasiado rápido”
“La anarquía económica de la sociedad capitalista tal como existe hoy es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal”

SÓCRATES, (470adC-399adC) - Filósofo griego:
"Sólo sé que no sé nada; y esto cabalmente me distingue de los demás…, que creen saberlo todo."
“La sabiduría es saber qué tan poco sabemos”
"El orgullo divide a los hombres, la humildad los une"
"Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar las causas de la enfermedad; en caso contrario, abstente de ayudarle"

PLATÓN, (427adC/428adC-347asC) – Filósofo griego:
"Cuando una multitud ejerce la autoridad, es más cruel aún que los tiranos"
"El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él"
"La libertad está en ser dueños de la propia vida"
"La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco"
"La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos"
"Lo poco que sé se lo debo a mi ignorancia"
"Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos hablan porque tienen que decir algo"
"Ningún hombre es lo suficientemente sabio por sí mismo"
"Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa; pues sin causa nada puede tener origen"
"Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre"
"Uno de los castigos por rehusarte a participar en política, es que terminarás siendo gobernado por hombres inferiores a ti"

ARISTÓTELES, (384adC-322adC) - Filósofo macedonio:
"Enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin en sí misma; la función vital es aprender"
"Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud"
"Cometer una injusticia es peor que sufrirla"
"Como la vista es al cuerpo, la razón es al espíritu"
"El amigo de todo el mundo no es un amigo"
"El hombre es un animal político"
"El hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo"
"El ignorante afirma; el sabio duda y reflexiona"
"El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice"
"El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley"
"El verdadero discípulo es el que supera al maestro"
"En las adversidades sale a la luz la virtud"
"Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo"
"Es preciso preferir la soberania de la ley a la de uno de los ciudadanos"
"La dignidad no consiste en nuestros honores sino en el reconocimiento de merecer lo que tenemos"
"La mayoría de los hombres son malos jueces de sus propios asuntos”
"La multitud obedece más a la necesidad que a la razón, y a los castigos más que al honor"
"La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión"
"La verdadera felicidad consiste en hacer el bien"
"Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo"
"Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas"
"Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará"
"No hay un gran genio sin mezcla de locura"
"No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho"
"Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella"
"Todo hombre, por naturaleza, desea saber"

Jean-Jacques ROUSSEAU, (1712-1778) - Pensador, escritor, enciclopedista y filósofo franco-suizo:
"El hombre es naturalmente bueno, es la sociedad que lo corrompe"
"No hacer el bien ya es un mal muy grande"
"Renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra calidad de hombres, y con esto a todos los deberes de la humanidad"

Eduardo GALEANO, (1940) - Periodista y escritor uruguayo:
"Ella está en el horizonte -dice Fernando Birri-. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para que sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar"
"Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos"
"La violencia engendra violencia, como se sabe; pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo"

Oscar WILDE, (1854-1900) – Escritor, poeta y dramaturgo irlandés:
"Experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones"
"La única diferencia entre los santos y los pecadores es que los santos tuvieron su pasado, y los pecadores tienen su futuro"
"La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse"
"No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo"
"Cualquiera puede hacer historia; pero sólo un gran hombre puede escribirla"
"El deber es lo que esperamos que hagan los demás"
"El dinero es como el estiércol: si se amontona, huele"
"Las preguntas no son indiscretas, mas a veces sí lo son las respuestas"
"No voy a dejar de hablarle sólo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo"
"Nunca des explicaciones. Tus amigos no las necesitan. Tus enemigos no las creen"
"Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más"
"Solamente los superficiales se conocen a sí mismos"
"Una sociedad se embrutece más con el empleo habitual de los castigos que con la repetición de los delitos"

François Marie Arouet VOLTAIRE, (1694-1778) - Filósofo y escritor francés:
"La ignorancia afirma o niega rotundamente; la Ciencia duda"
"Los que creen que el dinero lo hace todo, suelen hacer cualquier cosa por dinero"
"Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo"
"Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y fusionan"
"Vale más intentar en salvar a un culpable que condenar a un inocente"

Friedrich Wilhelm NIETZSCHE, (1844-1900) - Filósofo y poeta alemán:
"El hombre, en su orgullo, creó a Dios a su imagen y semejanza"
"Fe significa no querer saber la verdad"
“En algún punto perdido del universo (…), hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquél el instante más mentiroso y arrogante de la historia universal”
"La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido"
"Lo que no me mata, me hace más fuerte"
"Sólo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder"

Immanuel KANT, (1724-1804) - Filósofo alemán:
"¡Atrévete a pensar!"
"El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca"
"Lo único que es un fin en sí mismo es el hombre, nunca puede ser utilizado como medio"
"Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él"
"Nunca discutas con un idiota. La gente podría no notar la diferencia"

Michel FOUCAULT, (1926-1984) – Filósofo francés:
"En realidad, hay dos especies de utopías: las utopías proletarias socialistas que gozan de la propiedad de no realizarse nunca, y las utopías capitalistas que, desgraciadamente, tienden a realizarse con mucha frecuencia"

Robert Nesta MARLEY, (1945-1981) – Músico y cantante jamaiquino:
"¿Cuántas muertes más serán necesarias para darnos cuenta de que ya han sido demasiadas?"
"Mi vida es solo importante si puedo ayudar a muchos, si mi vida es para mi y mi seguridad entonces no la quiero. Mi vida es para la gente esa es mi filosofia"
"No olvides tu historia ni tu destino"

Mohandas Karamchand GANDHI, (1869-1948) – Abogado y político indio:

"Ojo por ojo, y el mundo acabará ciego"

"No hay camino hacia la paz, la paz es el camino"

"La violencia es el miedo a los ideales de los demás"

"Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia"

"El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla"

"Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena"

"Entiendo por religión, no ya un conjunto de ritos y costumbres, sino lo que está en el origen de todas las religiones"

"La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad"

"Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres"

"Los medios violentos nos darán una libertad violenta"

"El capital no es un mal en sí mismo, el mal radica en su mal uso"

"La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia"

"Los grilletes de oro son mucho peor que los de hierro"

Martin LUTHER KING, (1929-1968) – Filósofo, religioso y activista estadounidense:
“Sostengo que quien infringe una ley porque su conciencia la considera injusta, y acepta voluntariamente una pena de prisión, a fin de que se levante la conciencia social contra esa injusticia, hace gala, en realidad, de un respeto superior por el derecho”
"A través de la violencia puedes matar al que odias, pero no puedes matar el odio"
"La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve"
"La violencia no es el remedio, tenemos que hacer frente al odio con el amor"
"Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos"
"Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien"
"Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos"
"Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir”
"Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas"
"Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros"

Y una excelente nueva incorporación:

Alberto BOVINO, (1958) - Abogado y blogger argentino:

"No nos 'toleren'. Nos respetan o se van al carajo" [ver acá]

Y ojo que de Bovino podría agregar unas cuantas más...

Pensé que se trataba de cieguitos... (Robado a No Hay Derecho)

2008-12-15T21:05:00.011-02:00

Hace unos días, en el preciso instante en que me disponía a publicar esta entrada robada a Alberto (es decir, mientras me encontraba a punto de dar comienzo de ejecución al robo) repentinamente se me cortó la conexión (o sea que hasta el momento no había más que actos preparatorios). Así que hoy, una vez solucionado el problema técnico, termino lo que había comenzado (de modo que puede decirse que el delito ha sido finalmente consumado)...

- Click en la imagen para ver la nota original -

Pensé que se trataba de cieguitos...

Policía Secreta, Autos sin Patente, Policías sin Identificación

Fueron los legisladores mendocinos los que aprobaron una ley que no podría haber sido aprobada en ninguna otra provincia del país y fue esta ley la que permitió que hace unos días llevaran aprehendida a una joven policías de civil en un auto sin identificación “por averiguación antecedentes”.

La sociedad civil se encuentra a merced de personas que no tienen identificación posible y que se mueven en autos sin patente.

No habrá forma de saber si son fuerzas de seguridad o delincuentes comunes quienes lleven preso a nuestro hijo o a nuestra hija, y lo más grave, no tendremos como identificar si se los llevan.

Legisladores que responden a Cobos, Jaque y demócratas aprobaron una ley que crea un cuerpo policial secreto, con 30 vehículos no identificables, que se encargarán de controlar infracciones de tránsito. Esta ley pasó sin que nadie levantara la voz o siquiera reconociera que es un franco retroceso para la democracia a pocos días del festejo por su aniversario.

¿Control de Tránsito o Policía común?

Con la excusa de que controlan el tránsito ahora la policía nos detiene y nos lleva por averiguación de antecedentes en un auto sin patente y de civil.

Esta patética excusa abrió la puerta a hechos que solo encuentran una situación similar en la dictadura militar de 1976 -1983 donde esto se hacía para evitar ser reconocidos y para generar un círculo de impunidad que aún hoy está vigente.

Ataque a la Democracia de Mendoza en nombre del miedo.

En nombre del miedo aprobaron nuestros legisladores la ley para restringir excarcelaciones, también la ley de la policía secreta y ahora van por órdenes de allanamiento nocturnas y sin control por parte de los jueces. "Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí" (1945, Martin Niemoeller, pastor protestante, 1892-1984. Erróneamente atribuida a Brecht).

Se puede advertir con facilidad que el retroceso en términos de estándares de democracia es enorme.

El cerco informativo permite que estas cosas sucedan sin que salgan a la luz, agradecemos a Cuyo Noticias como lo hicimos con Mdzol que se animan a publicar estas palabras que buscan sencillamente hacer pública la existencia de la ley.

El periodista Horacio Verbistky, en su última nota titulada “El Enemigo”, se refirió a la ley promulgada por Jaque luego de ser propuesta por un legislador cobista y apoyada por la bancada demócrata. Allí atacó este tipo de leyes de “mano dura”, leyes que se aprueban casi sin discusión alguna y a veces como en este caso sin siquiera oposición.

LEYES DE MANO DURA – La Ineficacia Total.

Desde que comenzó el problema de la inseguridad a tomar cada vez mas lugar en los diarios y medios televisivos y desde el asesinato del hijo del falso ingeniero Blumberg, se aprobaron más de 100 leyes en la Nación y en Mendoza, llamadas de “mano dura”, con las cuales se pisoteó la Constitución Nacional y las leyes de la República e incluso el legislador de la derecha mendocina Aldo Giordano, conocido por su rol como Fiscal de Estado, llegó a hablar de que la Constitución Argentina estaba embarazada de los tratados de Derechos Humanos.

Es importante hacer notar que los Cassia, los Giordano y todos los promotores de leyes de “mano dura” lograron imponer su política y sin embargo la inseguridad y el delito siguen firmes.Esto indica sencillamente que sus leyes son muy eficaces para conseguirles votos a ellos mismos, pero muy ineficaces para resolver el problema de la inseguridad.

Dr. Pablo Gabriel Salinas

Primer Director de Derechos Humanos que tuvo la Provincia de Mendoza (renunció por oponerse a esta política de “mano dura”)

Operación Derecho saluda a Alberto Bovino en su cumpleaños...

2008-12-06T16:35:00.009-02:00

...

Al maestro Bovino

(principal mentor de 'Operación de Derecho')...

¡¡¡FELIZ MEDIO SIGLO!!!

Allanamiento e inviolabilidad de domicilio. Parte 2/2 – Un caso real: “el caso de la riñonera de sospechosas dimensiones”

2008-12-06T03:17:00.020-02:00

Por Cristian Penna

A continuación resumiré un caso real que resulta interesante a los efectos de analizar cómo, pese a lo que vimos en la entrada anterior (ver "Allanamiento e inviolabilidad de domicilio. Parte 1/2..."), en la práctica suelen convalidarse procedimientos llevados a cabo de manera ilegítima:

"El misterioso caso de la riñonera de 'sospechosas' dimensiones"

En el marco de la investigación de un homicidio, tras requerimiento del fiscal, un juez de garantías de la Provincia de Buenos Aires emitió sendas órdenes de allanamiento, manifestando que las mismas se emitían “a los efectos de proceder a la detención” del presunto autor del delito investigado.
Los domicilios comprendidos por tales medidas fueron los de diversos familiares de la persona buscada. Así, se llevaron a cabo tales allanamientos sin encontrar a quien se estaba buscando, pero encontrando en uno de los domicilios un arma de fuego, detentada por su tenedor sin autorización legal.
Como primera cuestión aclararé que el arma no tenía relación alguna con el homicidio que se investigaba, aunque ello resulte en realidad irrelevante puesto que la orden judicial no autorizaba a buscar elementos relacionados con el ilícito investigado sino sólo a la detención de su presunto autor. Lo que aquí en realidad nos interesa es el cuestionable modo en que tal arma fue hallada.
El acta de procedimiento labrada por el personal policial interviniente decía al respecto que en una de las habitaciones de la casa “…se observa en un ropero de madera a simple vista una riñonera de color negro (…) llamando la atención al Sargento […llamémoslo “Panzoti”…] por las dimensiones de la misma, que al levantarla en presencia del testigo y morador llama la atención el peso al abrirla observa que envuelta en una franela color amarilla (…) se encuentra un revólver…”.
En resumen, al morador de la casa (familiar de la persona a quien se estaba buscando) se lo procesó por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra (art. 189 bis inc. 2 párrafo 2 CP), delito por el que fue llevado a juicio y finalmente condenado, convalidación del registro ilegítimo mediante.

