De acuerdo a lo adelantado en la entrada anterior, a continuación se transcribe el modelo de excepción de falta de jurisdicción elaborado por el INECIP:
EXCEPCION DE FALTA DE JURISDICCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE INTEGRACION DEL TRIBUNAL DE JUICIO POR JURADOS
Sr. Presidente del Tribunal:
XX, defensor de don YY, en la causa Nº ... del Tribunal en lo Criminal Nº ... /Juzgado en lo Correccional Nº ... del Departamento Judicial de ..., con el domicilio procesal constituído en calle ... Nº ... de la Ciudad de ..., a V.S. muy respetuosamente me presento y digo:
I.- OBJETO:
Que ante la notificación de la integración del tribunal de juicio sin jurados, en abierta violación al diseño del juicio público de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional en sus arts. 1, 18, 24, 33, 75 incisos 12 y 22 y 118, venimos a presentar la correspondiente excepción de falta de jurisdicción para que el tribunal que V.S. preside se constituya con doce jurados y sus suplentes, conforme el desarrollo que efectuaremos a continuación.
El pedido es procedente ya que las disposiciones constitucionales no otorgan jurisdicción al juez profesional para dictar el veredicto. El veredicto sobre la existencia o no del hecho y sobre la culpabilidad o inocencia del acusado pertenece en forma exclusiva a la ciudadanía, que es representada en el juicio a través de los doce jurados.
Esta verdadera división de poderes hacia adentro del ejercicio mismo del poder judicial es lo que le da al juicio por jurados su indiscutible categoría de garantía constitucional (art. 24 CN).
La falta de una ley reglamentaria del juicio por jurados ha provocado que esta esfera exclusiva de poder de la ciudadanía haya sido ocupada ilegítimamente por el Estado en la persona de los jueces profesionales, que carecen de jurisdicción para realizar por sí solos el juicio y que detentan una concentración del poder punitivo incompatible con el modelo republicano de nuestra Constitución Nacional.
Son procedentes los arts. 1, 18, 45, 51, 354, 358, 376 del CPPN, declarándose que no se ha intentado otra vía procesal (CITAR LAS NORMAS PROCESALES SOBRE FALTA DE JURISDICCIÓN DE CADA CPP LOCAL. Ejemplo: en Pcia de Bs As, CPP, 1, 15, 36, 37, 336, 338 inc 3º)
II.- MOTIVACION Y FUNDAMENTO:
La excepción de falta de jurisdicción debe admitirse, además, por los siguientes argumentos:
EN PRIMER LUGAR, porque todo habitante de la República, entre los cuales se encuentra mi defendido, goza de la garantía del derecho a un debido proceso en el cual sea juzgado por sus pares y dentro de la forma republicana de gobierno que se propone ya desde el Preámbulo y se establece a partir del artículo 1º y los siguientes de la Constitución Nacional.
Ciertamente, la forma de gobierno republicana exige que en el ejercicio de los tres poderes del Estado participe el pueblo soberano tal como lo sienta como principio general el artículo 33 de la Carta Magna Nacional. En tal sentido, si bien esta exigencia se cumple en lo referente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en cuanto a que el pueblo elige a sus representantes, hasta el presente –y con la sola excepción de la Provincia de Córdoba- no ocurre lo mismo en cuanto a la administración de Justicia que lleva a cabo el Poder Judicial en casi todas las jurisdicciones de la Nación Argentina.
En este punto, destacaremos que -siendo impensable la elección por el voto popular de los magistrados de este último poder del Estado desde que ello implicaría un apartamiento grosero y grave de la exigencia de independencia con que deben juzgar los órganos jurisdiccionales- la integración de los tribunales con jurados populares resulta el único camino posible para la participación popular en la citada área de gobierno que representa, ideal pero ciertamente, el treinta y tres por ciento del poder y, en muchos casos, la última palabra político-institucional en los temas de la más alta trascendencia.
Es así como la Constitución Nacional de 1853, en tres disposiciones que subsisten a pesar de las reformas concretadas desde entonces, ha previsto la actuación de tribunales del juicio oral y público por jurados, es decir, con la intervención de miembros del pueblo a cuyo cargo estará el dictado del veredicto y de un juez profesional director de la audiencia quien tendrá a su cargo dictar una sentencia enteramente respetuosa de dicho veredicto.
