viernes, 1 de agosto de 2008

Quédate tranquilo, que en pos de garantizar vuestro derecho de defensa os privaremos de vuestra libertad...


Por Cristian Penna



Sobre cómo utilizar una garantía en tu propia contra...



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Estas líneas cuestionan a uno de los argumentos más utilizados para justificar la aplicación del "encierro" a personas que hasta el momento gozan del estado jurídico de inocencia por no haber sido declaradas culpables a través de una sentencia condenatoria firme.
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El argumento al que nos referimos sostiene que la prisión preventiva puede justificarse para neutralizar los riesgos procesales, esto es, para evitar el peligro de fuga y/o el entorpecimiento de la investigación por parte de la persona investigada. Dejando de lado al peligro de entorpecimiento de la investigación (que podríamos desmantelar con otros argumentos más sencillos aún), aquí nos centraremos en el "peligro de fuga"..
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Analicemos brevemente, entonces, este argumento. Procedamos para esto a formularnos y auto-respondernos una serie de preguntas:.

  • ¿Por qué el "peligro de fuga" constituye un riesgo procesal que, según se sostiene, justificaría la aplicación de la medida cuestionada?
Esto se debe a que en nuestro país no existe el juicio contumacial (es decir, el realizado en ausencia del imputado), por lo que ante una eventual fuga sería imposible (al menos hasta que reapareciera el prófugo) proseguir con el proceso hasta su definitiva conclusión, hasta alcanzar su fin (vale decir, la aplicación de una pena).

  • ¿Y por qué nuestro ordenamiento prohíbe el proceso contumacial?
Tal como señala Maier, dicha prohibición es una derivación del derecho de defensa, que exige la presencia del imputado durante el juicio ya que, en el procedimiento penal, tal garantía no se satisface con sólo conceder a la persona una posibilidad cierta de defenderse, sin controlar que quien se defiende pueda efectivamente ejercer su defensa; por el contrario, tal garantía impone la necesidad de verificar que el imputado sea idóneo para intervenir en el procedimiento (capacidad) y esté en condiciones para ejercer las facultades que le concede la ley procesal penal al efecto.
Por lo tanto, un veredicto condenatorio en un juicio en el que el imputado no hubiere participado sería nulo por vulneratorio del derecho de defensa.
La secuencia de razonamiento sería, en líneas generales, la siguiente: el Estado pretende condenar a una persona por la comisión de un hecho delictivo determinado; pero, como existe cierto riesgo (que es sólo un grado de probabilidad) de que esa persona se fugue, el Estado la retiene, privándola temporalmente (tal vez por unos cuantos años) de su libertad para poder eventualmente aplicar la pena impuesta sin que se vea menoscabado su derecho de defensa. Es decir, en nombre del derecho de defensa, el Estado priva a una persona de su libertad, para asegurar la eventual aplicación de una pena.
Ahora bien, tengan en cuenta que, como todos sabrán, una garantía no podría válidamente utilizarse de modo que perjudique a su portador... pero, ¿acaso no es eso lo que se está haciendo con el argumento que criticamos? ¿no se está utilizando al derecho de defensa para justificar un encierro prematuro?
Piensen ustedes lo siguiente, si les proponen privarlos de su libertad por algunos años como condición para poder garantízar su derecho de defensa, ¿no renunciarían acaso al mismo en pos de mantener su libertad?; si la respuesta es afirmativa, algo anda mal con éste fundamento... o tal vez dirían: "¡¡¡muchas gracias Estado por cuidar tan celosamente mi derecho a defenderme... al menos cuando te conviene!!! paciente y comprensivo yo aguardo unos añitos entre rejas mientras tratas de fundar una acusación en mi contra..." o algo por el estilo... ¿notaron lo ridículo que suena?.
Es que, de hecho, según el criterio que sostengo, no queda otra alternativa más que abandonar al "peligro de fuga" como fundamento que pretenda legitimar la aplicación de la prisión preventiva...

1 comentario:

Gabriela dijo...

HAy un problema en la realidad de la aplicación de la norma.
Se entiende que es una medida extrema, para casos graves y urgentes y que para ser aceptada por el tribunal, las partes deben discutir su procedencia. Así el sistema se mantiene desatochado y expedito para poder atender los casos que como Sociedad se nos presentan con más alarma.
El problema es que se ve que en la práctica, casi todos los casos se tratan como "graves" y la discusion sobre los derechos del imputado se va literalmente a las pailas.
Se ve en el caso real donde la medida de prision preventiva ha aumentado la población penal en un 60%, y desgastando la complicada labor de los entes que participan en las investigaciones judiciales.
NOs falta criterio, nos falta enfriar cabeza, nos falta leer bien.
Nos falta