Analicemos un poco el caso expuesto:

Desde luego, considero que desde el primer momento se debería haber declarado la nulidad del procedimiento mediante el cual se llevara a cabo el secuestro que motivara las actuaciones estudiadas; ello, por haberse visto claramente excedidos durante el mismo los alcances que la autorización judicial había otorgado en respeto de lo dispuesto por el art. 219 CPPBA -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires- (que consigna que la misma deberá contener “la descripción de las cosas a secuestrar o personas a detener”).

Para ello baste con resaltar que la orden de allanamiento y detención aclaraba expresamente que el propósito -y por lo tanto los alcances- de la misma habían sido “proceder a la detención” de un familiar del imputado, y que en la misma no se había conferido autorización para buscar elemento alguno y por lo tanto para revisar detalladamente todo lugar de la vivienda en que no pudiera esconderse la persona buscada.

Justamente, tal como señala Carrió (“Garantías constitucionales en el proceso penal”, p. 292), la exigencia de hacer constar la finalidad del registro, encuentra apoyo en que no puede permitirse que la policía ingrese a un domicilio a buscar lo que sea y donde sea, y detenga personas o secuestre cosas indiscriminadamente, sino que el objetivo debe estar específicamente contemplado en la orden.

Y, si bien puede resultar cierto que, de acuerdo a reiterada jurisprudencia, de encontrarse durante el cumplimiento de la medida objetos que evidencien la comisión de un delito podrá procederse a su secuestro (doctrina denominada “a simple vista”), debe resaltarse que deben evaluarse con prudencia tales casos pues, siguiendo al mismo autor, lo que interesa es comprobar que la policía, en cumplimiento estricto de su cometido, se haya topado con dicho elemento inadvertidamente, lo que claramente no sucedió en el presente caso (surgiendo ello tanto del acta de procedimiento como de los dichos de los policías intervinientes).

Justamente, dicho personal policial afirmó haber encontrado el arma puesto que notaron una riñonera que les “llamó la atención por sus dimensiones” (o palabras similares utilizadas en reiteradas oportunidades en la causa); sin lugar a dudas, tales referencias a las “sospechosas dimensiones” (váyase a saber por qué pueden resultar “sospechosas” las dimensiones de una riñonera) fueron hechas en un intento de legitimar lo que resulta a todas luces ilegítimo a la luz de la Constitución Nacional; pero más allá de ello, de lo expuesto podemos preguntarnos lo siguiente:

(a) considerando que en general las riñoneras poseen tamaños similares, y aún siendo esta realmente grande, y siguiendo a las reglas de la lógica ¿cómo pudo de ello el personal policial inferir que en su interior podría encontrarse algún objeto ilegal?. Obviamente esto jamás fue explicado racionalmente (tal vez porque no pueda hacerse... ¿o estaremos acaso subestimando el agudo "olfato policial" del Sargento Panzoti?), y

(b) más allá de ello, incluso, recuérdese que los alcances de la orden judicial consistían sólo en detener a una persona, y por más grande que la riñonera fuera ¿podía encontrársela en su interior?, la respuesta es ridículamente evidente.

Es que, (i) no inlcuyendo la orden la necesidad de encontrar algún elemento en particular relacionado con un delito (más precisamente, uno que pueda ocultarse en una riñonera), (ii) no observándose en el caso elemento ilegal alguno a simple vista (jamás se puso en duda el hecho de que el supuesto revólver se encontraba oculto -envuelto en una franela y dentro de una riñonera que se encontraba sobre un ropero-) y (iii) no cabiendo -por supuesto- la persona a la que se ordenaba detener en una riñonera, el personal policial no estaba autorizado a revisar tal elemento.

Precisamente, el personal policial que llevó a cabo tal procedimiento ha excedido injustificadamente los alcances de la orden judicial de allanamiento otorgada; efectivamente, dicho personal ha revisado lo que no estaba autorizado a revisar, o en otras palabras, ha llevado a cabo una afectación de los derechos constitucionales del morador de la vivienda registrada superior a la legalmente autorizada.

Lo expuesto constituye una clara vulneración de la garantía de inviolabilidad del domicilio como derivación del derecho a la intimidad, consagrada expresamente en el art. 18 CN y en diversas normas supra-nacionales con jerarquía constitucional como los arts. IX DADDH, 12 DUDH, 11.2 y 3 CADH, 17.1 y 2 PIDCP en función del art. 75 inc. 22 CN, por lo que el procedimiento que originara las actuaciones analizadas debería haber sido declarado nulo por padecer de una nulidad absoluta, que debido a las normas constitucionales afectadas puede ser solicitada y declarada (aún de oficio) en cualquier estado del proceso (arts. 210, 203 y ss. CPPBA).

Lo contrario implicaría:

(a) por un lado, aceptar que el Estado se valiera de los resultados de una actividad manifiestamente ilícita con el sólo propósito de mantener la validez de un proceso penal y apoyar sobre él una sentencia judicial, lo que claramente no podría ser ni constitucional ni éticamente tolerado porque implicaría constituir a la justicia como beneficiaria del hecho ilícito y contrariaría el genérico derecho al debido proceso (conf. CSJN, fallos: 46:36; 303:1938; 306:1752; 308:733); y en efecto, tal como señalara Carrió en la obra anteriormente citada, más allá del sostén constitucional de lo que afirmamos, el fundamento tiene un carácter ético ya que el valor justicia se vería seriamente comprometido si quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes –los policías– las violan, y si quienes deben basar en ellas sus acusaciones y sentencias –fiscales y jueces– las fundan en la prueba obtenida mediante la comisión de otro delito; y

(b) por otro lado, llevaría a cuestionar en la práctica la necesidad de que las fuerzas policiales actúen respetando las pautas y límites que el estado constitucional de derecho establece en resguardo de las garantías individuales de todos sus ciudadanos (¿por qué el Sargento Panzoti se molestaría la próxima vez en solicitar una autorización judicial si de todos modos su mal accionar resulta luego convalidado?).

Por lo tanto, una vez excluidos del proceso tanto el acto nulo como la prueba derivada de él (art. 207 CPPBA), y mientras no exista otra fuente de investigación independiente, hubiera correspondido sobreseer a quien resultara imputado en las actuaciones estudiadas.

A modo de resumen conclusivo recuerdo que, como suele ser lamentablemente habitual, lo que planteamos no se vió respetado en la práctica; el proceso fue, como se adelantó, convalidado y el imputado procesado y condenado... Y del Sargento Panzoti no supe más nada pero imagino que habrá seguido efectuando mal su trabajo, después de todo ¿por qué se molestaría en hacerlo de otro modo?...

Allanamiento e inviolabilidad de domicilio. Parte 1/2 – Breves consideraciones teórico-jurídicas

2008-12-05T21:00:00.012-02:00

Por Cristian Penna

Al hablar de la protección del domicilio nos estamos refiriendo a una de las derivaciones del derecho a la intimidad. En el derecho argentino, esta garantía se conoce desde los comienzos; siendo contemplado en todos los proyectos constitucionales, y adoptado en la Constitución de 1853/60, contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional (CN), y sin sufrir alteraciones hasta la actualidad.

A su vez, tal protección ha sido reafirmada a partir de los distintos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), los que contienen similares fórmulas: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. IX), Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 12), Convención Americada de los Derechos Humanos (art. 11.2 y 3) y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 17.1. y 2).

Así, el artículo 18 de la CN establece que “el domicilio es inviolable, como así también la correspondencia y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.

Así, este artículo protege fundamentalmente el derecho a la intimidad. Y, expresamente resguarda de cualquier injerencia del estado a:
- la correspondencia,
- los papeles privados,
- y en cuanto a lo que hoy nos atañe, el domicilio.

Es decir que, en principio, el domicilio es inviolable.

Pero, nótese que si bien tal artículo establece como regla la inviolabilidad de aquel, reconoce también expresamente la posibilidad del estado de ingresar en ese ámbito de intimidad (“… podrá procederse a su allanamiento y ocupación…”), en este caso a través del allanamiento, que consiste en el registro de un domicilio, que persigue un hallazgo de cosas o personas relacionadas con la investigación de un delito, o la detención de un imputado.

Pero, como condición de validez, el mencionado artículo aclara que una ley deberá regular las condiciones de procedencia del allanamiento (“…una ley determinará en qué casos y con qué justificativos…”). Y, lo cierto es que son numerosas sus normas reglamentarias, pero en el ámbito del derecho penal (y dejando de lado respetables discusiones al respecto) podría decirse que es la que regula el procedimiento penal, siendo, por ejemplo, para el ordenamiento nacional y federal el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), y para el provincial el Código Procesal Penal de la Provincia de Bs. As (CPPBA).

Para que la garantía no se vea alterada, y por lo tanto, para que un allanamiento sea válido, se deben respetar una serie de requisitos o exigencias:

- Orden judicial:

Si bien en rigor la CN no impone expresamente que la orden de allanamiento deba emanar de los jueces, lo cierto es que la regla constitucional (arts. 5, 18, 31 y 116 CN) prevé que los jueces son los custodios de las garantías constitucionales. Son ellos los encargados de decidir sobre la persecución penal (juicio previo-juez natural) y entre otras decisiones que les corresponden, se halla la que autoriza estas injerencias excepcionales.

Coherente con esto, como regla, el artículo 224 CPPN, del mismo modo que el artículo 219 CPPBA, exigen orden judicial. Aunque en casos determinados, el artículo 227 CPPN, así como el artículo 222 CPPBA, regulan las excepciones a tal exigencia (se trata básicamente de casos de urgencia o peligro en la demora –necesidad-, pero de todos modos, la medida debe ser sometida cuanto antes a la posterior autorización judicial).

En función del artículo 224 CPPN y del artículo 219 CPPBA, que reiteran las mandas establecidas en los artículos 123 CPPN y 106 CPPBA respectivamente, la orden judicial de allanamiento debe ser emitida por auto fundado. Por lo que, si no hay motivos previos, ni siquiera un juez está autorizado a ordenarlas.

Ello significa que el juez, en el auto que ordena la diligencia, debe explicar los motivos que lo llevan a disponerla, con una evaluación razonada de los antecedentes en que se apoya. La errónea fundamentación o su carencia provocan una nulidad de carácter absoluto (artículos 168, 2do párrafo CPPN y 203 CPPBA) dada la intensidad de la afectación de la garantía constitucional en cuestión.

El allanamiento puede ser llevado a cabo personalmente por el juez (en este caso no se exige orden escrita), o éste puede delegarlo en el fiscal o en las fuerzas de seguridad (en este caso la orden será emitida por escrito y deberá contener: la identificación de la causa en que se libra, la indicación concreta del lugar que será registrado, la finalidad con que se practicará el registro y la autoridad que lo llevará a cabo).

La exigencia de hacer constar la finalidad del registro, encuentra apoyo en que no puede permitirse que la policía ingrese a un domicilio a buscar lo que sea y donde sea, y detenga personas o secuestre cosas indiscriminadamente, sino que el objetivo debe estar específicamente contemplado en la orden (CARRIÓ, por ejemplo, critica la falta de regular observancia de esta exigencia en la práctica tribunalicia, propensa conceder a la policía autorizaciones genéricas tales como facultarla a secuestrar “todo lo relacionado con un delito” o similares).

Sin embargo, existen reiterados pronunciamientos jurisprudenciales (recogidos en el último párrafo del art. 224 CPPN) que admiten que si en cumplimiento de la orden de allanamiento se encontrasen objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se procederá a su secuestro y se le comunicará al juez o fiscal interviniente. Es la plasmación legislativa de la doctrina de “a simple vista” creada por la Corte de los EE.UU. (Pero, debemos resaltar que estos casos deben evaluarse con prudencia, teniéndose en cuenta que lo que se contempla es que la policía se haya inadvertidamente topado con un elemento constitutivo de un delito distinto de aquel que se dispuso en la diligencia)

- Persecución penal concreta y cierto grado de conocimiento del hecho:

Ya habíamos dicho que se exige una orden judicial fundada en un motivo suficiente para proceder.
Esto es por cuanto esta medida sólo puede autorizarse ante la existencia de una persecución penal concreta, dirigida a investigar un delito determinado, en la que exista un cierto grado de conocimiento sobre él (conocimiento de un hecho punible identificado). El Estado, a través de sus órganos, no puede disponer una medida de este carácter para “ver si encuentra un delito o algo relacionado con él”, sino que debe contar con elementos suficientes para justificarla.