Entiéndase así la exigencia del juez natural de la Constitución (art 18 CN), que siempre hemos confundido con los jueces profesionales designados antes de que el hecho ocurriese. Juez natural según la Constitución es el jurado en los términos del art 118 CN (deben ser vecinos del lugar del hecho) constituido bajo la dirección de un juez profesional que también debe revestir las mismas características.
Sólo, entonces, de ese modo se concretará la participación popular en los actos del Poder Judicial reafirmándose la forma republicana de gobierno y satisfaciéndose el mandato de los arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución Nacional.
La descentralización del poder de los órganos jurisdiccionales letrados, compartiendo la decisión en sus dos momentos (veredicto y sentencia) y poniéndolos en cabeza del pueblo al primero y del juez letrado al segundo, es directamente necesario para el paradigma constitucional de la forma republicana de gobierno. Muy por el contrario, la ausencia del jurado popular, que hoy se verifica con las funciones centralizadas de veredicto y sentencia a su cargo de jueces letrados, conlleva una ideología más propia del autoritarismo que se hace mucho más profunda cuando se repara en que, además, son magistrados que permanecen en sus cargos “mientras dura su buena conducta”, es decir, que pueden revestir en los mismos durante toda su vida.-
EN SEGUNDO LUGAR, mucho se ha discutido desde los primeros gritos patrios sobre la instauración del jurado pero hay datos –en general ignorados por quienes lo rechazan bajo el pueril argumento de que no fuera compatible con nuestra idiosincrasia- que muestran, de un modo harto elocuente, que la República Argentina se ha manifestado a su favor desde sus primeros intentos de emancipación. De este modo, es conveniente destacar distintos exponentes de la vocación juradista argentina:
1.- El Decreto del 26 de octubre de 1811 del Triunvirato sobre “jury”.
2.- El Proyecto de la Comisión Especial de 1812 –que preparaba la Asamblea General Constituyente de 1813- estableció: “… El proceso criminal se hará por jurado y será público… y los jueces en lo criminal aplicarán la ley después de que los ciudadanos hayan sido declarados culpables por sus iguales.”
3.- Proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica.
4.- Constitución de 1819 y Constitución de 1826: remarcaban el derecho y el interés de los miembros del Estado de ser juzgados por jueces plenamente libres, independientes e imparciales y establecían que el cuerpo legislativo debía preparar y poner en marcha el establecimiento del juicio por jurados en cuanto las circunstancias lo permitan…”
5.- Plan General de Organización Judicial de Buenos Aires de 1829 del Gobernador Borrego: establecía el juicio por jurados en un proyecto elaborado por el francés Bellemare.-
6.- Jurado de abigeato de Buenos Aires de 1825 del Gobernador Las Heras: estuvo restringido a dicho delito y rigió hasta la sanción del Código Rural de 1866.-
7.- La Constitución Nacional de 1853: apartándose de la opinión de Juan Bautista Alberdi y siguiendo la enfática defensa de Gorostiaga, introdujo el mandato en sus artículos 24, 67, inc 11 y 102 (este último con fundamento en el art. 117 de la Constitución Federal de Venezuela).-
La [reforma a la] Constitución Nacional de 1860 y la de 1994: ambas han mantenido total y plenamente la vigencia de los tres artículos mencionados de la Constitución de 1853, en los actuales artículos 24, 75, inc 12 y 118.-
EN TERCER LUGAR, la participación popular en la función de la administración de Justicia ha sido preocupación recurrente de parte de casi todos los gobiernos democráticos. Entre los concretos proyectos más destacados, cabe citar los siguientes:
1.- Proyecto de los senadores Oroño y Aráoz de 1870, que derivo en la sanción de la ley 483 que creó la comisión integrada por los Dres. Florentino González y Victorino de la Plaza: que elaboraron, bajo la presidente de Sarmiento, su proyecto en 1873 con fundamento en las enseñanzas de Mittermaier, el proyecto Livingston para el Estado de Luisiana (EEUU) y el Código Procesal Criminal de New York de 1850. Este proyecto se complementó con el “Código de Procedimiento en los negocios criminales que pueden conocer los jueces y tribunales nacionales” cuyo artículo 13 establecía el juicio por jurados integrado por ocho personas que daban su veredicto por unanimidad.-
2.- Proyecto de CPP para la Nación elaborado bajo la dirección de los Dres. Julio Maier y Alberto Binder de 1986 que lo introducía, aunque bajo la forma escabinada, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
3.- Proyecto de Ley de Jurados del 20 de mayo de 1998 elaborado por el Ministerio de Justicia para la jurisdicción federal durante la presidencia de Carlos Menem.
