sábado, 6 de diciembre de 2008

Allanamiento e inviolabilidad de domicilio. Parte 2/2 – Un caso real: “el caso de la riñonera de sospechosas dimensiones”

Por Cristian Penna

A continuación resumiré un caso real que resulta interesante a los efectos de analizar cómo, pese a lo que vimos en la entrada anterior (ver "Allanamiento e inviolabilidad de domicilio. Parte 1/2..."), en la práctica suelen convalidarse procedimientos llevados a cabo de manera ilegítima:


"El misterioso caso de la riñonera de 'sospechosas' dimensiones"


En el marco de la investigación de un homicidio, tras requerimiento del fiscal, un juez de garantías de la Provincia de Buenos Aires emitió sendas órdenes de allanamiento, manifestando que las mismas se emitían “a los efectos de proceder a la detención” del presunto autor del delito investigado.
Los domicilios comprendidos por tales medidas fueron los de diversos familiares de la persona buscada. Así, se llevaron a cabo tales allanamientos sin encontrar a quien se estaba buscando, pero encontrando en uno de los domicilios un arma de fuego, detentada por su tenedor sin autorización legal.
Como primera cuestión aclararé que el arma no tenía relación alguna con el homicidio que se investigaba, aunque ello resulte en realidad irrelevante puesto que la orden judicial no autorizaba a buscar elementos relacionados con el ilícito investigado sino sólo a la detención de su presunto autor. Lo que aquí en realidad nos interesa es el cuestionable modo en que tal arma fue hallada.
El acta de procedimiento labrada por el personal policial interviniente decía al respecto que en una de las habitaciones de la casa
“…se observa en un ropero de madera a simple vista una riñonera de color negro (…) llamando la atención al Sargento […llamémoslo “Panzoti”…]
por las dimensiones de la misma, que al levantarla en presencia del testigo y morador llama la atención el peso al abrirla observa que envuelta en una franela color amarilla (…) se encuentra un revólver…”.
En resumen, al morador de la casa (familiar de la persona a quien se estaba buscando) se lo procesó por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra (art. 189 bis inc. 2 párrafo 2 CP), delito por el que fue llevado a juicio y finalmente condenado, convalidación del registro ilegítimo mediante.



Analicemos un poco el caso expuesto:

Desde luego, considero que desde el primer momento se debería haber declarado la nulidad del procedimiento mediante el cual se llevara a cabo el secuestro que motivara las actuaciones estudiadas; ello, por haberse visto claramente excedidos durante el mismo los alcances que la autorización judicial había otorgado en respeto de lo dispuesto por el art. 219 CPPBA -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires- (que consigna que la misma deberá contener “la descripción de las cosas a secuestrar o personas a detener”).

Para ello baste con resaltar que la orden de allanamiento y detención aclaraba expresamente que el propósito -y por lo tanto los alcances- de la misma habían sido “proceder a la detención” de un familiar del imputado, y que en la misma no se había conferido autorización para buscar elemento alguno y por lo tanto para revisar detalladamente todo lugar de la vivienda en que no pudiera esconderse la persona buscada.

Justamente, tal como señala Carrió (“Garantías constitucionales en el proceso penal”, p. 292), la exigencia de hacer constar la finalidad del registro, encuentra apoyo en que no puede permitirse que la policía ingrese a un domicilio a buscar lo que sea y donde sea, y detenga personas o secuestre cosas indiscriminadamente, sino que el objetivo debe estar específicamente contemplado en la orden.

Y, si bien puede resultar cierto que, de acuerdo a reiterada jurisprudencia, de encontrarse durante el cumplimiento de la medida objetos que evidencien la comisión de un delito podrá procederse a su secuestro (doctrina denominada “a simple vista”), debe resaltarse que deben evaluarse con prudencia tales casos pues, siguiendo al mismo autor, lo que interesa es comprobar que la policía, en cumplimiento estricto de su cometido, se haya topado con dicho elemento inadvertidamente, lo que claramente no sucedió en el presente caso (surgiendo ello tanto del acta de procedimiento como de los dichos de los policías intervinientes).