- Necesidad de la medida:

La medida debe ser absolutamente necesaria para impedir el resultado de un delito, o para asegurar elementos de prueba, o para detener al presunto autor. Debe ser utilizada como última ratio del sistema, pues si existe otra medida menos gravosa para la intimidad, debe preferirse.

Finalmente, y para terminar ésta entrada, sólo aclararé que intencionalmente dejamos de lado el desarrollo de diversas reglas para llevar a cabo el allanamiento, relacionadas básicamente a los límites temporales y formalidades a cumplir durante la realización del mismo.

Ver la parte 2/2 - "El caso de la riñonera de sospechosas dimensiones"

[DES]INFOBAE y su amarillismo desinformador

2008-11-22T19:57:00.013-02:00

[DES]INFOBAE parece seguir fiel a su amarillismo malinformador. Lean el título (recuadrado) de la nota cuya imagen está abajo (click para ver la nota original):

"Otro macabro asesinato pone en el banquillo a la justicia garantista y sus beneficios"

Jamás pensé que alguien pudiera llegar a cuestionar tan expresa y abiertamente las garantías constitucionales... que alguien pudiera sugerir tan brutalmente la necesidad de analizar sus "beneficios"

¿Se trata acaso de una especie de campaña pro-abolición de las garantías constitucionales?

¿Qué dirían los responsables de la nota (y unos cuantos lectores que seguramente adhieren al planteo) si el Estado les vulnerara tales garantías? ¿Si por ejemplo el Estado mismo los torturara o los privara ilegítimamente de su libertad?

¿O acaso pensarán que hay que respetar las garantías de algunos pero no las de otros? ¿Garantías según clase social?

Profesores de la Facultad de Derecho se oponen al proceso de enjuiciamiento del Juez Schiavo

2008-11-14T12:21:00.010-02:00

Como suele ser lamentablemente habitual ante trágicos hechos mediáticos y que conmocionan a la opinión pública, la sociedad reclama responsables y el poder político sacrifica a algún chivo expiatorio para calmar tal sed de sangre. Los mediáticamente denominados "crímenes de Campana" parecen no ser la excepción.

En respuesta a ello, reconocidos profesores de derecho penal y criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires expresaron su opinión con respecto al proceso de enjuiciamiento por el que se pretende destituir al Juez de Garantías de San Martín Nicolás Schiavo, a quien se pretende hacer responsable de los trágicos hechos mencionados.

Expresamos nuestra adhesión y transcribimos el texto a continuación:

"Los profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abajo firmantes, deploramos la decisión de abrir el procedimiento de enjuiciamiento del juez de Garantías de San martín Nicolás Schiavo, promovido por las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires atribuyéndole a su proceder vinculación con delitos perpetrados en la ciudad de Campana.

La pública conmoción ocasionada por el múltiple homicidio de los integrantes de una familia, ha sido inescrupulosamente aprovechada para descalificar indirectamente -sin dar razones valederas, ni argumentos válidos-, el obrar cotidiano de quienes, en su función como operadores jurídicos, aplican los principios constitucionales y los conocimientos que se imparten y elaboran en ésta Facultad, entre cuyos integrantes está el profesor Nicolás Schiavo.

La circunstancia de que se haya otorgado en el mes de febrero de 2007 una morigeración de la prisión preventiva (control por monitoreo electrónico) a una persona, no puede racionalmente ser considerada causa o condición de la autoría material de los homicidios mencionados, aunque hoy se le imputen a quien fuera sujeto de dicha medida.

Pedir la destitución de un juez que otorga la morigeración de la prisión preventiva prevista en la ley en un proceso menor, largamente demorado y que no concluyó ni lo hará próximamente por defectos estructurales de la administración de justicia, asociando su proba labor con un delito cruel, sólo agrega confusión y alienta la crueldad e irracionalidad que en modo alguno constribuirá a disminuir la violencia. Tampoco lo han logrado las equivocadas reformas legales introducidas durante el último lustro al Código Penal o la denegación de morigeraciones o excarcelaciones o la ejecución hasta su agotamiento de las penas privativas de la libertad que se estimula desde los otros poderes del estado, cuyo fracaso práctico ha quedado hoy en evidencia, como lo demuestra la crónica policial cotidiana.

Los abajo firmantes instamos a las autoridades competentes a desestimar por su fundamento irracional el procedimiento de remoción abierto contra el Juez de Garantías y Profesor de esta Casa de Altos Estudios Nicolás Schiavo."

La nota cuenta con las firmas y/o adhesiones de los profesores Julio Maier, David Baigun, Alberto Bovino, Edmundo Hendler, Lucila Larrandart, Gustavo Bruzzone, Andrés D'Alessio, Daniel Pastor, Ignacio Tedesco, Gabriel Anitua, L.M.R.M. Bunge Campos, Héctor Magariños, Fernando Córdoba, Sergio Delgado, Andrés Harfuch, Gustavo Garibaldi, Leonardo Pitlevnik y Mariano Ciafardini, entre otros.

A continuación, las imágenes de dicho texto -click para agrandar- (*):

(*) Robadas de "No Hay Derecho"

Ya que se habla tanto de bajar la edad de imputabilidad...

2008-11-13T16:17:00.010-02:00

En épocas donde no para de hablarse de la estupidez de "bajar la edad de imputabilidad", me pareció oportuno robar esta nota (pueden ver la original en: http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=14515)

Elías Neuman y los menores delincuentes

“Bajar la edad es pura demagogia”

El reconocido criminólogo sostiene que el verdadero problema es el de los menores excluidos y la falta de políticas públicas. Opina que nadie sale a robar con el Código Penal bajo el brazo.

Por Fernanda Nicolini - 29.10.2008

Más allá de las aclaraciones por parte del Ministerio de Justicia bonaerense acerca de impulsar la idea a nivel nacional de reducir la edad de imputabilidad sólo para algunos delitos, Elías Neuman, reconocido criminólogo, profesor de la UBA y autor de decenas de libros, es tajante: "Bajar la edad de imputabilidad suena a medida demagógica y sin mayor sustento. Porque ése no es el problema, ni nunca lo fue. El problema es la carencia de políticas criminológicas con respecto a niños y jóvenes".

–¿Por qué algunas personas creen que sería una solución?

–Porque creen que la pena disuade. Pero el chico o el adulto que va a cometer un delito no lleva el Código Penal bajo el brazo. Voy a poner un ejemplo: en el país existe la pena de muerte extrajudicial, es el llamado gatillo fácil, que sucede tanto en la calle como dentro de las cárceles. A pesar de que el delincuente sabe que si sale a robar y las cosas resultan mal puede recibir la muerte instantánea, adentro o afuera, sale igual. El problema de fondo es otro.

–¿Cuál?

–El problema con los chicos, algo que el gobernador Scioli debería saber antes de ponerse a hablar de estas cosas, es que son en su mayoría, diría en un 98 por ciento, excluidos sociales. En el sentido de falta de un lugar digno para vivir, falta de educación, de nutrición adecuada y, quien lea las historias clínicas de los presos adultos que están hoy en las cárceles, verá que esas historias te hablan de hogares disociados y eyectores. El chico no gana la calle o el paco por deporte, es una respuesta al hecho de que tiene una verticalidad terrible sobre sí y sobre todo falta de amor. Entonces cuando los políticos piensan en un programa dicen algo facilongo como "achicamos la edad". Pero no hablan de la única solución que baja el delito como el pleno empleo, por ejemplo. Quizás es porque cierta gente les dejó de interesar. En el capitalismo industrial, aunque no quiero decir que haya sido muy bueno, el ser humano interesaba porque era un eslabón de la cadena de producción. Hoy no, es un capitalismo financiero y de servicios, entonces ¿qué interesan esas personas?

–¿En otros países se ha bajado la imputabilidad como medida?

–Hay países que son un aquelarre, como México, donde yo también trabajo. Allí hay 32 estados y cada uno tiene un estatuto de menores y cada cual le pone la edad que quiere, de modo que si cometés un delito en un estado a los 15 años, sos imputable, y si cometés el mismo a poquísimos kilómetros cruzando la frontera, no sos imputable. No cambia nada. Por eso no es con un cambio numérico como se solucionan estas cosas. En un país donde la mayor tragedia es el hambre, éstos no son problemas jurídicos sino sociales. Porque para que se cumplan las leyes, lo primero que hay que hacer son políticas de prevención y no de represión, porque con la represión se llega a un punto en el que lo único que importa es la venganza. Además, la pena de prisión ya no es la que restringe la libertad deambulatoria o locomotiva, la pena de prisión hoy aniquila la identidad y la dignidad de la persona, que es el principal derecho humano. Habría que llamarla pena de martirio.

–Hoy por hoy, cuando un menor de 16 delinque, ¿qué sucede?

–Queda a criterio del juez y puede terminar en uno de los muros de estos reformatorios que en realidad son deformatorios absolutos. Lo que ocurre en ellos es terrible porque allí estos chicos subrayan sus resentimientos. Son verdaderas cárceles de menores, no otra cosa. El encierro implica días calcados, derechos de piso que hay que pagar que muchas veces son escabrosos; es lo más lejos que hay de la reeducación, sólo sirven para sacar de ahí a un delincuente de verdad.

–¿Cuál sería un modelo de reeducación?

–Paradójicamente, en la provincia de Buenos Aires también hay sitios y fundaciones para chicos que funcionan muy bien. Y pongo como ejemplo Pelota de Trapo, en Avellaneda, en donde trabajé. Scioli lo tiene muy cerca y lo puede ir a ver. Hay chicos de la calle que vivieron ahí y hoy son profesores de Computación, estudian Derecho, Psicología. Y a estos chicos nadie les pregunta si delinquieron o no.

–Pero frente a la hipótesis de que se baje la imputabilidad, ¿qué pasaría?

–Nada, no pasaría nada. El delito va a continuar porque, vuelvo a insistir, la pena no disuade. ¿Desde cuándo disuade una pena? Por supuesto que soy partidario de estudiar la temática empezando a pensar de qué chicos se trata: son chicos de abajo y excluidos sociales. Por eso habría que hacer un análisis si la inseguridad social no es en realidad un paradigma del modelo neoliberal. ¿No será que el miedo social es industrializado ahora políticamente para reproducir el sistema?

–¿Y quién se beneficia de esta politización del miedo?

–Yo escribí un libro algo surrealista que se llama Los que viven del delito y los otros, la delincuencia como industria. Y ahí estudio: si el delito fuese un hecho normal y no fuera algo disvalioso, imputable y punible, ¿quiénes dejarían de trabajar? En este momento vos no estarías trabajando y yo no estaría hablando. Desaparecería la industria de la seguridad, de las casas en los countries, la policía, los jueces, los abogados. Y si esto es una industria, ¿cuál es la materia prima? Son los chicos, esos mismos chicos a los que se los vacían en los grandes silos que son las cárceles o reformatorios y se los moldea con una proyección de resentimiento absoluta. Por eso después cometen los delitos que cometen. Y esto me lleva a otra pregunta: ¿por qué siempre que se habla de violencia social se enfoca el delito de abajo? Yo no voy a negar que es dramático porque víctima y victimario se ven, gritan, matan, mueren. Pero ¿qué ocurre con los delitos económicos? Yo puedo asegurar que un solo delito de corrupción tiene un coste social y económico para el país ciento de miles de veces más grande que aquel detrimento económico causado por los que están en prisión.

ATENCIÓN "HAY PRESOS LIBRES!!!"

2008-11-04T15:38:00.005-02:00

Hay algo un poquito contradictorio.
El pasado domingo 2/11/08, en la tapa del diario Clarín salio un nota que está buena, lástima que con la intención de hacerlo bien alarmista, le erraron en el título.
No dejar de leer la opinion de Marcos Salt y Gustavo Palmieri.