4.- Proyecto de Ley Nacional de juicio por jurados de 2004 y 2006 diseñado por la actual presidenta [Cristina Fernandez] durante la presidencia de Néstor Kirchner.
5.- Otros en todas las jurisdicciones de la Nación como, por ejemplo, los proyectos del senador Antonio Arcuri de 2001 y del senador Sigal de 2002 para la Provincia de Buenos Aires; el de Comisión ad-hoc de la Provincia de Entre Ríos creada por Decreto 1152 de 1996, integrada por los catedráticos Carlos Chiara Díaz y Jorge Vázquez Rossi y otros miembros; el de nuevo CPP de la Provincia de Chubut, de la autoría de Julio Maier de 1999, y el contemporáneo para la Provincia de Neuquén, de la autoría de Alberto Binder con participación del INECIP; el de CPP para la Provincia de Santa Fe de 2006 dentro del Plan Estratégico de reforma judicial provincial entre otros destacados a lo largo de toda la República.
La Provincia de Córdoba es la única en la que rige en la actualidad el juicio por jurados, el cual fue introducido en diciembre de 2004 y que ya lleva más de cincuenta juicios por jurados realizados, algunos de ellos de especial resonancia. Su aplicación no es sólo pacífica sino que ya está naturalmente asimilada en forma inmediata por el pueblo y forma parte de la vida común provincial.
EN CUARTO LUGAR, el juicio por jurados tiene honda tradición greco-latina, ha pasado por la mayoría de los países europeos y actualmente rige en Gran Bretaña (en 1215 se dictó su “Carta Magna”), Francia (a partir de la Constitución de 1791), España (inmediatamente de la restauración de la democracia por ley de mayo de 1995) y muchos otros países entre los cuales se hallan Alemania, Austria, Bélgica, Portugal, Grecia, Italia, Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega. También está vigente en los diversos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá y en muchos de los países latinoamericanos como Brasil, Guatemala y Venezuela cuyo artículo 117 de la Constitución Nacional ha sido inspirador de las normas de nuestra Constitución Nacional en el tema.
Finalmente, es Japón el último gran país desarrollado que comenzara con este sistema en enero de 2009.
Es un dato relevante el de que el juicio por jurados, seguramente por ser una institución que tiene especial adecuación a la democracia y el sistema republicano de gobierno, ha sido siempre suprimido inmediatamente del acceso al poder por parte de grupos autoritarios. En tal sentido, fue suprimido en la España de Franco, en la Italia de Mussolini y resulta impensable su vigencia en sistemas totalitarios de cualquier sector político al que pertenezcan: el jurado asegura la descentralización del poder y la participación popular. Con ello aleja la posibilidad de los manejos autoritarios y, especialmente, hace más posible la realidad de la actuación de tribunales independientes desde que los miembros del jurado no tienen interés alguno en complacer al poder político porque no están dentro de currículas o carreras funcionales dentro del Poder Judicial. Por el contrario, su convocatoria es sólo para ese juicio y se disuelve con el dictado del veredicto, siendo mucho más difícil influenciar sobre el número múltiple de los jurados, con edades, procedencias, sexos y extracciones sociales muy diferentes que presionar desde los otros poderes del Estado sobre un juez unipersonal o tres miembros colegiados del tribunal cuyo futuro funcional es frecuente ver en nuestros días visiblemente amenazado en relación al dictado de sentencias en contra de intereses de sectores poderosos de la política.
EN QUINTO LUGAR, es también bueno destacar que el juicio por jurados contó y cuenta –a lo largo de la historia- con el apoyo de los más destacados representantes de la política del Estado como de académicos y abogados de la valía de Joaquín V. González, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Bartolomé Mitre, Néstor Sagüés, Alfredo Mooney, Bas, Germán Bidart Campos, Manuel Ruiz Moreno y Tomás Jofré, por sólo nombrar a algunos.