Justamente, dicho personal policial afirmó haber encontrado el arma puesto que notaron una riñonera que les “llamó la atención por sus dimensiones” (o palabras similares utilizadas en reiteradas oportunidades en la causa); sin lugar a dudas, tales referencias a las “sospechosas dimensiones” (váyase a saber por qué pueden resultar “sospechosas” las dimensiones de una riñonera) fueron hechas en un intento de legitimar lo que resulta a todas luces ilegítimo a la luz de la Constitución Nacional; pero más allá de ello, de lo expuesto podemos preguntarnos lo siguiente:

(a) considerando que en general las riñoneras poseen tamaños similares, y aún siendo esta realmente grande, y siguiendo a las reglas de la lógica ¿cómo pudo de ello el personal policial inferir que en su interior podría encontrarse algún objeto ilegal?. Obviamente esto jamás fue explicado racionalmente (tal vez porque no pueda hacerse... ¿o estaremos acaso subestimando el agudo "olfato policial" del Sargento Panzoti?), y

(b) más allá de ello, incluso, recuérdese que los alcances de la orden judicial consistían sólo en detener a una persona, y por más grande que la riñonera fuera ¿podía encontrársela en su interior?, la respuesta es ridículamente evidente.

Es que, (i) no inlcuyendo la orden la necesidad de encontrar algún elemento en particular relacionado con un delito (más precisamente, uno que pueda ocultarse en una riñonera), (ii) no observándose en el caso elemento ilegal alguno a simple vista (jamás se puso en duda el hecho de que el supuesto revólver se encontraba oculto -envuelto en una franela y dentro de una riñonera que se encontraba sobre un ropero-) y (iii) no cabiendo -por supuesto- la persona a la que se ordenaba detener en una riñonera, el personal policial no estaba autorizado a revisar tal elemento.

Precisamente, el personal policial que llevó a cabo tal procedimiento ha excedido injustificadamente los alcances de la orden judicial de allanamiento otorgada; efectivamente, dicho personal ha revisado lo que no estaba autorizado a revisar, o en otras palabras, ha llevado a cabo una afectación de los derechos constitucionales del morador de la vivienda registrada superior a la legalmente autorizada.

Lo expuesto constituye una clara vulneración de la garantía de inviolabilidad del domicilio como derivación del derecho a la intimidad, consagrada expresamente en el art. 18 CN y en diversas normas supra-nacionales con jerarquía constitucional como los arts. IX DADDH, 12 DUDH, 11.2 y 3 CADH, 17.1 y 2 PIDCP en función del art. 75 inc. 22 CN, por lo que el procedimiento que originara las actuaciones analizadas debería haber sido declarado nulo por padecer de una nulidad absoluta, que debido a las normas constitucionales afectadas puede ser solicitada y declarada (aún de oficio) en cualquier estado del proceso (arts. 210, 203 y ss. CPPBA).

Lo contrario implicaría:

(a) por un lado, aceptar que el Estado se valiera de los resultados de una actividad manifiestamente ilícita con el sólo propósito de mantener la validez de un proceso penal y apoyar sobre él una sentencia judicial, lo que claramente no podría ser ni constitucional ni éticamente tolerado porque implicaría constituir a la justicia como beneficiaria del hecho ilícito y contrariaría el genérico derecho al debido proceso (conf. CSJN, fallos: 46:36; 303:1938; 306:1752; 308:733); y en efecto, tal como señalara Carrió en la obra anteriormente citada, más allá del sostén constitucional de lo que afirmamos, el fundamento tiene un carácter ético ya que el valor justicia se vería seriamente comprometido si quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes –los policías– las violan, y si quienes deben basar en ellas sus acusaciones y sentencias –fiscales y jueces– las fundan en la prueba obtenida mediante la comisión de otro delito; y

(b) por otro lado, llevaría a cuestionar en la práctica la necesidad de que las fuerzas policiales actúen respetando las pautas y límites que el estado constitucional de derecho establece en resguardo de las garantías individuales de todos sus ciudadanos (¿por qué el Sargento Panzoti se molestaría la próxima vez en solicitar una autorización judicial si de todos modos su mal accionar resulta luego convalidado?).

Por lo tanto, una vez excluidos del proceso tanto el acto nulo como la prueba derivada de él (art. 207 CPPBA), y mientras no exista otra fuente de investigación independiente, hubiera correspondido sobreseer a quien resultara imputado en las actuaciones estudiadas.