CIFRAS DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE Y DE LOS PATRONATOS DE LIBERADOS
Son 14 mil los presos que están libres en la Capital y la Provincia
Se trata de personas que fueron detenidas por algún delito y que accedieron a distintas formas de excarcelación. Dicen que el 30% de los liberados bonaerenses vuelve a delinquir. Los especialistas afirman que falla toda la política criminal.
Por: Virginia Messi

Según cifras del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y de los patronatos de liberados, a las que tuvo acceso Clarín, más de 14 mil personas detenidas, acusadas de cometer delitos en Capital y Provincia de Buenos Aires, están en la calle beneficiadas con libertades condicionales, transitorias, salidas laborales o detenciones domiciliarias.El tema se instaló en el centro del escenario de la inseguridad a partir de resonantes casos policiales protagonizados por presos con prisión morigerada. En julio estalló la primera ola de cuestionamientos al sistema cuando Angel Fernández (un preso beneficiado con el monitoreo por pulsera electrónica pese a tener antecedentes por violación, robo y homicidio) mató al matrimonio Mansilla y a su dos hijos, de 12 y 8 años, en Campana.La cuestión se reavivó a mediados de octubre con un caso de Capital: un carnicero (Abel Rossi) fue asesinado en el barrio de Versalles al intentar evitar un asalto a una farmacia. Uno de los delincuentes -muerto luego en un tiroteo con la Policía- era un joven de 21 años, Jonathan Errecalde, que gozaba de salidas transitorias y estaba prófugo por no haber vuelto al instituto donde cumplía una condena por homicidio. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, pidió el juicio político del magistrado que le concedió el beneficio.Ambos casos pusieron bajo la lupa sobre todo a los jueces (ver Ofensiva...), pero también al servicio penitenciario y a los patronatos de liberados que "tutelan" gran parte de los presos en libertad. Las críticas incluyeron declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner y del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.El cuádruple crimen de Campana, por caso, generó la decisión del Ministerio de Justicia bonaerense de poner al Patronato de la provincia a trabajar full time en las prisiones domiciliarias con pulsera electrónica (hasta entonces bajo el control exclusivo del SPB). Esto provocó un fuerte reclamo de los trabajadores, quienes lograron mitigar la medida. Ellos se quejan de estar saturados: "Cada asistente tiene bajo su responsabilidad entre 60 y 300 casos, y no 30 como marca la ley".Según lo que aseguran en off fuentes oficiales, se calcula que al menos un 30% de los presos bonaerenses que salen en libertad condicional vuelve a delinquir."Nosotros realizamos un estudio sobre la población de las cárceles federales -que es mucho menor a los penales bonaerenses- y descubrimos que, al cabo de cinco años, seis de cada diez presos que habían sido liberados volvían a caer detenidos", explicó a Clarín Martín Gershnik, director ejecutivo de "Unidos por la Justicia", una ONG integrada por jueces, fiscales y abogados. "Hay cosas que mejorar en la Ley de Ejecución. Por ejemplo, que permite dar salidas transitorias demasiados flexibles. Pero nada se soluciona con restringir todas las libertades, subir las penas y construir cárceles. Hay que apuntar al tratamiento y seguimiento de los detenidos. Hoy, las cifras muestran que el sistema es un fracaso", agregó Gershnik.La contracara del problema de los presos liberados es el de los presos sin condena. De acuerdo a datos del propio sistema penitenciario, entre el 60% y el 80% de los presos que está en prisión no ha tenido juicio. Por lo tanto, a estos reclusos nadie, todavía, los declaró culpables. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo de mayo de 2005, ya había alertado sobre el abuso de las prisiones preventivas. Para Marcos Salt, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA, el tema carcelario "no se puede analizar ni mejorar de forma aislada. Lo que ocurre es consecuencia de una falta absoluta de programación de un plan de política criminal. Esta tiene que articular medidas de prevención, asistencia social, educación, funcionamiento de la Justicia y órganos policiales". Para él, "las medidas coyunturales no sirven. El camino es diseñar un programa integral"."En la Argentina, la tasa de encarcelamiento creció de 63 personas cada 100.000 habitantes (en el año 1992) a 156 personas cada 100.000 en la actualidad. No hace falta tener más gente en la cárcel, eso nunca resolvió los problemas de seguridad", opina Gustavo Palmieri, del CELS. Cristina Caamaño, fiscal penal y miembro del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), subraya el bajo nivel de recaída en el delito de los ex alumnos del CUD (Centro Universitario de la cárcel de Devoto) y lo señala como una senda a seguir. "Sólo el 3% vuelve a tener problemas", señaló Caamaño.La fiscal participó en la elaboración de un proyecto ley presentado en agosto en la Cámara de Diputados de la Nación, en el que se plantea estimular la educación en las cárceles beneficiando a los presos que aprendan un oficio o completen un ciclo educativo.

PENA DE MUERTE 1

2008-10-25T14:46:00.024-02:00

Cuando cursé la materia "Derechos humanos" (hace ya bastante tiempo, en mis primeros años como estudiante de derecho), uno de los textos de estudio sobre el tema "pena de muerte" era el que sintetizo en la presente entrada... no tengo mayores referencias sobre él, salvo que (al menos según lo dicho por el profesor a cargo del curso) se trataba de un artículo publicado por la organización "Amnistía Internacional"...

Me pareció oportuno publicarlo en éste blog, en épocas en las que ciertos hechos de violencia social (comunmente llamados "de inseguridad") canalizan a buena parte de la opinión pública (con la "ayudita" de ciertos discursos políticos y de medios de comunicación afines) a debatir la conveniencia de aplicación de tan nefasta herramienta y, en muchos casos, a inclinar la balanza a favor de su implementación.

Creo que tales argumentos pueden basarse básicamente: (a) en una cuestión de desconocimiento o ignorancia respecto del tema y de otros relacionados, o (b) en el odio a la humanidad y el desprecio a la dignidad humana (es decir, en una hijadeputez). Creo, también, que afortunadamente son más los del primer grupo que los del segundo...

Lamentablemente, tal como afirmaban en la revista "No Hay Derecho", el sólo hecho de tener que estar discutiendo el tema es, ya, un retroceso de siglos de evolución en materia de respeto a la dignidad humana... "el tener que pelear esta guerra ya significa una derrota".

Respuestas de "Amnesty International" en torno a la pena de muerte:

¿Por qué A.I. se opone a la pena de muerte?

A.I. se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte es la negación suprema de los derechos humanos. Es el asesinato premeditado y a sangre fría de un ser humano por parte del Estado y en nombre de la justicia. Es la violación del derecho a la vida tal como lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el castigo más cruel, inhumano y degradante que existe (...)

La pena de muerte es discriminatoria y con frecuencia se la aplica de forma desproporcionada en contra de los pobres, de las minorías y de los miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas. Se la impone y ejecuta arbitrariamente.

La pena de muerte coloca el sello de aprobación a un acto irreversible de violencia por parte del Estado y además, nada impide que recaiga sobre víctimas inocentes. Mientras la justicia humana siga siendo propensa al error, nunca se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a un inocente (...)

¿La pena de muerte es utilizada por los gobiernos para eliminar voces disidentes?

La pena de muerte se ha utilizado y se sigue utilizando como herramienta de represión política, como una forma de callar para siempre a los opositores políticos o de eliminar a los individuos políticamente "molestos". en la mayoría de los casos, las víctimas son condenadas a muerte como resultado de juicios corrompidos por la parcialidad y la injusticia. Es la naturaleza irrevocable de la pena de muerte la que la hace tan tentadora como herramienta de represión. Miles de personas han sido asesinadas bajo un gobierno sólo para ser reconocidas como víctimas inocentes al llegar al poder un nuevo gobierno. Mientras la pena de muerte siga siendo aceptada como una forma legítima de castigo, seguirá existiendo la posibilidad del abuso político. Sólo su abolición puede asegurar de que éste abuso político de la pena de muerte nunca vuelva a producirse.

¿Qué dice el derecho internacional acerca de la pena de muerte?

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 en respuesta a la tremenda magnitud de la brutalidad y el terror ejercidios por los Estados durante la Segunda Guerra Mundial, reconoce el derecho de cada persona a la vida y afirma categóricamente que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" (...)

Esta posición recibe mahyor respaldo mediante la adopción de tratados internacionales y regionales que proccuran la abolición de la pena de muerte (...) [como: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Europea de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Etc.]

¿Qué opina del argumento que afirma que la pena de muerte es una herramienta importante de la que dispone el Estado para la lucha contra el crimen?

Demasiados gobiernos piensan que pueden resolver problemas sociales y políticos urgentes ejecutando a unos pocos o incluso a cientos de personas condenadas por crímenes. Demasiados ciudadanos en demasiados países todavía no se han dado cuenta de que la pena de muerte no ofrece a la sociedad más protección sino mayor brutalidad. Estudios científicos han fracasado una y otra vez al intentar demostrar de forma convincente que la pena de muerte tiene un mayor impacto disuasivos sobre el crimen que otros tipos de castigo. Los resultados de la última encuesta de las Naciones Unidas sobre investigaciones acerca de la relación entre la pena de muerte y las estadísticas de homicidios, llevada a cabo en 1988 y actualizada en 1996, llegó a la conclusión de que "...la investigación no ha conseguido demostrar científicamente que las ejecuciones tengan mayor efecto disuasivo que la cadena perpetua. Y no es probable que lo consiga próximamente. En conjunto, las pruebas científicas no ofrecen ningún respaldo a la hipótesis de la disuasión".

No se debe dar por sentado que quienes cometen crímenes tan graves como el asesinato lo hacen después de calcular racionalmente las consecuencias. Con frecuencia, los asesinatos se cometen en situaciones en las que la emoción supera a la razón, o bien bajo la influencia de drogas o alcohol. Algunos perpetradores de delitos violentos son personas altamente inestables o mentalmente enfermas (...) En ninguno de estos casos se puede esperar que el miedo a la pena de muerte evite el crimen. Además, es muy probable que quienes cometen delitos graves de forma premeditada decidan seguir con sus planes a pesar de todo, convencidos de que no serán atrapados. La clave de la disuación en estos casos es aumentar la posibilidad de detección, arresto y condena (...)

¿No resulta necesario ejecutar a ciertos condenados para evitar que reincidan en sus crímenes?

Al contrario de lo que ocurre con la pena de prisión o reclusión, la pena de muerte involucra el riesgo de cometer errores judiciales que nunca podrán corregirse. Siempre exxiste el riesgo de ejecutar a condenados que sean inocentes. La pena de muerte no impedirá que repitan un crimen que en primer lugar nunca cometieron. También es imposible determinar si las personas ejecutadas habrían realmente repetido los crímenes de los cuales se las acusó. La ejecución significa quitar la vida de personas condenadas para evitar hipotéticos crímenes futuros, muchos de los cuales probablemente nunca se cometerían. Además, niega el principio de la rehabilitación de los delincuentes (...)

La solución ciertamente no se encontrará aumentando la cantidad de ejecuciones.

Pero, ¿quienes cometen un crimen aberrante o matan a otra persona no merecen morir?

No se puede utilizar una ejecución para castigar un asesinato. Un acto de esta naturaleza por parte del Estado es exactamente equivalente al deseo del criminal de ejercer violencia física contra su víctima. Además, todos los sitemas judiciales penales son vulnerables a la discriminación y los errores. No se puede concebir que ningún sistema sea o pueda ser capaz de decidir de forma imparcial, coherente e infalible quién debe vivir y quién debe morir. La conveniencia, las decisiones caprichosas y la opinión pública predominante pueden influenciar los procedimientos desde el arresto inicial hasta la decisión de último momento sobre la posible clemencia.

El punto principal con respecto a los derechos humanos es que son inalienables: son inherentes por igual a cada ser humano sin tener en cuenta su condición social, raza, religión u origen. No se puede despojar a una persona de sus derechos humanos aunque haya cometido un delito. Los derechos humanos se aplican no sólo a la mejor parte de una persona sino también a la peor, razón por la cual su función es proteger a todas las personas. Nos protegen de nosotros mismos.

Además, la experiencia demuestra que, siempre que se aplica la pena de muerte, algunas personas mueren mientras que otros que han cometido delitos similares o peores pueden salvarse. Los condenados que son ejecutados no son necesariamente sólo aquellos que han cometido los peores delitos, sino también aquellos que eran tan pobres que no pudieron contratar abogados experimentados que los defendieran o aquellos que debieron enfrentar a fiscales o jueces más severos (...)

¿Cómo pueden los estados abolir la pena de muerte si la mayoría de las personas está a favor de ella?

Las razones por las cuales existe un respaldo a la pena de muerte aparentemente importante entre el público en general pueden ser complejas y no tener ninguna base real. Si se informara plenamente a la opinión pública acerca de la realidad de la pena de muerte y su aplicación, es posible que muchos estarían dispuestos a aceptar su abolición. Las encuestas de opinión, que a menudo parecen indicar un apoyo aplastante a la pena de muerte, tienden a simplificar la complejidad de la opinión pública y el grado en el que dicha opinión se basa en la comprensión bien informada de la situación de la actividad criminal en el país, sus causas y los medios de los que se dispone para combatirla (...)

No se justificaría que un gobierno torturara a un prisioner famoso por sus crímenes o persiguiera a una minoría étnica impopular simplemente porque la mayoría de la opinión pública así lo exige. Durante siglos la exclavvitud fue legal y ampliamente aceptada. Su abolición se produjo tras años de esfuerzo por parte de quienes se oponían a esta actividad basándose en fundamentos morales.

¿La inyección letal es la forma más indolora y humanitaria que existe para matar a una persona?

Han surgido problemas en el uso de la inyección letal. Durante la primera ejecución en la que se aplicó una ineyección letal en Guatemala, el 10 de febrero de 1998, los que debían encargarse de aplicar la inyección letal a Manuel Martínez Coronado aparentemente estaban tan nerviosos (según se dice, en parte debido al llanto perturbador de la esposa e hijos del condenado) que tardaron mucho tiempo en colocar la cánula a través de la cual se administraría el veneno. Luego, un corte del suministro de energía eléctrica durante la ejecución hizo que el flujo de veneno se detuviera y el prisioner tardó 18 minutos en morir. Esta experiencia penosa se transmitió en vivo a través de la televisión estatal. En los EE.UU., se cometieron torpezas en una gran cantidad de ejecuciones realizadas mediante la inyección letal, como por ejemplo problemas cuando las venas del psirionero estaban en malas condiciones debido al abuso de drogas inyectables.