Jurisprudencia de la Corte Federal:
Lugar destacado en el terreno de la lucha por la vigencia del juicio por jurados tienen sobradamente reconocido Ricardo Cavallero, Alfredo Mooney y Edmundo Hendler, entre otros, siendo de destacar un voto de fecha 22/03/2005, de este último como juez de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Sala A, en los autos “Valicenti, Abel y otros” en el cual se manifiesta por la procedencia del reclamo del recurrente en el sentido de ser juzgado en un juicio por jurados pues rescata el derecho a ser juzgado por sus pares el cual sólo podría ser obviado si el justiciable renunciara a ello o en supuestos de menor gravedad. En esa misma sentencia, hace referencia a que los fallos de la Corte Suprema de la Nación en los que convalida el juicio sin jurados tienen ya un siglo de antigüedad y que el más reciente data de 1947, por lo que afirma que esos argumentos han perdido vigencia. Se pronuncia por la revocación de la resolución impugnada, por hacer lugar a la excepción y dirigir un oficio al Alto Tribunal para que gestione ante el Poder Legislativo el dictado de las leyes necesarias al establecimiento del juicio por jurados y, en el mientras tanto, “… suspender el trámite y reservar las actuaciones hasta tanto se dicten las mencionadas leyes…”
Es importante destacar esto, a los efectos de fundamentar correctamente la eventual cuestión federal. Ya es tiempo que la CSJN se pronuncie en el marco de un nuevo caso concreto acerca del incumplimiento del mandato constitucional del juicio por jurados. Al fallo de 1947 –en épocas democráticas del país- le siguió un tiempo muy turbulento donde hubo gobiernos de facto y estado de sitio por más de 20 años. Parecía razonable que, en épocas donde el Congreso estaba cerrado, la Corte no exigiera la sanción de la ley nacional reglamentaria del juicio por jurados. Pero ahora, y sobre todo desde la recuperación democrática en 1983, ha perdido toda vigencia aquella doctrina legal de la CSJN que todavía “esperara” que el Congreso reglamentara la garantía del jurado. Y durante todo ese tiempo hubo un avance formidable del Derecho Constitucional e Internacional y de la aplicación directa de sus normas ante legislaciones secundarias inexistentes o abiertamente contradictorias.
Nada obsta hoy que un juez que quiera cumplir cabalmente con la Constitución ordene constituir un jurado de 12 miembros en aplicación directa de las normas constitucionales.
De ser objetado, esto llevaría a la CSJN a dictar un pronunciamiento muy distinto a los anteriores.
El juicio por jurados no es un instituto que pudiera válidamente discutirse puesto que, al estar establecido en la Constitución Nacional, se produce el efecto de obligar a las autoridades públicas a su inmediata instauración y puesta en funcionamiento en todas las jurisdicciones de la República. Además, como enseña el cordobés Alfredo Eduardo Mooney (“El juicio por jurados”, Ediciones Romanas, Córdoba, 1996, p. 30) el juicio por jurados es una garantía constitucional de los justiciables toda vez que concreta la descentralización del poder, expresa la representatividad del pueblo en la administración de justicia, aumenta la publicidad y la transparencia de los actos de gobierno, acrecienta el poder del pueblo estimulando su participación y compromiso con la “cosa pública”, actúa como un poderoso civilizador, acerca al pueblo a los actos de gobierno, incrementa el respeto a la ley.
Las disposiciones de la Constitución Nacional no pueden ser opinables de modo que, de acuerdo a lo que gusten o no de ellas los gobernantes de turno, pudieran ser efectivamente aplicadas o dejadas en desuso. Se trata del mandato de tres normas expresas de la misma y de todo un sistema de gobierno adoptado como base de la convivencia nacional: la República. En ella, la esencia está centrada en el principio de la soberanía popular y en la participación y control de los actos de los poderes públicos del Estado. Si no se pone en vigencia el juicio por jurados, estos principios continuarán siendo inobservados y seguiremos produciendo pronunciamientos jurisdiccionales viciados en su esencia por apartamiento de las garantías emergentes de los arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la Carta Magna nacional.
