jueves, 7 de agosto de 2008

Afectación del indubio pro reo y alcances de su control a través del recurso de casación penal

Por Cristian Penna

Los siguientes párrafos son una breve síntesis de un modesto trabajo sobre el tema; por lo tanto probablemente algunas cuestiones queden un poco "colgadas" pero, vale la pena al menos "tirar" el tema...

  • Planteo de la cuestión
Si indagamos acerca del aforismo in dubio pro reo, como derivación del estado jurídico de inocencia que ampara a toda persona sometida a un proceso penal, no tendremos problemas en observar que en abstracto su contenido para el Derecho Procesal Penal es claro, esto es, “la exigencia de que la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una pena sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado” [Maier, Julio], y consecuentemente, la falta de esa certeza debe conducir ineludiblemente a la absolución.

Pero, otra complejidad tendrá la cuestión si indagamos acerca de la viabilidad y alcances del control de la afectación de dicho principio por vía de la casación. Es decir, si analizamos cuándo una vulneración a este principio podría ser sometida a tal tipo de control, y qué características debería presentar para ello.

Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia tradicionales han sostenido que una afectación a este principio no podría válidamente acceder al control casatorio, reconociéndose casi como única excepción el supuesto en que el tribunal de juicio condena a pesar de haber expresamente admitido tener dudas sobre la culpabilidad. Esto tiene que ver fundamentalmente con el principio de inmediación, que exige al tribunal un contacto directo con los elementos probatorios en que ha de basar su decisión (contacto del que carecería, en principio, un tribunal de casación).

Según tales posturas, en casos en que el juez haya afirmado tener certeza en su sentencia, a pesar de que luego de considerar el conjunto de la prueba producida durante el juicio pareciera evidente que en realidad debiera haber expresado la duda, sería inadmisible un recurso de casación.


Al respecto, téngase en cuenta que, curiosamente, suele ser habitual que los tribunales de juicio esgriman pobres (o directamente nulos) fundamentos en cuanto a la valoración de la prueba efectuada para construir la certeza expresada para fundar una condena; es decir, muchas veces los jueces expresan haber alcanzado certeza de culpabilidad, aunque no explican (o lo hacen deficientemente) cómo la alcanzaron en función de los elementos de prueba producidos.
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Y es debido a situaciones como éstas que las posturas tradicionales resultan cuando menos cuestionables, surgiendo la necesidad de delimitar con la mayor exactitud posible las restricciones fácticas al control casatorio propias de la inmediación.
  • Conclusión
Cronsidero que debería tenerse en cuenta que, como nadie pone en duda, el in dubio pro reo, exige un grado cognoscitivo de certeza para el dictado de una sentencia penal condenatoria. Lógicamente, no estamos hablando de una certeza absoluta (inaccesible a las capacidades de conocimiento humano), ni tampoco de una mera certeza subjetiva (cuya imposibilidad de control posterior, y su consiguiente riesgo de arbitrariedad resultan vulneratorios de garantías constitucionales), sino más bien de una certeza subjetivo-racional, entendida como certeza subjetiva deducida a partir de los elementos probatorios producidos en el juicio y fruto de inferencias válidas [en palabras de Máximo Langer].

La validez de tales inferencias puede (o más bien “debe”, considerando los preceptos constitucionales en juego) ser pasible de una revisión posterior integral, lo que debería ser posible de lograr mediante el recurso de casación debido a que nuestro sistema de sana crítica exige al órgano jurisdiccional una adecuada motivación de su resolución.

En realidad, ya no cabía lugar a dudas respecto de la amplitud de tal revisión desde que el art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional otorgara jerarquía constitucional a los arts. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y menos lugar a dudas debería quedar si tenemos en cuenta lo resuelto en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” por la Corte Interamericana, criterio que fuera luego recogido en el fallo "Casal" de nuestra Suprema Corte nacional.


El control casatorio del in dubio pro reo, entonces, no solo debería ser viable, sino más bien constitucionalmente exigible, ya que se trata de corroborar que el grado de convicción al que arribó el tribunal sea equiparable a la certeza exigida por éste principio para hacer cesar el estado jurídico de inocencia que ampara a toda persona sometida a un proceso penal.
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