La inyección letal evita muchos de los efectos desagradables propios de otras formas de ejecución: mutilación y hemorragia en la decapitación, el olor a carne quemada de la electrocución, imágenes y/o sonidos perturbadores en la cámara de gas y la horca, el problema de que los ejecutados derequen u orinen involuntariamente. Por esta razón, es posible que este método sea menos desagradable para quienes llevan a cabo la ejecución. Sin embargo, la inyección letal aumenta el riesgo de que el personal médico se vea involucrado en ejecuciones dispuestas por el estado, violando así los principios establecidos de la ética médica.

Cualquier forma de ejecución es inhumana. Todos los métodos conocidos pueden ser dolorosos y tener sus propias características desagradables. Por otra parte, se debe tener en cuenta que la pena de muerte no abarca solamente los minutos que transcurren desde que el prisionero es retirado de su celda y es ejecutado, sino que el prisionero vive con la pena de muerte pendiendo sobre su cabeza desde el momento en que se lo condena hasta el momento en que pierde el sentido y muere.

La búsqueda de una forma "humanitaria" de quitarle la vida a una persona debe interpretarse como lo que es: el intento de que las ejecuciones sean más aceptables para quienes deben llevarlas a cabo, para los gobiernos que desean parecer más humanos y para la opinión pública en cuyo nombre se lleva a cabo la ejecución.

EL COSTO.

La pena de muerte es mucho más costosa que cualquier sistema en el que la pena máxima es la reclusión perpetua.

- Un estudio realizado en Nueva York estima que el costo de una ejecución es tres veces mayor que el de la reclusión o prisión perpetua.

- En Florida, cada ejecución le cuesta al Estado U$S 3,2 millones, en contraste con el costo de U$S 600.000 de la prisión perpetua.

- Estudios realizados en California, Kansas, Maryland y Carolina del Norte han llegado a la conclusión de que la pena capital es mucho más costosaa que mantener a alguien en prisión de por vida

Los mayores costos de la pena de muerte se producen antes y durante el juicio, no en los procedimientos posteriores a la condena. Aún si se abolieran estos procedimientos, el sistema de la pena de muerte seguiría siendo más costoso que cualquier alternativa.

- En el sistema de pena capital, los juicios se dividen en dos fases distintas: sentencia y determinación de la pena. En general, estas etapaas se ven precedidas por mociones especiales e interrogatorios adicionales para la selección de jurados.

- En los casos de pena de muerte, los costos de investigación son por lo general mayores, especialmente para la fiscalía.

- Estos costos se producen aún cuando en la mayoría de los casos en los que puede imponerse la pena de muerte se decide una pena distinta, y aunque un alto porcentaje de las condenas a muerte son anuladas en la primera apelación, exigida por la Constitución.

- En los casos de juicios penales en los que se puede exigir la pena capital pero el veredicto resulta ser oro más leve, o si la pena de muerte es revocada posteriormente, los contribuyentes deben pagar todos los costos adicionales de los procedimientos ejecutados antes y durante el juicio y además deben pagar el costo de la prisión perpetua del condenado, o los costos de un nuevo juicio (que a menudo resulta en un veredicto de prisión perpetua).

La pena de muerte desvía recursos que podrían ser aplicados para tomar medidas realmente efectivas contra el crimen.

(...)

De la revista No Hay Derecho: "LA TORTURA NO EXISTE MI AMOR"

2008-10-14T14:10:00.012-03:00

Es muy interesante el siguiente artículo, piensen que fué escrito y publicado en 1990... y 18 años después el tema lamentablemente sigue vigente, y lo que es peor algunos de sus oscuros protagonistas también (y los que no, fueron reemplazados por otros siniestros "referentes")

Recuerdo aquellos años en que estaba en 7mo grado de la escuela primaria, sólo me interesaba mi viaje de egresados a Villa Carlos Paz (con la empresa Sevitur) y ni me planteaba ser abogado.

También recuerdo muy clarito que, por aquel entonces, el Ingeniero Santos había fusilado a dos personas (decidiendo que su pasacassette era más importante que aquellas vidas), y que Patti se promocionaba confesándose públicamente como torturador para ganar adeptos en la opinión pública...

LA TORTURA NO EXISTE MI AMOR (*)

Por Carlos Cosarín y Alberto Santos Godino

Un subcomisario es la nueva estrella popular. A partir de haber “limpiado” Pilar, la gente honesta de la zona lo ha erigido como su nuevo salvador. Contra la corrupción y la delincuencia, Patti es la receta.

La tortura vuelve a ser protagonista de los debates callejeros. Pero como todos los aspectos de nuestra cotidianidad, su reciclaje es un símbolo más de los renovados bríos autoritarios. Ya no se trata de archivar los abusos de un gobierno de facto en un documento con poca repercusión editorial, sino de provocar una discusión absurda acerca de si atormentar es legítimo para resguardar la seguridad ciudadana. Como ya lo hicieran con el proyecto de pena de muerte, los medios masivos y los nostálgicos de Torquemada introducen temas de discusión cuyo planteo importa de antemano un retroceso. Mientras tanto, un eximio profesor que se precia de periodista, se plantea en público la más abstrusa de las hipótesis para relativizar una afirmación categórica, justificando lo injustificable.

Contra la noche de la inquisición, en 1764 el marqués de Beccaria en consonancia con las ideas del Iluminismo, alertaba sobre los abusos de quienes buscaban averiguar la verdad dislocando los huesos del acusado.

Ayer nomás, en el colegio nos enseñaron que ya la Asamblea de 1813 había desterrado todo tipo de salvajismo inquisidor. Sin embargo, esta proyección subdesarrollada de Dick Tracy ha servido para demostrar que en la Argentina de hoy cualquier cosa es discutible.

Como lo virtuoso está en el justo medio aristotélico, la estrategia consiste en prefijar los extremos del debate, luego “la reacción” es moderada, y antes de empezar a hablar ya todo está perdido. Extraviados en la hojarasca de la discusión oficial, cualquier intento por humanizar los métodos de persecución penal resulta extemporáneo.

Para la gente sensata el policía torturador no es un delincuente. Tampoco el honesto ingeniero, ni el honesto comerciante. El único delito es el delito contra la propiedad. El crimen no está determinado por la calificación legal, sino que pende del delgado hilo de quienes nos eligen los temas de esta polémica de bar. El ingeniero se dejó llevar, el subcomisiario hizo lo necesario para desarticular el crimen organizado, el comerciante se aflige al ver algunos políticos y miembros de la justicia más preocupados por los derechos humanos de los delincuentes que por los de las víctimas (de las declaraciones del Presidente de la Cámara Argentina de Comercio). El imaginario social sólo reconoce un tipo de delincuente: aquel que ingresa en la finca privada, aquel que asesina sin ninguna legitimación estatal o paraestatal.

De nuevo la seguridad justifica. Otra vez la razón de estado, aunque tenga el tamaño de un pasacassette, habilita la violencia. La tortura no debe ser tema de discusión y sin embargo la estamos discutiendo, trágico destino el tener que insistir en la dignidad del ser humano. Nos damos el lujo de permitir que un policía reconozca que para esclarecer un delito es necesario que se cometan varios más sin siquiera saber cómo defendernos. Nosotros nos habíamos propuesto debatir sobre el aniquilamiento del sistema penal, nos vemos obligados a volver a descalificar lo indefendible. El tener que pelear esta guerra ya significa una derrota.

(*) Publicado en la revista “No Hay Derecho”, s./ed., Año 1, N°2, Diciembre de 1990, p. 14

Pueden ver también el artículo en el blog de uno de los autores de la revista NHD original, clickeando ACÁ (obviamente me refiero a Bovino)

"Día de la raza"... o "Día del encuentro"... o "Día de la diversidad cultural americana"... o simplemente: "Día de la invasión de América"

2008-10-12T22:03:00.005-03:00

Aquí va nuestro homenaje por un nuevo aniversario del descubrimiento europeo de América

...

12 de octubre, el "descubrimiento" de América y la historia oficial...
Caras y caretas

Eduardo Galeano

Brecha

¿Cristóbal Colón descubrió América en 1492? ¿O antes que él la descubrieron los vikingos? ¿Y antes que los vikingos? Los que allí vivían, ¿no existían? Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio, desde una cumbre de Panamá, los dos océanos. Los que allí vivían, ¿eran ciegos?

¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés, Francisco Pizarro? Los que allí vivían, ¿eran mudos?

Nos han dicho, y nos siguen diciendo, que los peregrinos del Mayflower fueron a poblar América. ¿América estaba vacía?

Como Colón no entendía lo que decían, creyó que no sabían hablar.

Como andaban desnudos, eran mansos y daban todo a cambio de nada, creyó que no eran gentes de razón.

Y como estaba seguro de haber entrado al Oriente por la puerta de atrás, creyó que eran indios de la India.

Después, durante su segundo viaje, el almirante dictó un acta estableciendo que Cuba era parte del Asia.

El documento del 14 de junio de 1494 dejó constancia de que los tripulantes de sus tres naves lo reconocían así; y a quien dijera lo contrario se le darían cien azotes, se le cobraría una pena de diez mil maravedíes y se le cortaría la lengua.

El notario, Hernán Pérez de Luna, dio fe.

Y al pie firmaron los marinos que sabían firmar.

Los conquistadores exigían que América fuera lo que no era. No veían lo que veían, sino lo que querían ver: la fuente de la juventud, la ciudad del oro, el reino de las esmeraldas, el país de la canela. Y retrataron a los americanos tal como antes habían imaginado a los paganos de Oriente.
Cristóbal Colón vio en las costas de Cuba sirenas con caras de hombre y plumas de gallo, y supo que no lejos de allí los hombres y las mujeres tenían rabos.

En la Guayana, según sir Walter Raleigh, había gente con los ojos en los hombros y la boca en el pecho.

En Venezuela, según fray Pedro Simón, había indios de orejas tan grandes que las arrastraban por los suelos.

En el río Amazonas, según Cristóbal de Acuña, los nativos tenían los pies al revés, con los talones adelante y los dedos atrás, y según Pedro Martín de Anglería las mujeres se mutilaban un seno para el mejor disparo de sus flechas.

Anglería, que escribió la primera historia de América pero nunca estuvo allí, afirmó también que en el Nuevo Mundo había gente con rabos, como había contado Colón, y sus rabos eran tan largos que sólo podían sentarse en asientos con agujeros.

El Código Negro prohibía la tortura de los esclavos en las colonias francesas. Pero no era por torturar, sino por educar, que los amos azotaban a sus negros y cuando huían les cortaban los tendones.

Eran conmovedoras las leyes de Indias, que protegían a los indios en las colonias españolas. Pero más conmovedoras eran la picota y la horca clavadas en el centro de cada Plaza Mayor.

Muy convincente resultaba la lectura del Requerimiento, que en vísperas del asalto a cada aldea explicaba a los indios que Dios había venido al mundo y que había dejado en su lugar a San Pedro y que San Pedro tenía por sucesor al Santo Padre y que el Santo Padre había hecho merced a la reina de Castilla de toda esta tierra y que por eso debían irse de aquí o pagar tributo en oro y que en caso de negativa o demora se les haría la guerra y ellos serían convertidos en esclavos y también sus mujeres y sus hijos. Pero este Requerimiento de obediencia se leía en el monte, en plena noche, en lengua castellana y sin intérprete, en presencia del notario y de ningún indio, porque los indios dormían, a algunas leguas de distancia, y no tenían la menor idea de lo que se les venía encima.

Hasta no hace mucho, el 12 de octubre era el Día de la Raza.

Pero, ¿acaso existe semejante cosa? ¿Qué es la raza, además de una mentira útil para exprimir y exterminar al prójimo?

En el año 1942, cuando Estados Unidos entró en la guerra mundial, la Cruz Roja de ese país decidió que la sangre negra no sería admitida en sus bancos de plasma. Así se evitaba que la mezcla de razas, prohibida en la cama, se hiciera por inyección.¿Alguien ha visto, alguna vez, sangre negra?

Después, el Día de la Raza pasó a ser el Día del Encuentro.

¿Son encuentros las invasiones coloniales? ¿Las de ayer, y las de hoy, encuentros? ¿No habría que llamarlas, más bien, violaciones?

Quizás el episodio más revelador de la historia de América ocurrió en el año 1563, en Chile. El fortín de Arauco estaba sitiado por los indios, sin agua ni comida, pero el capitán Lorenzo Bernal se negó a rendirse. Desde la empalizada, gritó:

—¡Nosotros seremos cada vez más!

—¿Con qué mujeres? –preguntó el jefe indio.

—Con las vuestras. Nosotros les haremos hijos que serán vuestros amos.