Ha llegado la hora de tomar el rumbo correcto. Ya no debe aceptarse el desconocimiento de la Constitución, por lo que exigimos el cumplimiento irrestricto del debido proceso que ella determina como garantía para todos los justiciables. En tal sentido, venimos a manifestar la FALTA DE JURISDICCIÓN de la integración del tribunal de juicio que se nos ha notificado PUES EL MISMO DEBE SER CONFORMADO POR JURADOS POPULARES Y, AL MENOS, UN JUEZ LETRADO.
Si la institución del juicio por jurados no está prevista en la ley procesal, el Excmo. Tribunal debe tomar dos caminos y sólo esos dos caminos: por una parte, pronunciarse sobre la procedencia del presente planteo de falta de jurisdicción y, conforme al sencillo proyecto de reglamentación judicial que se adjunta a la presente, llevar a cabo el juicio público con la dirección de un juez profesional y de 12 jurados sorteados del padrón electoral del departamento judicial, con sus suplentes. De este modo el juez hace aplicación directa de los artículos ya citados de la Constitución Nacional.
Por la otra, y en caso de decidir no hacer el juicio con jurados, suspender el proceso hasta tanto se dicte la ley que ponga en vigencia en la jurisdicción el juicio por jurados. A tal efecto solicito se eleve el presente caso al máximo tribunal de la jurisdicción local a fin de que gestione, ante la legislatura correspondiente, el dictado, en forma inmediata, de las leyes necesarias al establecimiento del juicio por jurados. Respetándose, de esta manera, el principio Republicano de división de poderes, pues la voluntad del Constituyente prima sobre la del legislador (art 31 CN). En este sentido el juez se encuentra habilitado para exigirle al Congreso el cumplimiento de su deber, ante la inobservancia por parte de dicho órgano, de alguna previsión constitucional. En tanto el Congreso Nacional no cumpla el cometido institucional que la constitución le ha encomendado, no existe obstáculo alguno para que las provincias instauren por propia iniciativa el funcionamiento del juicio por jurados con plena legitimidad constitucional.
Bajo ningún aspecto puede considerarse a este accionar un avasallamiento de las funciones del Poder Legislativo, toda vez que su omisión menoscabe derechos constitucionales. El Tribunal no puede permanecer indiferente ante la gravedad de esta situación, en su caso, reclamando a los otros poderes del Estado proveer la instrumentación necesaria para la vigencia del DEBIDO PROCESO EN SU INTEGRIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DEL JUICIO POR JURADOS EN TODA LA REPUBLICA ARGENTINA. Lo expuesto encuentra fundamento en los casos resueltos por el más alto Tribunal “Verbitsky” y “Mignone”.-
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III.-PLANTEO DE LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL Y FEDERAL. RESERVA DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Que tal como se ha desarrollado a lo largo de la presente excepción, se encuentra menoscabado el derecho de raigambre constitucional que tiene todo ciudadano a “ser juzgado por un jurado”, pues así lo garantizó expresamente el constituyente en el art. 24: “El Congreso promoverá… el juicio por jurado”.
El jurado es indiscutiblemente una garantía constitucional del individuo frente al Estado. Lo es porque toda persona acusada tiene derecho a que, antes de que el Estado aplique sobre ella el derecho penal, se requiere “el ante juicio” de individuos –pares del acusado- que no forman parte del Estado y cuya decisión se expresa en el veredicto. La no implementación del jurado llevó a la supresión de esta garantía y a dejar al acusado sin la garantía del primer filtro ciudadano y de su permiso antes de aplicar el ius puniendi estatal.
Este, y no otro, es el sentido del art 24 de la Constitución Nacional que consagra al juicio por jurados como garantía individual de las personas.
Lo previó como una obligación del Poder legislativo en su art. 75 inc. 12 “Corresponde al Congreso… dictar las leyes que requiera el establecimiento de juicio por jurado”. Y como una atribución del Poder Judicial al establecer en el art. 118 “Todos los juicios por criminales ordinarios… se terminarán por jurados”. Asimismo se ven vulneradas las garantías del arts. 1, 18, 33 de Nuestra Constitución Nacional.
Es por ello que encontrándose en juego la interpretación de normas de jerarquía constitucional, téngase presente la expresa reserva del Caso Federal, en virtud de lo normado por el art. 14 y 15 de la Ley 48 y sus modificatorias.