A modo de resumen conclusivo recuerdo que, como suele ser lamentablemente habitual, lo que planteamos no se vió respetado en la práctica; el proceso fue, como se adelantó, convalidado y el imputado procesado y condenado... Y del Sargento Panzoti no supe más nada pero imagino que habrá seguido efectuando mal su trabajo, después de todo ¿por qué se molestaría en hacerlo de otro modo?...

7 comentarios:

David Grasún dijo...

Disiento respetuosamente con su postura.
El post no aclara si la defensa técnica planteó la nulidad y cuáles fueron los argumentos para rechazarla. Tampoco se aclara en qué consistió la defensa material del imputado (pareciera haber admitido el hecho, por lo tanto el vicio queda subsanado). Más allá de si se encuadra en una nulidad absoluta o relativa, si no se plantea oportunamente... sonaste! (art. 206 CPPPBA).
Si la orden de allanamiento tenía un objeto específico (detener un prófugo), pero una vez dentro del domicilio se comprueba una conducta delictiva distinta (tenencia ilegal de arma, estupefacientes, DNI falso), la fuerza de seguridad no puede permanecer indiferente porque implica abstención y olvido de su rol de prevención (art. 293 CPPPBA).
Si bien el art. 211 del CPPPBA impide aprovechar la prueba obtenida en violación de garantías constitucionales, el ingreso al domicilio se produjo mediante orden escrita de juez competente (no hay allanamiento ilegal) y no se puede exigir razonablemente que el magistrado prevea la posibilidad del hallazgo de un arma u otro objeto constitutivo de otro injusto distinto del que se investiga para incluirlo en la orden. Esa circunstancia distinta se rige por el carril normal de la flagrancia (arts. 154 y 284 bis).
La teoría del fruto del árbol envenenado y la regla de exclusión no se pueden llevar al extremo porque conducirían a resultados absurdos si no se utilizan con cuidado. Piense por un momento si -en lugar de un arma- el sargento Panzoti hubiera hallado una bolsa de consorcio cerrada con un cadáver descuartizado. Con idéntico razonamiento al que se propone ¿se tendría que nulificar el procedimiento?… pero… ¿y el muerto? Hmmm.
Por eso en EEUU se introdujeron teorías correctoras como la "balancing-test " que coloca en manos del prudente arbitrio judicial la capacidad de sopesar en cada caso las hipótesis en que se debe aplicar la "exclusionary rule", o también la "good-faith exception", que admite la validez procesal de ciertas pruebas obtenidas por los agentes de las fuerzas de seguridad siempre que su actuación haya sido razonable y hayan estado persuadidos de obrar de forma legal.
Estoy de acuerdo en que se deben respetar las garantías constitucionales (inviolabilidad del domicilio y de la intimidad), pero otra cosa es hacerlas funcionar como una abstracción desnaturalizando la finalidad de las mismas que es la plena realización del ser humano en sociedad y no para la comisión de delitos.
Por eso disiento respetuosamente con la idea del post, aunque teniendo presente su actividad letrada en la Defensoría, y de estar ejerciendo ese rol, lo haría en términos similares agregando la ausencia de afectación al bien jurídico tutelado por la ley. Aportaría algún elemento de valoración, vgr., si el arma funcionaba, si estaba cargada, si tenía como única finalidad la defensa personal… algo de qué prenderse como causa de justificación.

Cristian Penna dijo...