Los invasores llamaron caníbales a los antiguos americanos, pero más caníbal era el Cerro Rico de Potosí, cuyas bocas comían carne de indios para alimentar el desarrollo capitalista de Europa.
Y los llamaron idólatras, porque creían que la naturaleza es sagrada y que somos hermanos de todo lo que tiene piernas, patas, alas o raíces.

Y los llamaron salvajes. En eso, al menos, no se equivocaron. Tan brutos eran los indios que ignoraban que debían exigir visa, certificado de buena conducta y permiso de trabajo a Colón, Cabral, Cortés, Alvarado, Pizarro y los peregrinos del Mayflower.

Puede ser interesante!!!

2008-09-29T19:03:00.004-03:00

“JUSTICIA PARA TODOS” Televisión por Cable

Este martes 30 de septiembre a las 21 hs. en el programa "Justicia para Todos" que se emite por Canal 20 de Cablevisión y Multicanal (canal 701 con decodificador digital) para toda la Zona Norte (Partidos de Vicente López, San Isidro, San Martín, San Fernando, Tigre,Pilar y Nordelta) EN VIVO A DIEZ AÑOS DE LA INSTALACIÓN DEL JUICIO ORAL PENAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

“La justicia penal y las garantías individuales y colectivas”

Invitado: DR. MARIANO GRAMMÁTICO MAZZARI Juez en lo Penal de Garantías de San Martín

¿El juez debe tener en cuenta los reclamos sociales al momento de tomar decisiones? ¿Qué es el sistema de Flagrancia?. ¿Está dando resultados positivos?

Y “El funcionamiento del actual sistema de enjuiciamiento penal a 10 años de la fundamental reforma”

Invitado: DR. OSCAR ROBERTO QUINTANA Juez de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro

Las reflexiones de un magistrado de vasta experiencia en la Justicia de la Provincia

¿El idioma judicial es el español?

2008-09-29T18:26:00.012-03:00

Tras releer el blog de Alberto Bovino (No Hay Derecho), pensé en transcribir (entiéndase "robar") algunas entradas que me parecen imperdibles... una de ellas se llama JUSTICIA BIZARRA (click para ver la nota original) y dice así:

...

JUSTICIA BIZARRA

¿Qué le pasa a los jueces?

Un par de páginas atrás leí un mensaje en el cual un juez desvergonzado rechazó un escrito por faltas de ortografías. Como siempre, lo principal es lo más relevante para un funcionario judicial. No importaba de qué derecho se trataba, no importaba que la función jurisdiccional no abarca la enseñanza del correcto uso del castellano a costa de los contribuyentes. Lo único relevante en un escrito jurídico es si éste formula un planteo, solicitud o argumentos comprensibles para tomar la decisión que se pretende.

Por otra parte, que los jueces se ubiquen en el papel de los custodios de la lengua sólo podría terminar por producir la globalización del presunto e incomprensible "dialecto" que se utiliza en tribunales para comunicarse entre las personas. Veamos algunos ejemplos.

Sabía ud. que luego de la primera hoja del expediente —que los abogados llamamos foja—, es decir, desde la foja 2 hasta la foja 22.000, por ejemplo —he tenido casos de 50.000 fojas—, se inician los tres primeros lugares para escribir el nombre de la localidad donde se encuentra el Juzgado con el correctísimo uso de tres "///nos Aires, 22 de...". nos preguntamos qué haría un jurista que viviera en la ciudad de "Círculo": ///culo.

El uso de los gerundios por parte del poder judicial es otro de los grandes vicios y fuente de errores inenarrables. Las reglas de uso del gerundio son difíciles de aprender, con lo cual más vale evitarlo. Términos que parecen furcios como el verbo "fallo" —que viene del castellano antiguo y significa "hallo" la solución jurídica del caso; palabras barrocas o inexistentes como los términos de "encartado" "caco compinche", "consorte de causa", "tengo un 346", "no está en letra", "desinsacúlelo"

Y si alguién encuentra un juez que escriba "injerencia" con "j" —Zaffaroni no hay manera de que la escriba con j—, "Presidente" con e final, ínterin bien acentuado, a pesar de que todo eso lo vimos en la escuela, se adecua sin tilde, etc. etc., por favor, avíseme.

Cordiales saludos,

Y sírvase V.S. proveer de conformidad,

que será justicia

(NO ES UN FAVOR QUE LE PEDIMOS, ES SU DEBER LEGAL:

PROVEER DE CONFORMIDAD,

QUE ES DERECHO.

Un mail peligroso que anda dando vueltas!!!

2008-09-18T23:41:00.009-03:00

Un enfoque distinto en la justicia carcelaria

Recibido de EE.UU. Cita: 'A aquellos entre ustedes que no saben quién es Joe Arpaio, les indico que es el sheriff del Condado de Maricopa, en Arizona, y sigue siendo reelecto período tras período.'
He aquí las razones:

El sheriff Arpaio creó el campamento de carpas carcelario para evitar que Arizona gastara decenas de millones de dólares en la construcción de otro complejo carcelario.
Ha bajado el costo de la vianda a 30 centavos y les cobra a los presos por su comida.Ha prohibido fumar y mirar revistas pornográficas en las cárceles y ha retirado los aparatos de entrenamiento y levantamiento de pesas, y ha cortado todo espectáculo cinematográfico, exceptuando películas clase 'G'. Dice:'Están en la cárcel para pagar una deuda con la sociedad, no para criar músculos y asaltar a gente inocente cuando dejen la prisión'.
Inició cuadrillas encadenadas para que los internos realicen trabajos en proyectos del condado y la ciudad, ahorrándole dinero al contribuyente. Entonces instauró las cuadrillas encadenadas de mujeres, para que no lo acusaran de discriminación.Cortó la televisión por cable hasta que se enteró que una orden de la Corte Federal exigía proveer con televisión por cable a las cárceles. Volvió a conectar la televisión por cable, pero sólo permite el canal Disney y el canal meteorológico. Cuando le preguntaron por qué conectaba el canal meteorológico, dijo: 'Así estos turros sabrán como será el tiempo cuando trabajen en mis cuadrillas encadenadas'. Cortó el café porque tiene cero valor nutritivo y es por eso un derroche del dinero de los contribuyentes. Cuando los internos protestaron, les dijo: 'Esto no es el Ritz Carlton. Si no les gusta, no vuelvan'. También adquirió la serie de clases de historia de Newt Gingrich, que transmite en las cárceles. Cuando se le preguntó si también transmitiría las clases de historia de un autor demócrata, contestó: 'Si la serie dice la verdad, sería bienvenida, y hasta podría explicar por qué el 95 % de los presos que llenan mis cárceles están allí en primer lugar'.Las temperaturas en Phoenix fueron más altas que de costumbre ( 43ºC , un nuevo récord alcanzado el 2 de junio de 2007). Associated Press escribió que aproximadamente 2.000 internos alojados en un campamento de carpas rodeado por alambrados de púa fueron autorizados a despojarse de sus ropas y quedar vestidos únicamente con sus calzoncillos color de rosa provistos por el gobierno..

El día miércoles se escuchó comentar a los internos vestidos con calzoncillos rosados en las carpas, donde las temperaturas llegaron a 53 ºC: 'Esto es el infierno, estamos adentro de un horno', se quejó Ernesto Gonzales, con dos años de condena cumplida y diez más para cumplir, 'es inhumano'. Joe Arpaio, que obliga a sus presos a vestir de rosado y comer sándwiches de mortadela, no es condescendiente en absoluto: 'Los criminales deberían ser castigados por sus crímenes – no vivir a todo lujo hasta que les llegue la libertad condicional, sólo para que salgan a cometer más crímenes y volver para vivir a costas del contribuyente y disfrutar de cosas que los mismos contribuyentes no pueden afrontar para sí'. El mismo día les dijo a los internos que se quejaban por las temperaturas en las carpas: 'Tenemos entre 48 ºC y 54 ºC en Irak, nuestros soldados allí también viven en carpas, caminan todo el día bajo el sol cargados con sus pertrechos de guerra, encima les disparan y ellos no han cometido ningún crimen, de modo que cállense la boca'. ¡Adelante, sheriff! Si todas las prisiones fuesen como las suyas habría muchos menos crímenes y no estaríamos en la situación actual de emergencia carcelaria por falta de espacio. Si les gustó, reenvíenlo Si no les gustó, bórrenlo. Al margen: El sheriff Joe fue recientemente reelecto como sheriff del condado de Manicopa, Arizona.

Tendrá este gringo algún parentesco con Mauri !!!!

Me sumo a la "reflexión interesante" anterior

2008-09-09T00:06:00.005-03:00

Me parece súper interesante el tema de la entrada anterior, así que sumo mi aporte... entren a estos links:

"EL COMPLEJO DE ROCK HUDSON" (V. Abramovich)
"EN ESE ORDEN DE COSAS" (C. Courtis)

A esas entradas las llamé "ENSEÑANZA DEL DERECHO VS. PRÁCTICA JURÍDICA" I y II...

Una reflexión interesante!!!

2008-09-08T09:45:00.001-03:00

El viernes 5 pasado en el segundo día de la jornada de Derecho Penal, organizada por la agrupación IURE en la Facultad de Derecho de la UBA, expusieron Andres Harfuch e Ignacio Tedesco sobre un tema bastante conocido como cuestionado: "Prisión preventiva y Excarcelación". La verdad que es muy difícil expresar con mis palabras lo buenas que estuvieron ambas exposiciones, pero hay unas palabras muy interesantes en el inicio de la charla dada por Tedesco que nos tiene que llevar a una reflexión importante: "Recuerdo que cuando yo era alumno, en esta facultad siempre se me enseño el respeto por las garantías constitucionales, los derechos humanos, la importancia de la libertad en un proceso y que su excepción era la ultima ratio. Esto mismo se lo he inculcado a mis alumnos. Ahora bien, la mayoría de los Jueces que les compete decidir sobre estas cuestiones, es decir un 80 %, son esgresados de esta facultad, es decir que sin importar la cátedra en que hayan estudiado, el discurso contra las medidas de coerción de la libertad esta siempre presente. Entonces algo pasa cuando salen de la Facu, cuando juran como magistrados, se les produce un cambio una metamorfosis. EN ALGO ESTAMOS FALLANDO!!!".

Felíz día abogados!!!

2008-08-29T18:38:00.004-03:00

En este día no podía faltar en el blog, un reconocimiento a todos los abogados y abogadas que luchan incondicionalmente por los intereses superiores de Justicia, Libertad y por el respeto de la Constitucion Nacional y los Derechos Humanos, que hacen al estado de derecho y a la República.

Muy Feliz Día!!!

Una pequeña diferencia!!! ( parte I )

2008-08-26T02:18:00.005-03:00

El Art. 189 bis del Código Penal, en su inciso 2do, reprime la tenencia y portación ilegítimas de armas de fuego, diferenciando a su vez cada acción de acuerdo a si las armas son de uso civil o de guerra, siendo las primeras las figuras básicas y las segundas las agravadas. A simple vista se puede apreciar esto, la tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil tiene una escala penal que va de 6 meses a 2 años de prisión y multa de mil pesos a diez mil pesos, en cambio si la tenencia ilegítima es de arma de fuego de guerra la pena es de 2 a 6 años de prisión. Asimismo, la portación ilegítima de arma de fuego de uso civil es reprimida con prisión de 1 a 4 años y si el arma fuera de guerra la pena se eleva de 3 años y 6 meses a 8 años y 6 meses. Ahora bien, de esta lectura se desprenden varias cuestiones: en primer lugar, la tenencia de arma de guerra tiene una escala mayor que la portación de un arma de uso civil, en simples palabras se concideró más peligroso la primera acción que la segunda, lo cual si analizamos ambas acciones parecería lo contrario. La tenencia de un arma de fuego ha sido definida como la acción de disponer de la cosa físicamente sea por mantenerla corporalmente en poder del autor, cualquiera sea el origen o la razón o finalidad (CNacCrimCorr. Fed. Sala I, 22 MAR 84, en LL, 1984-D-579); consumándose el hecho con la sola acción de tener el objeto sin autorización (CNacCrimCorr. Fed. Sala II, 18 SEP 87, DJ, 1988-2-879; íb. Sala I, 24 MAY 89, LL, 1990-A-374); aún cuando no se emplee (CnacCrimCorr. Sala 2, 16 JUN 92, JA, 1995-II); en síntesis, la tenencia implica que el arma se encuentre dentro del ámbito de custodia del causante, pudiendo ejercer sobre la misma un poder de hecho tal que le permita por sola voluntad y sin necesidad de intervención de terceros disponer físicamente de ella (CnacCrimCorr., Sala 4, 14 MAR 97, Ramirez Fonseca Ruben.). Por su parte, y según la definición dada por el RENAR, "el concepto de portación de un arma de fuego es más estricto y restringido, es el hecho de disponer en un lugar público o de acceso público, un arma de fuego cargada, en condiciones de uso inmediato. Es decir, la portación conlleva dos elementos característicos: en primer término, en cuanto hace a las condiciones de inmediatez de uso, lo que implica que el arma debe estar cargada y dispuesta para ser utilizada; en segundo lugar, el ámbito espacial (lugar público o de acceso público)". Entonces teniendo en cuenta esto, y siguiendo la inteligencia del legislador hay un mayor injusto si encuentran en mi domicilio un fusil de asalto descargado que si me sorprenden en un centro comercial llevando en mi cintura un revolver calibre 22 cargado y listo para ser usado???. No cabe dudas que en el primer caso, si mi intensión era a los dos días robar un blindado y teniendo en cuenta el intercriminis, estaríamos ante un acto preparatorio no punible. En cambio en el segundo y según las particularidades del caso, podría llegar a pasar por la cabeza de alguien que hay una tentativa.