IV.- REGLAMENTACIÓN
Para el caso que vese nuestra señoría haga lugar a lo peticionado y decida aplicar directamente los artículos 24, 75 inc2 y 128 de la Constitución Nacional, para que el presente juicio se realice con jurados, es que ponemos a su disposición como guía práctica el siguiente apéndice reglamentario que se ajusta, sin ningún esfuerzo, a todos los anteproyecto de leyes sobre la materia.
Conocida es la facultad que tienen los jueces para dictar los reglamentos prácticos que permitan realizar el juicio, sin alterarlo. En este caso se trata ni más ni menos que adecuar el juicio previsto en el CPP al sistema de juicio por jurados clásico.
Reglamentación judicial para la integración del jurado:
Para la conformación del jurado se deberá proceder conforme a las siguientes pautas:
1) El juicio por jurados se realizarán en la misma provincia y en el mismo lugar (departamento judicial) en que se hubiera cometido el hecho.
2) El tribunal de jurados se integrará con doce miembros titulares y seis suplentes. La conducción del debate estará a cargo del presidente del tribunal.
3) El presidente del tribunal requerirá a la Cámara Nacional Electoral, una lista de 150 ciudadanos que se elegirán al azar del padrón electoral y deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Tener entre veintiún y setenta años de edad.
b) Contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos.
c) Tener domicilio conocido
d) Tener una residencia permanente no inferior a dos años en el territorio de la jurisdicción del tribunal competente.
4) En audiencia pública con presencia de las partes, el secretario procederá a sortear a 36 personas, las cuales serán citadas por escrito. En la misma notificación se le harán saber las inhabilidades o incompatibilidades para que, el día de la audiencia de recusación manifiesten si se encuentran comprendidas en una de ellas y adjunten la prueba pertinente.
5) En la audiencia de recusación el secretario verificará los datos personales y domicilio de los jurados, el cumplimiento de los requisitos, la inexistencia de incompatibilidades e inhabilidades y los indagará sobre los inconvenientes prácticos que eventualmente pudieran tener para cumplir su función.
Asimismo, el secretario informará a los jurados sobre la naturaleza de la función que les ha sido asignada, quiénes son los sujetos interesados a los fines de la excusación y los deberes y responsabilidades que dicha función implica.
6) [Incompatibilidades e inhabilidades]:
Incompatibilidades. No podrán cumplir funciones como jurado:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación, los gobernadores y vicegobernadores de las provincias.
b) Intendentes y concejales; jefe y vicejefe de gobierno y legisladores de la ciudad de Buenos Aires.
c) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios de los Poderes Ejecutivos de la Nación, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
d) Los legisladores y funcionarios de los Poderes Legislativos de la Nación y de las provincias.
e) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
f) Los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales y provinciales, en actividad.
g) Los abogados, escribanos y procuradores matriculados.
h) Los ministros de un culto religioso.
i) Los vocales de la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación por tal causa.
b) Los imputados en causa penal contra quienes se haya dictado auto de procesamiento u otra medida equivalente que establezcan los códigos procesales.
c) Los condenados a una pena privativa de libertad, hasta después de agotada la pena y los condenados a pena de inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargos públicos, mientras no sean rehabilitados.
7) En la misma audiencia se procederá a la excusación y recusación de los restantes potenciales jurados.
8) Al ser la función de jurado una carga pública, el candidato a jurado deberá inhibirse por las mismas causales establecidas para los jueces en las normas de rito, o cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes -en segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad- hubieran recibido o recibieren, de alguno de los interesados, dádivas o beneficios de cualquier naturaleza.
9) Con posterioridad al planteo de excusaciones, en la misma audiencia, las personas seleccionadas como jurados podrán ser recusadas por las partes por no gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo o cualquier otro impedimento que pueda afectar la imparcialidad.
Si se tomara conocimiento de una causal de recusación con posterioridad al inicio del debate y hasta la emisión del veredicto, deberá plantearse inmediatamente. Acto seguido, el juez resolverá las recusaciones planteadas por las partes si las hubiere.
Asimismo la parte acusadora y la defensa, podrán cada una, recusar sin causa hasta a cuatro de ellos.