Estimado David Grasún, antes que nada agradezco tu visita que nos hayas aportado tu comentario (te tuteo, si te molesta pido disculpas).
Ahora bien, voy a intentar responder a algunos interrogantes que parecería que introducís, y a darte mi opinión (desde luego, respetuosamente).
En primer lugar aclaro que, tratándose de una entrada a un blog, no puede pretenderse (porque tampoco es el objetivo) que se comenten todos los pormenores y detalles que rodearon al caso, como por ejemplo qué otros planteos hizo la defensa (en cuanto al de nulidad, creo que en realidad queda claro que se hizo). No es ese el objetivo del post, que claramente apunta hacia otro lado. No sé, por lo tanto, cómo inferís que el imputado hubiera admitido el hecho (cosa que en el caso real no pasó, pero esa cuestión abarca otros planteos y otras temas diferentes y que intencionalmente he dejado de lado para centrarme en el tema que me interesaba plantear en el post).
Te equivocás, considero, cuando decís que si una nulidad no fue planteada oportunamente "sonaste", depende del tipo de nulidad, y ello por lo siguiente:
- en primer lugar creo que te equivocás al citar el art. 206 CPPBA, ello por cuanto ese art. se refiere al "saneamiento" de las nulidades, y una nulidad como la aquí tratada no podría ser saneada (según tu criterio podría ser subsanada una confesión obtenida mediante tortura... me parece un poco peligrosa tu postura)
- en segundo lugar, creo que en cambio te referís al art. 205, que trata la oportunidad para efectuar el planteo (por ej., las nulidades de la instrucción, durante ésta), sin embargo, creo que estás pasando por alto que el art. 203 dice que "deberán ser declaradas ... en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades que impliquen violación de normas constitucionales...".
En cuanto a ésto último, considero que el art. 205 se refiere a las nulidades relativas, mientras que el art. 203 se refiere a las nulidades absolutas, que por la gravedad de la afectación a garantías constitucionales pueden ser declaradas en cualquier estado del proceso (es decir, mientras no haya recaído sentencia definitiva). ¿Acaso vos convalidarías una tortura? (repito, me asusta un poco tu postura).
En cuanto a lo del objetivo específico de la orden, eso ya fué analizado en el post... lo tenía, y justamente ese objetivo específico hacía que no fuera legítimo que la policía revisara cualquier lugar en donde no pudiera satisfacerse ese objetivo específico (en este caso, resulta ilegítimo buscar en cualquier lugar en que no pudiera encontrarse a una persona -por ej., ésta no podía estar en, ni debajo, ni detrás de una riñonera ubicada sobre un ropero-). Y, en cuanto a que las fuerzas de seguridad no pueden permanecer indiferentes, creo que omitís que justamente, la doctrina del "a simple vista" abarca esa cuestión, pero ello es válido en la medida en que se hayan topado con el objeto constitutivo de ilícito "inadvertidamente" (es decir que no abarca casos en los que se busca donde no sé autorizó a buscar -en estos casos, el objeto no estaba "a simple vista"-).
En cuanto a lo que decís sobre que "no se puede exigir razonablemente que el magistrado prevea la posibilidad del hallazgo de un arma", seguro que no se puede, pero te aclaro que un juez sólo puede ordenar un allanamiento por auto FUNDADO, por lo que si no hay motivos que justifiquen la necesidad de ordenar buscar algo, simplemente no puede ordenar que se busque nada... sería lo mismo que hacer un allanamiento "a ver si se encuentra algo, lo que sea", lo que resulta absolutamente inadmisible en un estado constitucional de derecho. Y, la flagrancia implica que "inadvertidamente" las fuerzas de seguridad se hayan topado con la comisión en flagrancia de un delito (y no que hayan tomado conocimiento de él excediéndose en sus funciones y afectando garantías).
En cuanto a lo del muerto, creo que SÍ, decididamente, tendría que arribarse al mismo resultado (o sea, anularse el proceso). Es el módico precio que tenemos que pagar como sociedad para lograr que nuestras garantías sean respetadas sin excepción por "el soberano" (o sea, por el resto). Vuelvo a repetir, no puede tolerarse que la policía busque lo que sea, donde sea y como sea, a ver si se encuentra algo. Y la validez DEBE ANALIZARSE EX ANTE, y no ex post (lo que quiere decir que una medida ilegítima y vulneratoria de garantías NO PUEDE JAMÁS VERSE LEGITIMADA POR EL RESULTADO DE LA MEDIDA ILEGÍTIMA)
En cuanto a las doctrinas norteamericanas, te invito a que te interiorices un poco, y vas a notar que muchas veces (como suele suceder en muchos lados) no son lo más "correctas" y respetuosas de garantías... y más allá de ello, te aclaro que en el caso comentado, el obrar del personal policial, buscando en donde no estaba autorizado a buscar, no resulta, por lo tanto, razonable, y no sé como harías vos para determinar si estaban persuadidos a "obrar de forma legal" (¿les preguntarías a ellos quizás?, sería algo así como: "sí, yo lo torturé, pero créame que yo realmente estaba persuadido a obrar legalmente..." simplemente suena ridículo).
En cuanto a la "desnaturalización" de las garantías y sus fines, aclaro que, justamente, el objetivo de las garantías es poner un freno al Estado, para que justamente, éste no pueda hacer lo que sea y como sea, sino que deba RESPETAR CIERTOS VALORES SUPERIORES, AÚN A COSTA DE LA EFICACIA DE UN PROCESO PENAL (como dice Maier "se traducen en valores que alcanzan la cúspide de nuestro orden jurídico... valores que, por tanto, aparecen como superiores en rango a la misma potestad penal del Estado y ..., específicamente, a la misma facultad de realización (persecución penal) del Derecho penal material y a su eficacia" -Derecho Procesal Penal, T. I, p.476). Si bien es cierto que no son "para la comisión de delitos" como decís, menos aún es tolerable que el Estado persiga delitos desconociendo garantías.
Para finalizar, en cuanto al último párrafo de tu comentario, te recuerdo que, naturalmente, fueron planteadas y analizadas otras cuestiones en el marco de ese proceso puntual, pero que decidí dejar de lado intencionalmente porque no tenían nada que ver con el tema que se pretendió tratar (seguramente, darían lugar a otros temas, pero no tenían que ver con éste). La finalidad de ésta entrada no fué analizar todo un proceso penal (lo que sería poco práctico y aburrido de hacer por esta vía) sino simplemente tratar un tema puntual.
Por último, respetuosamente digo que posturas como las que plasmás, y las cosas que decías sinceramente me dan un poquitito de miedo... creo que flexibilizar de tal manera a las garantías constitucionales podría ser la causa de graves y reiterados abusos en perjuicio de los valores supremos que las mismas procuran resguardar.
Saludos,