CONTINUARA.....

La declaración del imputado, el artículo 189 bis inc.2 pár.8 del CP y una ¿inocente? pregunta identificatoria formulada "como quien no quiere la cosa"

2008-08-10T22:48:00.005-03:00

Por Cristian Penna

Hace unos días concurrí al acto de declaración de un imputado previsto en el art. 308 del CPP de la Pcia. de Bs. As. (el equivalente a la indagatoria del código nacional).

A nuestro defendido se lo imputaba de la comisión del delito contemplado en el art. 189 bis inc. 2 párrafo 8, que establece que "el que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas (...) y portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años"; es decir, portación ilegal de arma de fuego agravada por los antecedentes...

Más allá de la pésima técnica legislativa del mencionado artículo, de la innumerable cantidad de garantías constitucionales que en el mismo se ven vulneradas (es obvio que quien lo redactó si sabía de algo no era precisamente de derecho...) y de las desproporcionadas sanciones en él contempladas, y por todo ello de la evidente inconstitucionalidad de muchas (o todas) de sus prohibiciones, cuestiones que afectan no sólo al párrafo transcripto sino al artículo entero, y que un día con un poquito más de tiempo me gustaría ponerme a detallar, hay una cuestión que hoy me interesa tratar en esta entrada, y que tiene que ver no tanto con ésta norma de fondo en sí misma, sino más bien con la forma de aplicar las normas procesales relativas a la declaración del imputado en casos en que se investigue la comisión del delito mencionado más arriba.

Al respecto, en consonancia con las prescripciones del art. 18 CN, el art. 310 CPPPBA contempla el denominado "derecho al silencio", es decir, el derecho constitucional a no declarar; pero el art. 311 hace referencia al "interrogatorio de identificación", en el que "se solicitará al imputado proporcionar (...), si ha sido procesado y, en su caso, por qué causa, por qué Tribunal, qué sentencia recayó y si ella fue cumplida" entre otros datos identificatorios.

Pues bien, ante imputaciones por delitos de portación de armas, como sucede con cualquier delito, los agentes fiscales cumplen en poner en conocimiento al compareciente respecto de su derecho a no declarar, pero previamente proceden a realizar el interrogatorio de identificación, en el que una de las preguntas del mismo (resaltada más arriba) indaga sobre sus antecedentes.

Repasemos aquí el tipo penal transcripto. Nótese que los antecedentes funcionan como agravantes de la pena con respecto a la simple portación (tipo básico); es decir, los antecedentes serían allí uno de los elementos constitutivos del tipo agravado.

¿No correspondería, entonces, que en casos como el comentado el fiscal advirtiera al imputado sobre su derecho de negarse a responder tal pregunta?. Sin embargo, pareciera que "inocentemente" preguntan (con bastante insistencia muchas veces) al respecto y sin pronunciar advertencia alguna.

Es verdad que el art. 319 del mismo cuerpo establece que deberán solicitarse los antecedentes, por lo que lo más probable es que de todos modos los mismo lleguen al conocimiento de la fiscalía; pero mas allá de ello, ¿es legítimo formular al imputado esta pregunta, teniendo en cuenta la posibilidad de una autoincriminación? es decir, ¿es legítimo, ante la posibilidad de que alguien se autoincrimine involuntariamente, formular una pregunta decisiva pero camuflada de inofensiva y meramente identificatoria?

El comentado artículo posee tantas irregularidades que suena casi una nimiedad plantear lo que aquí estoy planteando, posee defectos fatales de mayor relevancia tal como anticipara más arriba, pero lo cierto es que pese a ello los fiscales siguen utilizándolo y tomando declaraciones a imputados por el tipo delictivo tratado, quienes de no contar con un adecuado y oportuno asesoramiento al respecto por parte de su defensa corren un serio riesgo de autoincriminarse sin darse cuenta ante una pregunta que les es formulada "como quien no quiere la cosa"...

Opinión de Zaffaroni sobre los crímenes de Campana (en criticadigital.com.ar)

2008-08-10T20:23:00.000-03:00

Peligro de sobreactuación política (*)
Reconocidos juristas y abogados polemizaron por la masacre de la familia Mansilla y el modo en que se utiliza la morigeración de prisión. Eugenio Zaffaroni.

07/08/2008

No puedo opinar sobre un caso en concreto. No sé si el juez cumplió con todos los recaudos formales. Si lo hizo, nunca es del todo previsible lo que pueda hacer un ser humano en el futuro, incluso yo ni el propio juez, dentro de unas horas. De lo contrario, dejemos a todo el mundo preso y por las dudas metámonos todos en una cárcel y hagamos de la sociedad una gran cárcel: el único problema es que no tendremos más seguridad, sino la más absoluta inseguridad frente a los que la administren.

En toda sociedad hay psicópatas, por suerte pocos. También en todos los tiempos: Cayetano Santos Godino vivió hace un siglo, también hace un siglo hubo un sujeto que mató a toda una familia y la tiró al aljibe; hace pocos años, otro incendió la casa de su deudor por venganza y murieron todos adentro. La utilización del juicio político contra los jueces cuando se otorga un derecho (mal llamado “beneficio”) y el sujeto comete un delito suele ser un medio de propaganda política o de promoción para quien lo solicita.

Además, es un instrumento para amedrentar a los jueces, a efectos de que por las dudas no reconozcan derechos a nadie y también para someterlos al poder político de turno. Por el contrario, nunca alguien que quiere promocionarse políticamente solicita el juicio político para un juez que niega un derecho a alguien o desconoce el derecho de alguien, por más que sea una aberración, siempre que ese “alguien” sea un desconocido.

Esto es lo que por lo general sucede: hemos conocido casos lamentables de gobernadores que promocionaban estos juicios, en una clara injerencia autoritaria sobre el Poder Judicial. Por suerte pertenece esto al tiempo pasado y espero que no vuelva. Insisto en que no sé si en el caso concreto ha habido alguna negligencia o falta de cuidado o de forma por parte del juez; no conozco el caso y tampoco puedo opinar. Lo que sí observo en algunas provincias es una peligrosa tendencia a la sobreactuación política para promocionarse a costa de desprestigiar a la magistratura.

(*) Nota original publicada en: http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=8714

Pronunciación del CELS sobre los crímenes de Campana

2008-08-10T20:03:00.000-03:00

05/08/2008
El CELS exigió respuestas institucionales no demagógicas ante los crímenes de Campana (*)

Autor: CELS
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Frente a los brutales homicidios de Marcelo Mansilla, Sandra Rabago y sus hijos, Agustín y Milagros, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó el esclarecimiento del hecho y la sanción de los responsables. Al mismo tiempo, el CELS sostuvo que estos casos no se solucionan ni evitan con reformas legales que busquen limitar el régimen de excarcelaciones. Los homicidios de Campana representan un episodio atroz que debería motivar una reflexión profunda y general sobre el sistema judicial y penitenciario, y no traducirse en respuestas fáciles que distraigan la atención sobre los problemas de fondo.

Este caso revela deficiencias gravísimas de parte del Estado para hacer cumplir la ley penal y controlar la ejecución de medidas alternativas a la prisión, así como también en la articulación entre el sistema penitenciario bonaerense, la Justicia y el Poder Ejecutivo. La atrocidad de los crímenes, y el derecho de los familiares y la sociedad en su conjunto, demandan medidas institucionales adecuadas que no respondan nuevamente a la demagogia punitiva.

En los últimos años la provincia de Buenos Aires padeció la vigencia de políticas restrictivas de la libertad que demostraron ser ineficaces para prevenir delitos y que tuvieron como resultado una situación generalizada de violaciones de derechos humanos al interior de las dependencias carcelarias. En marzo de 2000 el gobierno provincial impulsó una serie de reformas denominadas de “mano dura”, destinadas a cambiar el sistema de excarcelación. Este paquete de leyes agudizó los problemas de superpoblación carcelaria sin dar respuestas a los problemas de seguridad.

En mayo de 2005, a través del fallo “Verbitsky”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que ese tipo de restricciones resultan inconstitucionales, y ordenó a la provincia de Buenos Aires modificar su legislación. A principios de 2007, la Legislatura provincial reformó nuevamente el Código de Procedimiento Penal y facultó a los jueces a dictar la prisión preventiva sólo cuando exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, evaluando los hechos de cada causa y respetando estándares internacionales y constitucionales.

La experiencia debe funcionar como un llamado de atención para no reincidir en medidas que ya han demostrado su ineficacia.

(*) Nota original publicada en: http://cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=987

Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago!!!

2008-08-07T23:51:00.000-03:00

A fines del mes de junio, 2 alumnos y una profesora, todos integrantes de una comisión penal del patrocinio jurídico de la UBA, se presentaron en un Juzgado Federal de los muchos que hay en la calle Comodoro Py, para asistir a una indagatoria. Al llegar la profesora se presenta en su carácter de defensora del imputado y además solicita permiso para que los alumnos puedan asistir a dicho acto, puesto que sería una experiencia muy interesante para los futuros litigantes palpar de cerca la realidad. Pues bien esta incursión tuvo sus frutos y la respuesta del Juzgado no se hizo esperar "Dra. no vamos a empezar ignorando el Código...", y como corresponde!!!, ambos alumnos se quedaron afuera esperando a su docente para que luego les relate lo sucedido puertas adentro. Ahora bien, ante tal correcta negativa respetuosa del procedimiento, se imaginarán quien tomo la indagatoria???

SE EQUIVOCAN!!!!

Afectación del indubio pro reo y alcances de su control a través del recurso de casación penal

2008-08-07T23:22:00.001-03:00

Por Cristian Penna

Los siguientes párrafos son una breve síntesis de un modesto trabajo sobre el tema; por lo tanto probablemente algunas cuestiones queden un poco "colgadas" pero, vale la pena al menos "tirar" el tema...

Planteo de la cuestión

Si indagamos acerca del aforismo in dubio pro reo, como derivación del estado jurídico de inocencia que ampara a toda persona sometida a un proceso penal, no tendremos problemas en observar que en abstracto su contenido para el Derecho Procesal Penal es claro, esto es, “la exigencia de que la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una pena sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado” [Maier, Julio], y consecuentemente, la falta de esa certeza debe conducir ineludiblemente a la absolución.

Pero, otra complejidad tendrá la cuestión si indagamos acerca de la viabilidad y alcances del control de la afectación de dicho principio por vía de la casación. Es decir, si analizamos cuándo una vulneración a este principio podría ser sometida a tal tipo de control, y qué características debería presentar para ello.

Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia tradicionales han sostenido que una afectación a este principio no podría válidamente acceder al control casatorio, reconociéndose casi como única excepción el supuesto en que el tribunal de juicio condena a pesar de haber expresamente admitido tener dudas sobre la culpabilidad. Esto tiene que ver fundamentalmente con el principio de inmediación, que exige al tribunal un contacto directo con los elementos probatorios en que ha de basar su decisión (contacto del que carecería, en principio, un tribunal de casación).

Según tales posturas, en casos en que el juez haya afirmado tener certeza en su sentencia, a pesar de que luego de considerar el conjunto de la prueba producida durante el juicio pareciera evidente que en realidad debiera haber expresado la duda, sería inadmisible un recurso de casación. (Sí, desde luego que suena ridículo...)

Al respecto, téngase en cuenta que, curiosamente, suele ser habitual que los tribunales de juicio esgriman pobres (o directamente nulos) fundamentos en cuanto a la valoración de la prueba efectuada para construir la certeza expresada para fundar una condena; es decir, muchas veces los jueces expresan haber alcanzado certeza de culpabilidad, aunque no explican (o lo hacen deficientemente) cómo la alcanzaron en función de los elementos de prueba producidos.

Y es debido a situaciones como éstas que las posturas tradicionales resultan cuando menos cuestionables, surgiendo la necesidad de delimitar con la mayor exactitud posible las restricciones fácticas al control casatorio propias de la inmediación.