A fin de analizar la recusación sin causa de los jurados, las partes podrán interrogar a los candidatos a jurados sobre sus circunstancias personales, el conocimiento que tengan del hecho, de los imputados y de las víctimas. Los integrantes de la lista prestarán juramento de decir verdad y tendrán las mismas obligaciones que los testigos.Estos trámites se realizarán ante el secretario y constarán en actas. Depurada la lista, serán sorteados los doce jurados titulares y los seis suplentes.
Si el jurado sorteado fuera apartado se designarán sucesivamente a los restantes de la lista, según el orden del sorteo. La lista definitiva de jurados titulares y suplentes será anunciada al concluir la audiencia.
10) Luego de que los integrantes del jurado prestan juramento, se seguirán las normas de procedimiento para los juicios orales previstas en los códigos de forma.
11) Los integrantes de jurado no podrán conocer las constancias de la instrucción ni interrogar a los imputados, testigos, peritos o intérpretes.
12) El juez, una vez clausurado el debate, explicará al jurado las normas que rigen la deliberación y le informará sobre su deber de pronunciar un veredicto en sesión secreta y continua y sobre las disposiciones legales aplicables al caso, expresando su significado y alcance en forma clara.
Seguidamente, invitará a los jurados a retirarse de la sala y celebrará una audiencia con los letrados de las partes a fin de que presenten sus propuestas para la elaboración de las instrucciones. Tras ello, decidirá en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados. Sin perjuicio de la versión taquigráfica, las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones para el caso de interposición de recursos contra el fallo, en el acta que el secretario labrará al efecto. Una vez finalizada dicha audiencia, el juez hará ingresar al jurado a la sala de debate y le impartirá las instrucciones, acompañándole asimismo una copia de ellas por escrito. Inmediatamente después, el jurado pasará a deliberar en sesión secreta y continua en la que únicamente deberán estar la totalidad de sus miembros estando vedado el ingreso a cualquier otra persona, bajo pena de nulidad.
El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y cada acusado, sobre las cuestiones siguientes:
a) ¿Está probado o no el hecho en que se sustenta la acusación?
b) ¿Es culpable o no es culpable el acusado?
El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de nueve votos.
El veredicto de no culpabilidad sólo requerirá el voto favorable al menos de siete de los miembros del jurado.
En caso de no alcanzarse ninguna de las mayorías mencionadas, se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces y de mantenerse la situación, se absolverá al acusado. La sesión terminará cuando se obtenga un veredicto.
13) Cuando se haya logrado el veredicto, el jurado será convocado de inmediato a la sala de la audiencia, a fin de que su presidente dé lectura a lo resuelto. De acuerdo al veredicto, se declarará en nombre del pueblo, culpable o no culpable al o a los imputados. Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los jurados.
14) Si el veredicto fuere de culpabilidad, inmediatamente después o de no ser posible, en un plazo de tres días, el juez escuchará a las partes, quienes podrán ofrecer prueba, con relación a los criterios, atenuantes y agravantes aplicables a efectos de la determinación de la pena y de su monto, y luego procederá fundadamente a individualizar la pena.
Si el veredicto fuere de no culpabilidad, será vinculante para el juez.
15) La sentencia se ajustará a las reglas de las normas procesales de la jurisdicción correspondiente, pero deberá contener en lugar de los fundamentos de la decisión sobre los hechos probados y la culpabilidad del imputado, la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso y del veredicto del jurado.
V.- PETITORIO:
Por todo lo expuesto, a V.S. pido:
1º.- Tenga por deducida la EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN por irregularidad en la integración del tribunal de juicio por la ausencia del jurado en el mismo. Arts. 1º, 24, 75 inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional; artículos del CPP (…)
2º.- Haga lugar a la misma y sírvase disponer LA CONFORMACIÓN DE UN JURADO para la resolución del presente caso y, en su defecto, la SUSPENSIÓN del proceso hasta tanto se dicte la ley que ponga en vigencia en la jurisdicción y en relación al presente caso concreto el juicio por jurados.
3º.- Tenga presente la formal reserva de casación (CUANDO CORRESPONDA). Planteada la cuestión federal téngase presente la reserva de recurso extraordinario ante la CSJN del punto III.
Provea V.S. de conformidad, que
SERÁ JUSTICIA
Al igual que el año pasado, aquí va nuestro recuerdo del descubrimiento europeo de América.