Cristian

Cristian Penna dijo...

Una aclaración con respecto a mi comentario anterior:
En cuanto a lo del muerto... obviamente dí por supuesto que el mismo hubiera sido encontrado a través de un procedimiento ilegítimo. Y hago esta aclaración porque de encontrarse un cuerpo en el caso que comentamos, sí hubiera sido válida la doctrina del "a simple vista", considerando que al mismo se lo podría haber encontrado en donde también podía ocultarse la persona buscada (salvo que estuviera descuartizado, por ejemplo, y distribuido en cajones separados herméticos -y de los que no se escape ningún tipo de olor-)
Saludos,

Cristian

David Grasún dijo...

Y bueno, no estamos de acuerdo... qué se le va a hacer!
El desacuerdo es en el caso puntual que Usted relató.
Otra cosa es que el imputado hubiese sido torturado y a partir de esa tortura se hubiese hallado el arma, entonces si cabe aplicar la doctrina "Montenegro".
En la hipótesis que Usted relató el hallazgo del arma no proviene de ninguna tortura (delito) sino que tiene como antecedente la autorización otorgada por un juez competente para allanar el domicilio. El hallazgo tampoco se produce por ejercicio de violencia o intimidación de la fuerza policial, más allá del temor reverencial que pueda suscitar su presencia.
Yo diferencio la irregularidad del procedimiento, es decir la extralimitación de Panzoti al buscar lo que no estaba autorizado, de la comisión de un delito (tortura) para obtener información del imputado con la cual hallar un elemento criminoso (en este caso un arma). El primero es una irregularidad y por lo tanto convalidable, lo segundo, por ser un delito no lo es.
La convalidación expresa o tácita de la irregularidad del acto está prevista en el 206 inc 2) del CPPPBA. Por eso decía en mi comentario que si el imputado en su defensa material admitió que el hallazgo del arma se produjo en las condiciones relatadas en el acta de procedimiento se da el caso de convalidación de una irregularidad (que no es lo mismo que convalidar un delito como la tortura).
No tenga temor de mi manera de pensar porque recuerde: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”, (art. XXVIII, Alcance de los derechos del Hombre, DADyDH); “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática” (art. 32.2 CADH-Pacto de San José de Costa Rica).
Esas normas también tienen rango constitucional.
Lo saludo respetuosamente.

Cristian Penna dijo...