Conclusión

Cronsidero que debería tenerse en cuenta que, como nadie pone en duda, el in dubio pro reo, exige un grado cognoscitivo de certeza para el dictado de una sentencia penal condenatoria. Lógicamente, no estamos hablando de una certeza absoluta (inaccesible a las capacidades de conocimiento humano), ni tampoco de una mera certeza subjetiva (cuya imposibilidad de control posterior, y su consiguiente riesgo de arbitrariedad resultan vulneratorios de garantías constitucionales), sino más bien de una certeza subjetivo-racional, entendida como certeza subjetiva deducida a partir de los elementos probatorios producidos en el juicio y fruto de inferencias válidas [Langer, Máximo].

La validez de tales inferencias puede (o más bien “debe”, considerando los preceptos constitucionales en juego) ser pasible de una revisión posterior integral, lo que debería ser posible de lograr mediante el recurso de casación debido a que nuestro sistema de sana crítica exige al órgano jurisdiccional una adecuada motivación de su resolución.

En realidad, ya no cabía lugar a dudas respecto de la amplitud de tal revisión desde que el art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional otorgara jerarquía constitucional a los arts. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y menos lugar a dudas debería quedar si tenemos en cuenta lo resuelto en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” por la Corte Interamericana, criterio que fuera luego recogido en el fallo "Casal" de nuestra Suprema Corte nacional.

El control casatorio del in dubio pro reo, entonces, no solo debería ser viable, sino más bien constitucionalmente exigible, ya que se trata de corroborar, a partir del análisis de la racionalidad de la motivación de la sentencia condenatoria, que el grado de convicción al que arribó el tribunal sea fácticamente equiparable a la certeza exigida por éste principio para hacer cesar el estado jurídico de inocencia que ampara a toda persona sometida a un proceso penal.

¿Y ustedes qué opinan?

Quédate tranquilo, que en pos de garantizar vuestro derecho de defensa os privaremos de vuestra libertad...

2008-08-01T20:53:00.003-03:00

Por Cristian Penna

Sobre cómo utilizar una garantía en tu propia contra...

Estas líneas cuestionan a uno de los argumentos más utilizados para justificar la aplicación del "encierro" a personas que hasta el momento gozan del estado jurídico de inocencia por no haber sido declaradas culpables a través de una sentencia condenatoria firme.
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El argumento al que nos referimos sostiene que la prisión preventiva puede justificarse para neutralizar los riesgos procesales, esto es, para evitar el peligro de fuga y/o el entorpecimiento de la investigación por parte de la persona investigada. Dejando de lado al peligro de entorpecimiento de la investigación (que podríamos desmantelar con otros argumentos más sencillos aún), aquí nos centraremos en el "peligro de fuga"..

Analicemos brevemente, entonces, este argumento. Procedamos para esto a formularnos y auto-respondernos una serie de preguntas:.

¿Por qué el "peligro de fuga" constituye un riesgo procesal que, según se sostiene, justificaría la aplicación de la medida cuestionada?

Esto se debe a que en nuestro país no existe el juicio contumacial (es decir, el realizado en ausencia del imputado), por lo que ante una eventual fuga sería imposible (al menos hasta que reapareciera el prófugo) proseguir con el proceso hasta su definitiva conclusión, hasta alcanzar su fin (vale decir, la aplicación de una pena).

¿Y por qué nuestro ordenamiento prohíbe el proceso contumacial?

Tal como señala Maier, dicha prohibición es una derivación del derecho de defensa, que exige la presencia del imputado durante el juicio ya que, en el procedimiento penal, tal garantía no se satisface con sólo conceder a la persona una posibilidad cierta de defenderse, sin controlar que quien se defiende pueda efectivamente ejercer su defensa; por el contrario, tal garantía impone la necesidad de verificar que el imputado sea idóneo para intervenir en el procedimiento (capacidad) y esté en condiciones para ejercer las facultades que le concede la ley procesal penal al efecto.

Por lo tanto, un veredicto condenatorio en un juicio en el que el imputado no hubiere participado sería nulo por vulneratorio del derecho de defensa.

La secuencia de razonamiento sería, en líneas generales, la siguiente: el Estado pretende condenar a una persona por la comisión de un hecho delictivo determinado; pero, como existe cierto riesgo (que es sólo un grado de probabilidad) de que esa persona se fugue, el Estado la retiene, privándola temporalmente (tal vez por unos cuantos años) de su libertad para poder eventualmente aplicar la pena impuesta sin que se vea menoscabado su derecho de defensa. Es decir, en nombre del derecho de defensa, el Estado priva a una persona de su libertad, para asegurar la eventual aplicación de una pena.

Ahora bien, tengan en cuenta que, como todos sabrán, una garantía no podría válidamente utilizarse de modo que perjudique a su portador... pero, ¿acaso no es eso lo que se está haciendo con el argumento que criticamos? ¿no se está utilizando al derecho de defensa para justificar un encierro prematuro?

Piensen ustedes lo siguiente, si les proponen privarlos de su libertad por algunos años como condición para poder garantízar su derecho de defensa, ¿no renunciarían acaso al mismo en pos de mantener su libertad?; si la respuesta es afirmativa, algo anda mal con éste fundamento... o tal vez dirían: "¡¡¡muchas gracias Estado por cuidar tan celosamente mi derecho a defenderme... al menos cuando te conviene!!! paciente y comprensivo yo aguardo unos añitos entre rejas mientras tratas de fundar una acusación en mi contra..." o algo por el estilo... ¿notaron lo ridículo que suena?.

Es que, de hecho, según el criterio que sostengo, no queda otra alternativa más que abandonar al "peligro de fuga" como fundamento que pretenda legitimar la aplicación de la prisión preventiva...

ENSEÑANZA DEL DERECHO VS. PRÁCTICA JUDICIAL II

2008-07-29T23:51:00.001-03:00

A continuación un artículo de Christian Courtis (*), otro excelente texto que suma a lo planteado en la entrada anterior (sobre el "Complejo de Rock Hudson")...

EN ESE ORDEN DE COSAS

"Desde siempre en los lugares en los que se reproduce el derecho en este país se enseña una brecha. De un lado un sistema imaginario, teórico, ideal, que da cuenta de ciertos objetivos. Y de otro un acontecer que no es aconsejable mirar porque lamentablemente no refleja el modelo en forma cabal.

Programa y realización, discurso y realidad, teoría y práctica, debe ser y ser, denominémoslos como queramos, parecen marcar dos etapas inconciliables de la misma matriz: un arquetipo intacto y una copia degenerada, perversa.

El modelo contempla un sistema profesional de justicia que aplicando una disciplina científica genera confianza en ciertos valores -imparcialidad, equilibrio, prudencia, equidad, sensatez-. Su imagen distorsinada denota arbitrariedad, desprecio por el administrado, menoscabo de libertades elementales, retroalimentación de la maquinaria penal por las víctimas del propio aparato represivo, ritualización descomedida, persecución penal clasista, expedientes desaparecidos, recelo ante escritos extensos, demoras y precipitaciones con presos, per saltums, acentuado embrutecimiento del nivel decisorio; en fin, motiva una profunda desconfianza. Un afilado eje divide lo que enseñamos, lo que queremos, lo que decimos, de lo que pasa.

No seamos ingenuos. Ningún estado de cosas se mantiene sin que lo informe -lo uniforme- un sentido. Un modelo. Un todo. Nuestro aparato burocratizado y semi profesional de impartir justicia no es una mala copia de nigún sistema teórico. Lleva en sí, es en sí mismo un sistema, teórico y práctico. No se trata simplemente de distorsiones que impone la falta de recursos económicos. Existe un modelo teórico que vertebra el modo en que se imparte justicia en la Argentina. Por supuesto, es un modelo que nadie enseña en las universidades, sobre el que nadie escribe. Como la "filosofía espontánea de los científicos", se trata de la "teoría del derecho espontánea del aparato judicial". nacida de un aradigma estructurado sobre la base de prejuicios, antipatías, azar, indiferencia, clasismo, sueldos paupérrimos, aburrimiento, sobrecarga de trabajo, constituye el único marco que puede hacerse cargo con el más sincero cinismo del objeto real de su tarea diaria. Y ello porque su molde se acuña de praxis pura, desnuda; praxis fotografiada, congelada. Sin embargo no se agota en ella. como todo modelo, proyecta cierto imaginario, cierta capacidad de previsión, cierta zona fantasmática. Y aún más. Debido a su origen espontáneo, existencial, carece de un discurso académico, oficial, docto. Su discurso es silente, sordo, y transita por canales sutiles: sonrisas, gestos velados, primeras impresiones, simpatías, evaluación de caras, voces, ropas, fragmentos de historias, cometas. Labil en apariencia, vive a pesar de ello en cada decisión que el aparato toma. En cada escrito no recibido por cuestiones de presentación. En cada recurso rechazado por razones formales. En cada peritaje aleatorio. En cada auto de prisión preventiva.

No es tan misterioso lo que describo. Juristas, abogados, jurisconsultos, mangiapapeles o avenegras, ellos lo conocen, lo alimentan, lo conforman. Viven de eso.

Aprehender ese modelo significa simplemente sincerarse. El pulpo que en nuestro país se denomina Justicia tiene sus propios intereses, su propio funcionamiento, sus propios efectos. No busca -ni, seamos francos, puede, tal cual se presenta la situación- parecerse a aquel modelo enseñado en las facultades.

El tránsito que lleva de un desajuste a la constitución de un modelo teórico alternativo no es, por supuesto, automático. Son necesarios años, décadas. Pero nuestro caso está consumado. Observémoslo. Estudiémoslo. tengamos cuidado. Un monstruo esta suelto y cada día hace efectivas sus decisiones."

(*) Courtis, Christian, "En ese orden de cosas", publicado en la revista "No Hay Derecho", Bs. As., s/ ed., 1991, N°3

ENSEÑANZA DEL DERECHO VS. PRÁCTICA JUDICIAL I

2008-07-29T23:33:00.003-03:00

Conocí este artículo gracias "al maestro" Alberto Bovino, ya que tengo el honor y la suerte de formar parte de su grupo de auxiliares docentes.

Dentro de la gran cantidad de enseñanzas que nos ha transmitido (lo que sigue haciendo permanentemente) y de la "rotura de cabeza" producto de su influencia, se encuentra la cuestión que en esta entrada se plantea sobre la distancia existente entre la enseñanza del derecho en nuestras facultades y la práctica judicial, y el desprecio en aquellas hacia las cuestiones de hecho y prueba, mientras se realiza un gran despliegue de cuestiones que a veces son casi (y sólo) de "pedantería" dogmática.

Seguramente, me hubiera tomado cuando menos algunos años advertir todo esto y a costa de golpearme la cabeza contra la pared, de no ser por las enseñanzas de Alberto.

Por esto, comparto con ustedes una parte de este artículo...

Porque en verdad, como lo he escuchado decir más de una vez, "en la práctica los hechos no están dados y lo primero que importa es cómo probarlos, mientras tanto, al libro de dogmática lo tenemos en el cajón..."

EL COMPLEJO DE ROCK HUDSON (Fragmento)

Sobre el menosprecio de la práctica judicial y de su propio discurso en el estudio de la enseñanza del derecho

"I. En una vieja comedia de Hollywood en la que nuevamente seduce a Doris Day, ROCK HUDSON personifica a un profesor de pesca, cuyos libros son famosos en el país, quien invitado a participar en un torneo de su especialidad, confiesa ante la evidencia de los hechos, que todos sus conocimientos provienen de la lectura de manuales del arte, y que en toda su vida jamás se había arrimado a la orilla de un río.

A este especial dominio de un saber teorético logrado en base a la lectura de libros sobre libros, con total prescindencia de la realidad referida, lo llamaremos en su honor: complejo de Rock Hudson. No será difícil advertir su existencia en el ámbito jurídico manifestándose como una ruptura entre el discurso producido en una instancia teórica y las prácticas concretas de producción del derecho, en particular la práctica judicial.

Concebido el derecho como una práctica social específica en la que están expresados históricamente los conflictos, los acuerdos y las tensiones de los grupos que actúan en una formación social determinada; corresponde distinguir por un lado una instancia de conocimiento del derecho que produce su propio discurso teórico (doctrina, teoría general), y un nivel de producción del derecho por y ante los distintos órganos habilitados para ello en la institución social (ministerio, parlamento, tribunal); que produce asimismo un discurso jurídico práctico (ley, contrato, ordenanza, reglamento, sentencia). El complejo de R.H. se presenta en estos términos como la ignorancia o el menosprecio, a nivel de la instancia de producción teórica, de las características particulares de las prácticas de producción del derecho, en especial de la desarrollada por y ante los órganos jurisdiccionales, así como del discurso que allí se genera.

(... )"

Pueden ver el artículo completo en el blog de Bovino (No Hay Derecho) clickeando en estos links:

EL COMPLEJO DE ROCK HUDSON - PARTE 1

EL COMPLEJO DE ROCK HUDSON - PARTE 2

-Fragmento extraído del artículo de Abramovich, Víctor E., "El complejo de Rock Hudson", Publicado en la revista "No Hay Derecho", Bs. As., s/ ed., 1991, N°4