David, creo que pasás nuevamente por alto el importante detalle de que una orden de allanamiento no significa un permiso para entrar a un inmueble y "hacer lo que se se le cante a algún Panzoti", sino que debe contener un objetivo concreto; no puede ser una autorización genérica, cosa que lamentablemente sucede a menudo en la práctica, pero que no resulta aceptable (y un error cometido mil veces son mil errores). Al respecto Carrió critica justamente el que se otorguen este tipo de autorizaciones en las que se faculta a la policía a secuestrar por ejemplo "todo lo relacionado con un delito".
Así, considerando que el allanamiento es una excepción a la garantía de inviolabilidad del domicilio (que procura proteger un valor tan importante como la intimidad), y que no puede otorgarse en forma genérica, cualquier exceso durante el mismo constituye una afectación ilegítima e inaceptable de la garantía, no habiendo en realidad diferencia entre un allanamiento efectuado sin orden (dejando de lado los casos excepcionales en que ello se permite) y un exceso en la ejecución de un allanamiento legítimo... así como el Estado no puede entrar a un domicilio sin orden judicial otorgada por auto FUNDADO -no te olvides nunca de esta palabra-, tampoco puede durante un allanamiento legítimo revisar cualquier lugar no contemplado en la orden... eso también es ilícito (y también afecta, en este caso, el derecho a la intimidad).
Me parece que planteás una línea divisoria bastante confusa y subjetiva con respecto a cuándo es tolerable la afectación de la garantía y cuándo no; decís, por ejemplo, que no es aceptable un allanamiento sin orden, pero sí que durante uno con orden se registren lugares que la orden no autorizaba a buscar... sinceramente yo no encuentro diferencias entre la última situación y una situación hipotética en que una orden faculte al registro de un departamento y se registre ese y el siguiente que también es del mismo propietario (para hacerla bien complicada), en ambos casos existen órdenes de allanamiento legítimas, otorgadas por juez competente y por auto fundado, pero en ambos se revisó algún lugar que no podía revisarse (en ambos se afectó el derecho a la intimidad más de lo autorizado).
Obviamente podés tener tu criterio
pero, a mí modo de entender adoptás uno al que arribás mediante la utilización de conceptos equivocados.
Y sí, me da un poquito de miedo tu forma de pensar, remitiéndome a lo que te dije en mi comentario anterior. Ello por las peligrosas consecuencias que podrían generar posiciones como la tuya.
Sin ánimos de ofender, espero que no seas algún día juez, al menos mientras sigas dispuesto a flexibilizar tanto las garantías; aunque pensándolo bien, estarías a tono con muchos de los jueces que lamentablemente tenemos actualmente en ejercicio.
De todos modos agradezco tu opinión. Saludos,
Cristian

David Grasún dijo...

Disculpándome anticipadamente por abusar de su amabilidad y su espacio me encontré con este PDF de Andrés D'Alessio cuya lectura viene al caso porque trata el tema que Usted analiza. La dirección es www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/Especiales_SELA/SELA%201998%20-%20Ed%201999/04SELA98Juridica15.pdf Cuenta la leyenda que D'Alessio -siendo Secretario de la CSJN- redactó la sentencia del caso Montenegro, por lo tanto no está demás leer su opinión que -en parte- concuerda con la esbozada por Usted y -en parte- con la mía.

Cristian Penna dijo...

David, no tenés que pedir disculpas. Al contrario, se agradecen tus comentarios.
Sin embargo, me parece aún que no terminás de comprender cómo opera el juego entre la protección de la garantía, su tolerable afectación a través de una orden de allanamiento y los alcances que puede tener esa afectación para ser tolerable (tanto para quien emite la orden como para quien la ejecuta); es decir que, la orden de allanamiento autoriza una injerencia excepcional en el ámbito de intimidad de una persona, pero debe tenerse en cuenta que la ejecución de tal injerencia tiene que apegarse estrictamente a los alcances de la orden que la permitió (la que a su vez debe aurorizar sólo los alcances estrictamente necesarios para lograr el objetivo propuesto, lo que debería estar adecuadamente fundado). Y, cualquier exceso a lo planteado (sea en la orden o en el procedimiento que la ejecuta) provoca una afectación de la garantía que va más allá de lo jurídicamente tolerable.
Espero estar siendo claro.
Saludos,
Cristian